El paquete de reformas que Maximiliano Pullaro y su ministro de Seguridad vienen presentando como una nueva etapa de la política criminal santafesina encontró un escenario mucho más complejo del esperado en la Legislatura. La Corte Suprema, la Defensa Pública, colegios de abogados, penalistas y organismos de derechos humanos plantearon reparos sobre facultades policiales, garantías constitucionales y controles judiciales. El MPA aparece como la principal excepción entre las voces institucionales consultadas. Las objeciones también penetraron dentro de Unidos y el oficialismo ya admite que modificará el proyecto antes de intentar llevarlo al recinto. Mientras desde el Senado Felipe Michlig reclama que Diputados acelere, en la Cámara baja parece imponerse otra lógica: las leyes podrán avanzar, pero difícilmente lo hagan exactamente como las envió Pullaro.
Maximiliano Pullaro quiere nuevas herramientas de seguridad y lo viene planteando desde hace meses. Su Gobierno envió a la Legislatura un ambicioso paquete que modifica aspectos del Código Procesal Penal, amplía atribuciones policiales y fiscales e incorpora nuevas herramientas de investigación que el Ejecutivo considera necesarias para profundizar la política criminal iniciada en diciembre de 2023. Pero una cosa fue presentar los proyectos y otra muy diferente conseguir que atraviesen la Cámara de Diputados sin modificaciones.
Las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales abrieron una extensa ronda de consultas por la que pasaron integrantes de la Corte Suprema, representantes del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa, colegios de abogados, especialistas en derecho penal, organismos de derechos humanos y organizaciones civiles. Entre buena parte de esas exposiciones apareció un denominador común: preocupación por la ampliación de facultades policiales y fiscales, la disminución de determinados controles judiciales y el posible impacto de algunos artículos sobre garantías constitucionales. La principal excepción fue el MPA, que defendió la incorporación de nuevas herramientas. Pero las objeciones fueron suficientes para modificar el escenario político: Unidos ya trabaja sobre cambios al texto original.
Una reforma que encontró resistencia donde debía buscar legitimidad
El problema para el Gobierno no es solamente político. También es institucional. Cuando el Ejecutivo pretende modificar las reglas mediante las cuales la Policía investiga, un fiscal acusa, un juez controla y un defensor garantiza los derechos de una persona sometida a un proceso penal, la opinión de quienes diariamente integran ese sistema adquiere un peso particular. Y fue precisamente allí donde comenzaron a aparecer algunas de las mayores dificultades para la iniciativa.
Los siete integrantes de la Corte Suprema santafesina formularon observaciones sobre distintos puntos. Entre ellas aparecieron cuestionamientos a la posibilidad de tomar determinadas declaraciones sin presencia obligatoria de un defensor, a la delegación de facultades hacia policías y fiscales y a las denominadas zonas de intervención policial especial. Sobre este último punto surgieron comparaciones con mecanismos propios de un estado de sitio por el carácter excepcional de algunas de las atribuciones contempladas. También hubo advertencias respecto de la posible tensión entre determinados artículos, la Constitución provincial y los estándares internacionales de derechos humanos.
No se trata de un cuestionamiento menor. Santa Fe abandonó hace años el viejo sistema inquisitivo para avanzar hacia un modelo acusatorio donde investigar, acusar, defender y juzgar constituyen funciones diferenciadas. Justamente sobre ese equilibrio aparecen varias de las observaciones que recibió la reforma.
La Defensa y los abogados también pusieron reparos
La Defensa Pública concentró buena parte de sus cuestionamientos en una cuestión elemental: nadie debería enfrentar determinados actos procesales sin comprender exactamente cuáles pueden ser sus consecuencias jurídicas. Uno de los puntos más discutidos es la posibilidad de que la Policía tome declaraciones en ciertas circunstancias sin que resulte indispensable la presencia de un abogado defensor. Para la Defensa, allí puede afectarse una garantía central del sistema acusatorio, porque la discusión no consiste solamente en determinar si una persona quiere o no tener abogado, sino quién garantiza que conozca las consecuencias de aquello que está diciendo y que lo haga sin presiones indebidas.
Esta semana llegaron nuevas voces y el escenario para el Gobierno no mejoró. Los colegios de abogados de Rosario y Santa Fe formularon objeciones a distintos artículos y plantearon preocupación por un eventual debilitamiento de los controles judiciales. También aparecieron reparos respecto de allanamientos sin orden judicial, medidas cautelares, atribuciones fiscales y el traslado hacia la Policía o el Ministerio Público de funciones que, según sostienen los sectores críticos, deberían permanecer bajo control de los jueces.
Una de las posiciones más contundentes llegó desde la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, que advirtió sobre una posible regresión en materia procesal y cuestionó particularmente la ampliación de atribuciones policiales, los juicios en ausencia, la utilización de pruebas obtenidas irregularmente, los allanamientos sin orden judicial y las nuevas facultades otorgadas a los fiscales. El planteo de fondo es que la búsqueda de mayor eficacia en materia de seguridad no puede conseguirse eliminando controles y garantías construidos precisamente para establecer límites al poder punitivo del Estado.
El rechazo de los organismos de derechos humanos y el peso del pasado
Los organismos de derechos humanos fueron todavía más duros. El Foro contra la Impunidad y por la Justicia y Tramas Derecho en Movimiento expresaron su rechazo al proyecto y cuestionaron especialmente la posibilidad de interrogatorios policiales durante períodos de detención sin presencia indispensable de un abogado. Para estas organizaciones, permitir semejante mecanismo representa un retroceso respecto de límites institucionales que la democracia argentina construyó después de la última dictadura.
También cuestionaron las denominadas zonas de intervención policial especial, donde podrían habilitarse facultades extraordinarias en determinados territorios definidos por su nivel de conflictividad. El temor expresado es que determinados barrios terminen sometidos a un régimen excepcional donde vivir o circular dentro de un territorio considerado conflictivo amplíe las posibilidades de intervención policial sobre cualquier ciudadano.
Las expresiones utilizadas durante las audiencias fueron fuertes: estado de sitio, estado policial, regresión procesal, retroceso democrático y vulneración de garantías. No significa que esas caracterizaciones hayan sido aceptadas como hechos por la Legislatura; corresponden a las evaluaciones realizadas por quienes expusieron contra la iniciativa. Pero su acumulación muestra el nivel de resistencia que encontró un paquete que el Ejecutivo pretendía convertir en una nueva pieza central de su política de seguridad.
Si la seguridad mejoró, ¿por qué Pullaro necesita estas leyes?
En medio de las audiencias comenzó a sobrevolar una contradicción política difícil de evitar. El Gobierno de Pullaro reivindica constantemente los resultados obtenidos en seguridad. La reducción de homicidios en Rosario y en el conjunto provincial constituye probablemente uno de los principales activos de la gestión y es utilizada por el propio oficialismo para sostener que las políticas implementadas desde diciembre de 2023 permitieron modificar el escenario que encontró al asumir.
Entonces aparece una pregunta que distintas voces comenzaron a poner sobre la mesa: si las herramientas utilizadas hasta ahora permitieron mejorar sustancialmente los indicadores más graves de violencia, ¿por qué resulta necesario avanzar con una reforma que amplía de manera significativa determinadas facultades policiales y fiscales?
La respuesta del oficialismo existe. El presidente de la Comisión de Seguridad, Martín Rosúa, sostiene que las modificaciones son necesarias precisamente para consolidar la reducción de homicidios y avanzar hacia una nueva etapa de la política de seguridad. Desde esa perspectiva, los resultados obtenidos no vuelven innecesarias las nuevas herramientas, sino que justifican profundizar el camino iniciado.
Los sectores críticos hacen la lectura inversa: si con el sistema actualmente vigente fue posible alcanzar los resultados que el Gobierno exhibe, cualquier modificación que afecte garantías o reduzca controles debería contar con una justificación especialmente sólida. Esa discusión todavía no parece haber sido saldada por el Ejecutivo.
Las diferencias ya están adentro de Unidos
Pero el problema para Pullaro no termina en la Corte, la Defensa, los colegios profesionales, los penalistas o los organismos de derechos humanos. Las objeciones también penetraron en su propia coalición. Después de las rondas de consultas, Unidos comenzó a trabajar sobre modificaciones y el oficialismo ya admite que el texto deberá sufrir cambios antes de conseguir dictamen.
Ese dato cambia sustancialmente la discusión. Ya no se debate si el proyecto original enviado por Pullaro debe aprobarse exactamente como llegó desde la Casa Gris. Ahora se discute cuánto habrá que modificarlo para conseguir los consensos necesarios.
Diputados presenta además una realidad política muy diferente a la del Senado. En la Cámara alta, Unidos controla 14 de las 19 bancas y puede imponer con relativa facilidad su mayoría cuando mantiene ordenado el bloque. En Diputados conviven sectores del radicalismo, el socialismo y las demás fuerzas que conforman la coalición, y no todos necesariamente tienen la misma mirada sobre cada herramienta penal o policial propuesta por el Ejecutivo.
Allí está hoy una de las mayores dificultades para la Casa Gris. La discusión dejó de enfrentar exclusivamente al Gobierno con la oposición o con sectores externos a la política. También se trasladó hacia el interior de Unidos, donde algunos legisladores entienden que determinados artículos necesitan modificaciones antes de ser acompañados.
Michlig presiona desde el Senado, pero Diputados eligió discutir
En ese escenario apareció Felipe Michlig. El presidente provisional del Senado utilizó la última sesión para reclamar públicamente que Diputados avance con los proyectos de seguridad que llevan meses esperando tratamiento. El mensaje tuvo además destinatarios dentro de Unidos y se produjo durante una jornada en la que el propio Michlig había cuestionado las ausencias de varios senadores, incluidos legisladores de la coalición oficialista.
La presión política existe y probablemente aumentará a medida que el Gobierno intente llevar las iniciativas al recinto. Sin embargo, Diputados viene transitando otro camino: escuchar a especialistas, recibir instituciones, discutir internamente y preparar modificaciones. No necesariamente porque la Cámara baja pretenda bloquear la agenda del gobernador, sino porque una parte de los propios legisladores oficialistas considera que las observaciones recibidas deben traducirse en cambios concretos.
Ese escenario explica por qué una iniciativa presentada por el Ejecutivo como necesaria para profundizar su política de seguridad lleva meses recorriendo comisiones y todavía no consiguió convertirse en ley. También explica la impaciencia que comienza a manifestarse desde otros sectores de Unidos.
Pullaro probablemente tendrá leyes, pero no exactamente las que mandó
El Gobierno conserva herramientas políticas suficientes para conseguir avances. Unidos tiene una representación parlamentaria importante y sería apresurado afirmar que el paquete está destinado al fracaso. Pero también parece cada vez más difícil que Pullaro consiga exactamente las leyes que originalmente envió a la Legislatura.
Las consultas produjeron efectos. La Corte hizo observaciones, la Defensa cuestionó, los colegios profesionales advirtieron, los penalistas rechazaron aspectos centrales, los organismos de derechos humanos hablaron de retrocesos democráticos y dentro del propio oficialismo comenzaron a escribirse modificaciones. La discusión, por lo tanto, ya cambió: no parece ser si hay que tocar el proyecto, sino cuánto habrá que tocarlo.
Ese será finalmente el debate que deberá resolver la Legislatura. Santa Fe atravesó durante años una crisis de violencia que dejó cifras dramáticas, particularmente en Rosario, y el Estado tiene la obligación de investigar delitos, perseguir organizaciones criminales y proteger a quienes viven en la provincia. Pero también tiene la obligación de hacerlo dentro de los límites constitucionales.
Seguridad y garantías no deberían presentarse como caminos opuestos. Una democracia necesita policías con herramientas, fiscales capaces de investigar y jueces que puedan actuar, pero también necesita defensores, controles judiciales y límites precisos al poder estatal.
Después de semanas de audiencias, ese es precisamente el mensaje que una parte importante del universo jurídico llevó hasta la Legislatura santafesina.
El paquete de Pullaro ingresó a Diputados como una nueva demostración de fortaleza de una política de seguridad que el Gobierno considera exitosa. Meses después, atraviesa las comisiones con observaciones de la Corte, cuestionamientos de la Defensa, fuertes críticas de penalistas y organismos de derechos humanos y diferencias dentro de la propia coalición oficialista.
Las presiones de la Casa Gris y del Senado continuarán. Las leyes todavía pueden avanzar. Pero hay algo que empieza a quedar claro: si finalmente llegan al recinto y consiguen aprobación, difícilmente sean las mismas que Pullaro mandó a la Legislatura.
Y cuanto más profundas sean las modificaciones, más evidente quedará que el paquete original no consiguió reunir el consenso institucional y político que el Gobierno esperaba.
