Los números fiscales comenzaron a convertirse en otro frente de preocupación para el Gobierno de Maximiliano Pullaro. Santa Fe terminó el primer semestre entre las provincias con mayor desequilibrio financiero del país y el dato contrasta con el discurso de administración ordenada que la Casa Gris construyó durante buena parte de la gestión. Mientras el Ejecutivo relativiza el rojo por la fuerte ejecución de obra pública y el desfasaje temporal entre el ingreso y la utilización de recursos, aparece otro dato que merece una lectura más profunda: los $110.000 millones recibidos de Nación para la Caja de Jubilaciones forman parte de una compensación realizada sobre un adelanto de coparticipación de $400.000 millones que Santa Fe deberá terminar de cancelar o compensar. Todo ocurre cuando el Gobierno termina de redactar un Presupuesto 2027 que será ejecutado en un año electoral y que deberá explicar cómo piensa sostener obra pública, gasto social y seguridad sin profundizar el deterioro fiscal.
Durante buena parte de sus primeros años, la administración de Maximiliano Pullaro convirtió el orden de las cuentas públicas en una de sus principales banderas. El ajuste inicial, la reducción de diferentes gastos y fundamentalmente la caída del salario real de los trabajadores estatales permitieron atravesar 2024 con un escenario fiscal favorable. Pero desde la segunda parte de 2025 la fotografía comenzó a cambiar y los números del primer semestre de 2026 encendieron una señal que ya no puede explicarse únicamente desde la comunicación oficial.
Un relevamiento de Politikon Chaco sobre 21 jurisdicciones determinó que 15 terminaron los primeros seis meses del año con superávit primario y seis con déficit. Santa Fe registró un déficit primario equivalente al 11,3% de sus ingresos y un resultado financiero negativo del 12,5%, el segundo peor entre las jurisdicciones relevadas, sólo detrás de Tierra del Fuego.
Otro relevamiento difundido a partir de información fiscal provincial también ubicó a Santa Fe con un resultado financiero negativo equivalente al 12,5% de sus recursos y señaló además un crecimiento real interanual del gasto del 9,7%. Más allá de las diferencias metodológicas entre los distintos análisis que circularon durante los últimos días, el dato central coincide: las cuentas santafesinas dejaron atrás la holgura de los primeros meses de la gestión y entraron en una etapa mucho más exigente.
El déficit que el Gobierno relativiza
La Casa Gris tiene una explicación para esos números y el ministro de Economía, Pablo Olivares, volvió a exponerla públicamente. Según el funcionario, no puede observarse el resultado del primer semestre sin considerar cuándo ingresaron determinados recursos y en qué momento fueron ejecutados. Parte de las inversiones realizadas durante 2026, explicó, se financió con fondos provenientes de un crédito internacional que había ingresado durante el ejercicio anterior.
La explicación técnica es atendible: ejecutar en un ejercicio recursos ingresados anteriormente puede deteriorar el resultado financiero de ese período sin significar necesariamente que todo ese gasto haya sido financiado con ingresos generados durante el mismo semestre. Pero tampoco elimina el problema. La Provincia está utilizando disponibilidades acumuladas previamente mientras sostiene un volumen importante de inversión y obra pública, y eso reduce progresivamente el colchón financiero disponible para los próximos años.
Ese es justamente el punto que comienza a preocupar. Santa Fe pudo sostener durante estos años un nivel de obra pública muy superior al de otras jurisdicciones en medio del retiro prácticamente total del Gobierno nacional de ese rubro. Una parte se financió con recursos propios, otra con disponibilidades existentes y otra mediante instrumentos de crédito. El desafío ya no pasa solamente por mostrar cuánto se construyó, sino por explicar cómo se financiará la continuidad de ese ritmo cuando aquellos recursos extraordinarios comiencen a agotarse.
La discusión, entonces, no debería reducirse a determinar si Santa Fe “está fundida” o si simplemente atraviesa un desfasaje contable. Ninguna de esas simplificaciones alcanza. El dato concreto es que el resultado fiscal se deterioró, que el gasto siguió creciendo y que la Provincia comenzó a utilizar recursos acumulados y herramientas financieras para sostener un nivel de inversión que difícilmente pueda analizarse sin mirar hacia adelante.
Los $110.000 millones de Nación: qué hay detrás del anuncio
En medio de esa discusión apareció una noticia presentada como un importante logro financiero de la Provincia: Santa Fe recibió $110.000 millones de Nación correspondientes a aportes de Anses a cuenta del déficit de la Caja de Jubilaciones de 2026.
El ingreso existe y representa efectivamente un reconocimiento favorable para Santa Fe. Pero la operación completa es bastante más compleja que el título.
Los $110.000 millones forman parte de un acuerdo instrumentado mediante el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, utilizado para compensar créditos y deudas entre ambas jurisdicciones. Y el mecanismo se construyó sobre un dato fundamental: Santa Fe había recibido previamente un adelanto de coparticipación nacional por $400.000 millones.
El propio Olivares lo explicó con claridad. La Provincia buscó que ese anticipo no tuviera que ser devuelto íntegramente como un adelanto tradicional, sino que pudiera utilizarse para descontar créditos que Santa Fe tenía contra Nación. De los $400.000 millones recibidos, este año devolverá $90.000 millones. Sobre los $310.000 millones restantes se aplican las compensaciones acordadas.
Dentro de esas acreencias aparecen los $110.000 millones de Anses por la Caja de Jubilaciones, $54.869 millones vinculados al Consenso Fiscal y $2.613 millones correspondientes a un acuerdo de obras públicas de vivienda. Del otro lado se computaron $24.740 millones de una obligación provincial vinculada con una antigua operatoria del Club de París. El resultado fue un crédito neto reconocido a favor de Santa Fe de $142.742 millones.
Por eso, presentar los $110.000 millones simplemente como dinero nuevo que Nación decidió enviar a Santa Fe cuenta sólo una parte de la historia. Hay un ingreso efectivo y hay un reconocimiento de acreencias provinciales, pero todo está inserto en una operación de compensación construida sobre un adelanto de coparticipación que la Provincia ya había recibido.
Hay plata ahora, pero también compromisos para 2027
La segunda parte de la operación es probablemente la que menos espacio ocupó en los títulos.
Después de devolver $90.000 millones durante este año y aplicar las compensaciones reconocidas, quedará un saldo de $167.258 millones correspondiente al adelanto de coparticipación. Ese monto podrá comenzar a pagarse en cuotas durante 2027, con una tasa mensual del 1,25%, o incorporarse a nuevas compensaciones si Santa Fe consigue que Nación reconozca otras acreencias.
Entre esas posibles acreencias aparecen los gastos provinciales por el alojamiento de presos federales y otros reclamos vinculados al déficit previsional.
Es decir: el acuerdo es financieramente favorable para Santa Fe y permite convertir acreencias en recursos concretos, pero también traslada hacia adelante una parte de las obligaciones derivadas del adelanto recibido este año.
Y ese “hacia adelante” tiene una fecha políticamente relevante: 2027.
Será el último año del actual período de gobierno de Pullaro, un año electoral y también el ejercicio en el que la Provincia deberá sostener buena parte de las obras iniciadas, afrontar gastos corrientes, financiar políticas sociales y de seguridad y administrar los compromisos financieros que se fueron acumulando.
Por eso la operación con Nación puede representar un alivio presente sin dejar de constituir una obligación futura. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo.
La deuda de la que el Gobierno habla poco
Existe además otro componente que necesariamente deberá aparecer en la discusión presupuestaria: el endeudamiento.
Pullaro decidió utilizar el crédito como herramienta para financiar infraestructura y acelerar proyectos que, según argumenta el Gobierno, resultan estratégicos para la provincia. Endeudarse para ejecutar obra pública no constituye por sí mismo un problema ni significa necesariamente un deterioro patrimonial: depende del monto, las condiciones financieras, la moneda, los plazos y fundamentalmente del destino de esos recursos.
Pero justamente por eso la discusión requiere transparencia.
Cuánto debe Santa Fe, en qué moneda, cuáles serán los vencimientos, qué proporción de los ingresos futuros deberá utilizarse para atenderlos y cuánto margen quedará para continuar sosteniendo obra pública son preguntas que ganarán importancia a medida que avance 2027.
Más todavía cuando una parte relevante de las inversiones realizadas durante 2026 fue financiada con recursos provenientes de créditos ingresados previamente, como reconoció el propio ministro Olivares al responder las críticas por el resultado fiscal.
La Provincia puede argumentar que está transformando deuda en infraestructura. La oposición puede cuestionar el crecimiento de las obligaciones financieras. Lo que no debería ocurrir es que esa discusión quede escondida detrás de la fotografía de cada inauguración.
El Presupuesto 2027 deberá mostrar las cartas
En ese contexto, el Presupuesto 2027 adquiere una importancia muy superior a la habitual.
La Casa Gris trabaja contrarreloj para enviarlo antes del 31 de octubre, nuevo plazo establecido por la Constitución reformada. Será además el último presupuesto que ejecutará íntegramente la actual gestión antes de las próximas elecciones provinciales.
Según trascendió desde el Ministerio de Economía, el proyecto prevé inicialmente un crecimiento de los recursos cercano al 30% respecto del presupuesto vigente y buscará presentar un resultado equilibrado. Las prioridades seguirán siendo seguridad, gasto social —salud, educación y asistencia alimentaria— y obra pública. Para las variables macroeconómicas se utilizarían las pautas nacionales: 18% de inflación anual, dólar a $1.847 y crecimiento económico del 3%.
Allí aparecerán inevitablemente varias preguntas.
¿Cuánto de la obra pública podrá sostenerse con recursos corrientes? ¿Cuánto dependerá de nuevos créditos? ¿Qué compromisos financieros vencerán durante el ejercicio? ¿Qué ocurrirá con los $167.258 millones pendientes del adelanto de coparticipación? ¿Qué proyección hará el Gobierno sobre los recursos nacionales? ¿Cuánto destinará a salarios después de varios años de fuerte tensión con los trabajadores públicos? ¿Y cuánto margen tendrá para aumentar el gasto en un año atravesado por la política electoral?
El Gobierno asegura que buscará equilibrio. Los números del primer semestre obligan a mirar con especial atención cómo piensa conseguirlo.
Una economía provincial que entra en otra etapa
Santa Fe no está frente a una situación que permita hablar responsablemente de insolvencia. Es una provincia con una estructura productiva poderosa, capacidad recaudatoria, acceso al crédito y activos financieros. Tampoco puede ignorarse que la caída de transferencias nacionales y el retiro de Nación de la obra pública alteraron las cuentas de todas las provincias. El conjunto de las jurisdicciones viene mostrando un deterioro fiscal respecto de los primeros meses de la administración Milei.
Pero reconocer ese contexto no obliga a minimizar lo que está ocurriendo.
Santa Fe tuvo en el primer semestre uno de los resultados fiscales más negativos entre las provincias relevadas. Está ejecutando inversiones con recursos que en algunos casos ingresaron en ejercicios anteriores. Utiliza endeudamiento para sostener infraestructura. Recibió un adelanto de coparticipación por $400.000 millones sobre el que ahora compensó acreencias, pero mantiene un saldo que deberá cancelar o volver a negociar desde 2027.
Son datos, no necesariamente una crisis.
Pero son también señales que justifican preguntas.
Durante los primeros años de gestión, Pullaro pudo construir una narrativa política apoyada en el orden fiscal, la recuperación de la obra pública y la capacidad de inversión provincial frente al retiro de Nación. Ahora comienza una segunda etapa: demostrar que aquel nivel de gasto e inversión puede sostenerse sin comprometer el equilibrio futuro.
El Presupuesto 2027 será probablemente el primer documento donde esa discusión aparezca completa.
Y allí ya no alcanzará con mostrar obras inauguradas, acuerdos con Nación o dinero que ingresa a las cuentas provinciales. También habrá que mostrar qué queda disponible, cuánto se debe, cuándo deberá pagarse y con qué recursos piensa hacerlo Santa Fe.
Porque detrás de la noticia favorable de los $110.000 millones, detrás del ritmo de obra pública y detrás de las explicaciones sobre el déficit aparece una pregunta cada vez más difícil de postergar:
¿con qué caja llegará Santa Fe al año electoral de 2027?
