La propuesta salarial del Gobierno santafesino fue aprobada por ATE a nivel provincial pese al contundente rechazo registrado en Rosario. La seccional que conduce Lorena Almirón obtuvo un 95,2% de votos negativos y una amplia mayoría se pronunció por realizar un paro. La dirigente advirtió que existe desgaste, descreimiento y una participación cada vez menor entre los afiliados, cuestionó los tiempos impuestos para votar y afirmó que los paritarios provinciales “acceden a todo lo que plantea el Gobierno”. Además, definió el esquema ofrecido como una “triple estafa” por los bajos porcentajes, el achatamiento de las categorías y el perjuicio para jubilados y trabajadores de mayores ingresos.
La paritaria de la administración central santafesina dejó una fotografía sindical difícil de disimular.
Mientras ATE Rosario rechazó la propuesta salarial del Gobierno provincial con un contundente 95,2% de los votos, el resultado acumulado del resto de las seccionales terminó inclinando la decisión general hacia la aceptación.
El contraste volvió a mostrar las diferencias existentes dentro de la Asociación Trabajadores del Estado y el peso que tienen las estructuras territoriales alineadas con la conducción provincial.
En Rosario, además, el 74,8% de quienes rechazaron la oferta respaldó la realización de un paro provincial para reclamar salarios dignos y mejores condiciones laborales. Sin embargo, ese mandato no logró imponerse en el resultado final del gremio.
La secretaria general de ATE Rosario, Lorena Almirón, evitó cuestionar el mecanismo formal de votación, pero fue muy crítica respecto de las condiciones en que se desarrolló la consulta, el papel de los paritarios y la propuesta presentada por la gestión de Maximiliano Pullaro.
Rosario volvió a marcar una diferencia
ATE Rosario es una de las seccionales con mayor peso político, territorial y simbólico dentro del sindicalismo estatal santafesino. Su resultado fue prácticamente unánime. Más de nueve de cada diez trabajadores que participaron de la consulta se pronunciaron en contra de la oferta. No obstante, la decisión provincial terminó siendo favorable al acuerdo por el peso de las restantes seccionales.
Ese desenlace no resulta novedoso. En distintas negociaciones salariales, Rosario expresó posiciones más duras que las sostenidas por la conducción provincial. La diferencia responde a una tradición sindical más confrontativa, pero también al fuerte deterioro económico que denuncian los trabajadores de la región.
Almirón sostuvo que el Gobierno y los negociadores provinciales observan con especial atención lo que ocurre en Rosario. “Yo creo que el Gobierno y los paritarios tienen los ojos puestos en lo que pasa en Rosario. Ahí miden el termómetro de cómo está la situación”, expresó.
“La provincia está en llamas”
La dirigente describió un panorama social y salarial cada vez más complejo.
Según aseguró, el malestar no se limita a Rosario, sino que se extiende por toda la provincia, aunque no siempre encuentra expresión en las votaciones internas. “Yo creo que la provincia está en llamas en relación al malestar generalizado que hay por la situación salarial”, afirmó.
Almirón señaló que numerosos trabajadores estatales deben recurrir a actividades adicionales para completar sus ingresos. “Hoy los compañeros y compañeras tienen que salir a vender empanadas, pastelitos o pizzas para poder llegar a fin de mes. La mayoría tenemos dos o tres trabajos”, sostuvo.
También remarcó la situación de las mujeres que son sostén de hogar y dependen de un único salario estatal.
Para ATE Rosario, la discusión ya no pasa únicamente por recuperar algunos puntos frente a la inflación, sino por alcanzar ingresos que permitan sostener una vida digna.
La seccional toma como referencia un salario mínimo vital y móvil cercano a los $3.300.000, calculado por el Frente de Sindicatos Unidos a nivel nacional.
“Una triple estafa”
Almirón calificó la propuesta del Ejecutivo como una “triple estafa”.
La primera objeción está vinculada con los bajos porcentajes. Para la dirigente, el propio Gobierno reconoce implícitamente que el 10,1% resulta insuficiente, por eso desplaza el debate hacia las sumas mínimas garantizadas.
“Los porcentajes son bajos y no impactan fuertemente en los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras. Por eso el Gobierno corre el eje y empieza a hablar del mínimo garantizado”, explicó.
La segunda crítica se relaciona con el achatamiento de la carrera administrativa. ATE posee categorías que van de la 1 a la 9. Según la seccional Rosario, las sumas fijas reducen las diferencias entre quien recién ingresa y quien está próximo a jubilarse, debilitando el reconocimiento de la antigüedad, la responsabilidad y la trayectoria laboral.
La tercera objeción apunta al carácter de esos montos y a su impacto previsional.
Almirón sostuvo que las sumas no remunerativas no realizan aportes plenos a la obra social ni a la Caja de Jubilaciones y tampoco se trasladan en iguales condiciones a los pasivos. “Los jubilados y jubiladas van a recibir únicamente el 10,1%, porque esa suma fija o mínimo garantizado no la van a tener”, remarcó.
El desgaste también juega en las votaciones
La titular de ATE Rosario planteó que el resultado provincial no necesariamente refleja conformidad con la propuesta.
Según explicó, existe una creciente desesperanza entre los trabajadores, muchos de los cuales prefieren no participar porque consideran que las decisiones terminan repitiendo siempre el mismo esquema.
“Hay muchos que cuando llega la oferta paritaria deciden no participar o no votar por una cuestión de descreimiento, porque siempre es el mismo mecanismo”, afirmó.
Ese ausentismo termina favoreciendo a las estructuras sindicales que tienen mayor capacidad de movilización interna y que suelen mantener una línea política cercana a la conducción provincial.
La dirigente también cuestionó los plazos establecidos para consultar a las bases.
“No se puede decidir en 24 horas cuando está en juego el plato de comida que le voy a llevar a mi familia”, expresó.
Para Almirón, el poco tiempo disponible impide explicar adecuadamente el contenido de la propuesta y desarrollar una consulta verdaderamente amplia y democrática.
“Los paritarios acceden a todo lo que plantea el Gobierno”
Una de las afirmaciones más fuertes de la secretaria general estuvo dirigida hacia los representantes provinciales del gremio.
Almirón sostuvo que el Gobierno impone tiempos breves porque necesita cerrar rápidamente las negociaciones y que los paritarios sindicales aceptan esas condiciones.
“El Gobierno presiona para que definamos rápido porque les conviene a ellos y los paritarios acceden a todo lo que plantea el Gobierno”, aseguró.
La frase expone un cuestionamiento directo a la estrategia de negociación sostenida por la conducción provincial de ATE.
Rosario entiende que se firman acuerdos sin tiempo suficiente para el debate, con porcentajes insuficientes y con compromisos posteriores que no siempre garantizan mejoras generales.
Primero aceptar y después discutir
Otro de los puntos cuestionados fue la decisión de postergar algunas negociaciones sectoriales hasta después de aprobada la propuesta general.
Según contó Almirón, uno de los paritarios informó que el 5 de agosto se abriría una mesa técnica para discutir la recategorización de unos 10.000 enfermeros y enfermeras de toda la provincia.
La dirigente reconoció la importancia del reclamo de ese sector, pero advirtió que el mecanismo vuelve a dividir a los trabajadores.
Primero se acepta la pauta salarial general y después se habilita una mejora particular para una actividad determinada.
Para ATE Rosario, se trata de la lógica de la “sábana corta”: en una paritaria se beneficia a determinadas categorías y en la siguiente a otras, sin resolver el deterioro estructural del salario estatal.
“El Gobierno va dando migajas a distintos sectores cuando sabemos perfectamente que todos tendríamos que estar ganando alrededor de $3.000.000 para tener una vida digna”, afirmó.
Un acuerdo que favorece a algunos sectores
La recategorización de enfermeros y enfermeras podría representar una mejora significativa para miles de trabajadores de la salud.
De acuerdo con lo expresado durante las negociaciones, algunos salarios del sector podrían acercarse a los $3.000.000.
Almirón celebró que se discuta una reparación para un área compuesta mayoritariamente por mujeres, pero insistió en que ese ingreso debería ser la referencia general para el conjunto de la administración pública.
También recordó que en acuerdos anteriores se habían priorizado otras categorías, mientras las más bajas quedaban con incrementos menores o dependían principalmente de los mínimos garantizados.
Para la dirigente, esa fragmentación dificulta la construcción de una respuesta colectiva frente a la política salarial.
Las asignaciones familiares, fuera de la mesa
La negociación tampoco incluyó respuestas sobre las asignaciones familiares.
ATE Rosario viene denunciando que Santa Fe posee algunos de los montos más bajos del país.
Almirón señaló que la asignación por hijo ronda los $5.000, mientras provincias con estructuras económicas comparables pagan cifras considerablemente superiores.
Mencionó como ejemplos a Córdoba, con aproximadamente $28.000; Santiago del Estero, con $50.000; y Corrientes, donde algunos beneficios alcanzarían los $100.000.
Para la dirigente, la falta de actualización de estas prestaciones agrava la situación de las familias estatales, especialmente las encabezadas por mujeres.
Sin respuestas para jubilados y pases a planta
ATE Rosario también advirtió que los paritarios no obtuvieron precisiones sobre dos reclamos históricos. El primero es que los jubilados cobren las mejoras al mismo tiempo que los trabajadores activos. El segundo es el pase a planta permanente de trabajadores que continúan bajo modalidades precarias.
La seccional considera que ambos temas quedaron nuevamente desplazados por un acuerdo centrado en cerrar rápidamente la discusión salarial.
Una aceptación que no elimina el conflicto
La oferta fue aceptada a nivel provincial, pero el resultado de Rosario muestra que el conflicto está lejos de haber terminado. El 95,2% de rechazo y el amplio respaldo a un paro representan una señal política y sindical que el Gobierno no puede ignorar.
También dejan expuesta la distancia entre las conducciones provinciales y una parte importante de sus afiliados.
Mientras los dirigentes generales presentan el acuerdo como un mecanismo para sostener los ingresos de las categorías más bajas, desde Rosario denuncian una propuesta que achata la carrera, perjudica a los jubilados y consolida sumas que no forman parte plenamente del salario.
La aceptación formal puede permitirle al Gobierno cerrar otro capítulo paritario. Pero no alcanza para ocultar el desgaste existente entre trabajadores que acumulan empleos, reducen consumos y observan con desconfianza negociaciones resueltas en tiempos cada vez más breves.
ATE Rosario volvió a decir que no. El resto de la provincia inclinó la balanza hacia la aceptación. Y esa diferencia anticipa que las tensiones internas y el malestar salarial continuarán presentes mucho después de la firma del acuerdo.
