Mientras un intendente pidió licencia para dedicarse de lleno a la Convención, el gobernador Maximiliano Pullaro sigue en funciones como mandatario y convencional a la vez. La decisión reabre el debate sobre la ética política y el respeto institucional.
La Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe avanza en su histórica misión de actualizar la carta magna provincial. Sin embargo, en paralelo al trabajo legislativo y político, se abre una discusión que expone grietas en la conducta institucional de sus protagonistas. En el centro de la polémica: el gobernador Maximiliano Pullaro, quien asumió como convencional reformador sin tomar licencia de su cargo ejecutivo.
El dato no es menor. Pullaro fue electo por el voto popular para integrar la Convención, y desde lo formal, tiene derecho a participar del proceso. Pero lo que se discute es el gesto político: mientras lidera la administración provincial con plenos poderes, también interviene en un debate constitucional que puede derivar en cambios que lo beneficien directamente.
La excepción: un intendente que sí pidió licencia
El único antecedente registrado de un dirigente que optó por la vía ética fue el intendente de Pérez, Pablo Corsalini. El dirigente del PJ y referente del espacio de Juan Monteverde anunció hace varias semanas que se tomaba licencia de su cargo mientras dure la Convención para dedicarse de lleno a la tarea reformadora. Fue reemplazado por el presidente del Concejo, Favio Schiaretti.
“Voy a hacer uso de mi licencia porque creo que es lo mejor para mi ciudad”, explicó Corsalini, quien considera que el proceso de reforma demanda un compromiso exclusivo por parte de los convencionales. La decisión fue personal, no partidaria, y responde al convencimiento de que el Ejecutivo requiere atención diaria, incompatible con una tarea legislativa de semejante magnitud.
El doble rol de Pullaro: ¿es legal pero legítimo?
Pullaro no sólo participará activamente en la Convención, sino que también lidera políticamente al bloque oficialista mayoritario. Es uno de los principales impulsores de reformas como la inclusión de la ley de Ficha Limpia y la limitación de mandatos legislativos, pero también será parte de las decisiones que podrían modificar su propia posibilidad de reelección o ampliar competencias del Poder Ejecutivo.
La situación abre interrogantes sobre el principio de división de poderes y el equilibrio institucional. Si bien el reglamento y la normativa provincial permiten su presencia, distintos sectores advierten que su doble rol erosiona la credibilidad del proceso reformista y debilita su legitimidad política.
Símbolos, gestos y tensiones
En esta batalla de gestos políticos, Unidos para Cambiar Santa Fe intentó marcar una diferencia desde el inicio al anunciar que sus convencionales renunciarían a la dieta correspondiente al cargo. Pero el gesto de Corsalini, con su decisión de apartarse del Ejecutivo, expuso un contraste más profundo: el que interpela a la coherencia institucional.
El debate también roza al gabinete provincial. Junto a Pullaro, otros tres ministros fueron electos como convencionales y podrían sumarse a la Convención sin dejar sus funciones. La superposición de roles ejecutivos y constituyentes plantea un dilema que no es jurídico, sino ético y político.
Una oportunidad que no admite dobleces
La reforma constitucional que se discute en Santa Fe es una oportunidad histórica. Después de más de seis décadas sin modificaciones, se abre una ventana de transformación institucional de gran alcance. Pero como todo momento constituyente, su legitimidad no se mide sólo por los artículos votados, sino también por el ejemplo que dan sus protagonistas.
Pullaro eligió mantener su cargo de gobernador mientras participa en la Convención. Está en su derecho. Pero la política, como suele decirse, no se trata sólo de lo legal, sino también de lo ejemplar. Y ahí es donde crecen las dudas.
