El Gobierno provincial aceleró la presión para que Diputados apruebe el paquete de reformas de seguridad y Virginia Coudannes reclamó a los legisladores que “escuchen lo que dice la gente”. La frase abrió una discusión mucho más amplia: durante las consultas legislativas, la Corte Suprema, la Defensa Pública, colegios de abogados, penalistas y organizaciones advirtieron sobre posibles afectaciones de garantías constitucionales y controles judiciales, aunque el MPA respaldó varias de las herramientas. Mientras la oposición tiene posiciones más definidas, el verdadero conflicto atraviesa a Unidos y coloca especialmente al Partido Socialista frente a una definición política compleja. Todo ocurre mientras persiste una pregunta que el Ejecutivo todavía debe explicar: si reivindica una caída del 63% de los homicidios y presenta su política de seguridad como uno de sus principales éxitos, ¿por qué considera indispensable avanzar ahora con reformas tan cuestionadas?
La ansiedad comenzó a sentirse en la Casa Gris. Después de cinco meses de discusión, postergaciones y negociaciones que no terminaron de cerrar las diferencias internas, el Gobierno de Maximiliano Pullaro decidió acelerar para que la Cámara de Diputados avance con su paquete de leyes de seguridad.
El primer momento decisivo llegará este jueves 29 de octubre. El oficialismo pretende avanzar en Diputados con parte de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo, aunque hasta las últimas horas continuaban las negociaciones internas sobre los cambios que tendrán algunos de los textos. El diputado José Corral aseguró este martes que dentro de Unidos existe consenso para que haya ley, aunque reconoció que habrá modificaciones sobre las propuestas originales.
Eso significa que Pullaro probablemente consiga avanzar con una reforma. La verdadera discusión es otra: cuánto de las leyes que envió originalmente llegará intacto al recinto. Y allí aparece el principal conflicto político. No está afuera de Unidos. Está adentro.
Coudannes pidió “escuchar a la gente” y abrió una discusión incómoda
La vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, decidió involucrarse directamente en la presión política sobre los legisladores. Pidió que los diputados coloquen por encima de las pertenencias partidarias “los intereses y la defensa de los santafesinos” y reclamó que, antes de votar, tengan una mirada que trascienda las fuerzas políticas y “escuchen lo que dice la gente”.
La frase parece difícil de cuestionar. Un legislador debería escuchar a la sociedad. El problema comienza cuando hay que definir exactamente a quiénes hay que escuchar. Porque los santafesinos tienen hoy preocupaciones bastante más amplias que la discusión legislativa sobre las facultades policiales. El empleo privado registrado viene retrocediendo: según los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino, Santa Fe perdió 9.800 puestos durante los primeros siete meses de 2026 y acumula 21.700 empleos privados registrados menos que en diciembre de 2023. A eso se agregan las preocupaciones por ingresos, tarifas, alquileres y actividad económica que forman parte de la vida cotidiana de miles de familias.
Pero incluso aceptando que Coudannes hablaba específicamente de seguridad, el pedido de “escuchar a la gente” tiene una consecuencia que el Gobierno no puede ignorar. Porque durante las últimas semanas Diputados hizo exactamente eso: escuchó. Y una parte considerable de quienes fueron convocados para hablar sobre las leyes presentó objeciones.
Si hay que escuchar, también hay que escuchar a quienes trabajan con las leyes
Por las comisiones de Seguridad Pública y Asuntos Constitucionales pasaron los siete integrantes de la Corte Suprema de Justicia santafesina, representantes del Ministerio Público de la Acusación, la Defensa Pública, colegios de abogados, especialistas en derecho penal, organizaciones de derechos humanos y asociaciones civiles. No existió una posición unánime. El Ministerio Público de la Acusación constituye una excepción importante dentro del cuadro general de cuestionamientos y defendió nuevas herramientas para la investigación criminal. Pero en buena parte de las restantes exposiciones aparecieron reparos sobre facultades policiales, atribuciones de los fiscales, controles judiciales y garantías constitucionales.
La Corte puso reparos sobre distintos aspectos del proyecto. Entre ellos, la posibilidad de tomar determinadas declaraciones sin la presencia obligatoria de un defensor y la creación de zonas especiales de intervención policial. Sobre este último instrumento, integrantes del máximo tribunal llegaron a establecer comparaciones con las facultades excepcionales propias de un estado de sitio.
La Asociación de Abogados Penalistas de Rosario también presentó una posición especialmente crítica. La entidad advirtió que la ampliación de facultades policiales y fiscales podría avanzar sobre garantías constitucionales y convencionales y cuestionó, entre otros puntos, los allanamientos sin autorización judicial en nuevos supuestos, los juicios en ausencia, las declaraciones policiales de personas sospechadas y determinadas medidas cautelares dispuestas por fiscales sin intervención judicial previa. También cuestionó las excepciones previstas para admitir pruebas obtenidas irregularmente y el denominado procedimiento por decreto penal. Para los penalistas, determinadas disposiciones pueden alterar la separación entre las funciones de investigar, acusar y juzgar.
Por eso el pedido oficial de “escuchar a la gente” tiene una derivación inevitable: si hay que escuchar, también habrá que escuchar a quienes conocen diariamente el funcionamiento del sistema penal.
La Justicia habló y Unidos ya sabe que deberá modificar el proyecto
Las consultas no fueron meramente protocolares. Después de escuchar las objeciones, dentro del propio oficialismo comenzó a consolidarse la decisión de modificar distintos artículos antes de llevarlos al recinto. Los cuestionamientos tuvieron un denominador común en varias exposiciones: los límites constitucionales, la división de poderes y el control judicial sobre determinadas atribuciones que el proyecto pretende entregar a policías y fiscales.
Eso no significa que todo el paquete haya sido rechazado. Existen herramientas que encontraron mayor consenso y el MPA acompañó aspectos importantes de la reforma. Tampoco todos los especialistas realizaron exactamente las mismas observaciones. Pero sí quedó claro que el texto original difícilmente pueda atravesar Diputados sin cambios.
Ese dato es políticamente relevante porque durante los últimos días el Gobierno aumentó la presión para conseguir la aprobación, mientras sectores de Unidos sostienen que la Legislatura no puede convertirse simplemente en una escribanía que levante la mano frente a cada iniciativa enviada por la Casa Gris. Las leyes ingresaron en mayo y durante meses no existió un acuerdo interno sobre cuáles podían aprobarse sin modificaciones, cuáles debían corregirse y cuáles eventualmente deberían eliminarse.
El problema, por lo tanto, nunca fue solamente la oposición.
La pregunta que Pullaro todavía tiene que responder
En medio de semejante urgencia aparece una contradicción política que merece ser discutida. El propio Gobierno sostiene que su política de seguridad funciona. Coudannes reivindicó una reducción del 63% de los homicidios y atribuyó ese resultado a las políticas aplicadas desde diciembre de 2023 y a las herramientas legales sancionadas durante los primeros meses de la administración Pullaro. Desde la Casa Gris repiten que Santa Fe dejó atrás los peores momentos de violencia y que Rosario experimentó una transformación significativa respecto de los niveles de homicidios registrados durante años anteriores. El descenso de los homicidios es un dato relevante y constituye uno de los principales activos políticos de la administración provincial.
Precisamente por eso aparece una pregunta inevitable: si las herramientas actuales permitieron alcanzar los resultados que el Gobierno exhibe como históricos, ¿por qué resulta indispensable modificar ahora límites y procedimientos que distintas instituciones consideran sensibles para las garantías constitucionales?
La respuesta de la Casa Gris es que el delito está “contenido, no quebrado” y que las nuevas herramientas permitirían consolidar lo conseguido y combatir organizaciones criminales más complejas. Es un argumento atendible, pero no clausura la discusión. Porque consolidar una política de seguridad que produjo resultados y modificar las reglas que delimitan el poder policial son dos discusiones diferentes. Y una mejora en los indicadores delictivos no elimina la obligación de analizar hasta dónde puede avanzar el Estado sin afectar derechos y garantías.
El Socialismo quedó frente al botón más incómodo de Unidos
En las últimas horas todas las miradas comenzaron a concentrarse sobre un actor: el Partido Socialista. No casualmente. Dentro de Unidos, el PS aparece como uno de los espacios que mayores reparos planteó al paquete original. Las diferencias se concentran justamente en las facultades policiales y fiscales, los mecanismos de control judicial y la compatibilidad constitucional de algunos artículos.
La situación coloca al socialismo frente a una decisión particularmente sensible. No solamente porque forma parte del Gobierno provincial, sino porque la defensa de las garantías institucionales, el sistema acusatorio y los controles sobre las fuerzas de seguridad forman parte de debates históricos en los que el partido construyó posiciones públicas durante sus años de gobierno. Ahora deberá decidir hasta dónde acompaña a Pullaro y dónde coloca sus límites.
Desde la Casa Gris conocen perfectamente esa situación. Por eso la presión comenzó a aumentar. El Gobierno responsabiliza principalmente al socialismo por las demoras y pretende que las modificaciones que se realicen no alteren los ejes centrales de la reforma. En otras palabras: Pullaro acepta negociar la letra, pero no quiere que sus socios cambien el espíritu. El PS tendrá que decidir si esa frontera le alcanza.
La estrategia para aumentar la presión
La presión no quedó limitada a declaraciones de la vocera. Martín Rosúa y José Corral se convirtieron en dos de los principales defensores legislativos del paquete. Felipe Michlig hizo lo propio desde el Senado y la semana pasada protagonizó una intervención particularmente fuerte reclamando que Diputados avance con las leyes.
Según la información incorporada al debate político, la intervención de Michlig no habría sido improvisada: fuentes de la Casa Gris la ubicaron dentro de una estrategia destinada a incrementar la presión sobre la Cámara baja. El mensaje parece tener dos destinatarios. Uno es la oposición. El otro, probablemente más importante, son los propios integrantes de Unidos.
Porque Pullaro posee mayoría política, conduce una coalición amplia y convirtió la seguridad en la principal bandera de su gestión. Que una reforma central de ese área quede frenada por diferencias internas tendría un costo político que el Gobierno pretende evitar. Por eso la ansiedad.
El riesgo de convertir una discusión institucional en una prueba de lealtad
El Gobierno tiene derecho a defender sus proyectos y utilizar su capital político para intentar aprobarlos. Los legisladores también tienen derecho —y obligación— de modificarlos si consideran que determinados artículos presentan problemas constitucionales o institucionales.
Allí aparece uno de los mayores riesgos de esta discusión: transformar el debate en una elección entre estar “a favor de la seguridad” o estar “en contra de la seguridad”. Las objeciones que aparecieron durante las consultas no plantean abandonar la persecución del delito ni quitar herramientas a la Justicia. Discuten cuáles deben ser los límites de esas herramientas y quién debe controlarlas.
La Asociación de Penalistas, por ejemplo, sostuvo que el ordenamiento vigente ya dispone de mecanismos para enfrentar varias de las situaciones contempladas por el Ejecutivo y reclamó mantener claramente separadas las funciones de acusar y juzgar. Los cuestionamientos de la Corte y la Defensa tampoco pueden reducirse a una disputa partidaria. Son instituciones centrales del sistema judicial.
Por eso exigir a los diputados que defiendan a los santafesinos no puede convertirse en una forma de sugerir que quien modifica una ley está desprotegiendo a la sociedad. También se protege a los ciudadanos cuando se preservan las garantías constitucionales.
Pullaro probablemente tendrá leyes, pero no necesariamente las que envió
Todo indica que esta semana será determinante. El Gobierno quiere aprobar las reformas antes de fin de año y en Unidos existe una expectativa concreta de conseguir avances este jueves. Corral aseguró que hay acuerdo sobre “lo grueso”, aunque admitió que habrá retoques.
Pero el dato político más importante quizá ya se produjo. Pullaro envió un paquete de leyes que pretendía ampliar considerablemente determinadas facultades de policías y fiscales. Cuando esas propuestas llegaron a la Legislatura y comenzaron a ser analizadas por jueces, defensores, abogados y especialistas, aparecieron cuestionamientos suficientes como para obligar al propio oficialismo a revisar parte de su contenido.
Eso no representa necesariamente una derrota del Gobierno. Puede representar simplemente el funcionamiento de la Legislatura. El interrogante pasa por saber si la Casa Gris lo entenderá de esa manera o continuará aumentando la presión para reducir al mínimo las modificaciones. Y, sobre todo, qué hará el socialismo.
Porque la oposición puede cuestionar o rechazar. Pero los votos que determinarán cuánto sobrevivirá del proyecto original están dentro de Unidos.
Coudannes pidió que los legisladores “escuchen lo que dice la gente”. Quizás deberían hacerlo. Pero escuchar supone aceptar que no todas las voces dicen lo mismo. Y entre quienes hablaron durante estas semanas estuvieron los integrantes de la Corte Suprema, defensores públicos, abogados, penalistas, organizaciones y especialistas que plantearon que combatir el delito no obliga a renunciar a los límites constitucionales.
La seguridad es una responsabilidad indelegable del Estado. Las garantías también. El verdadero desafío para Diputados será demostrar que Santa Fe no necesita sacrificar una para defender la otra.
