El ministro del área se presentó ante la comisión de Seguimiento de diputados y senadores provinciales. Afirmó que se ejecutó 99,4% de los casi 3.400 millones de pesos presupuestados.
El ministro de Seguridad provincial, Rubén Rimoldi, compareció este martes en la Legislatura para rendir cuentas sobre el destino aplicado a los casi 3.400 millones de pesos que Santa Fe dispuso en el marco de la Ley de Emergencia, la nº 14.070. De acuerdo con lo presentado, el 89% de esos fondos se asignaron a la compra de bienes de uso de la tropa policial. Pero lo esencial fue la afirmación de que los recursos disponibles no fueron sub ejecutados, tal como suele fustigar la oposición.
Según el director de Administración Financiera, Gustavo Bode, el Ministerio ejecutó el 99,45% de los $3.388.328.500 asignados al fondo de emergencia durante el año pasado.
Rimoldi se presentó en la comisión bicameral de Seguimiento junto a su secretario de Asuntos Penitenciarios, Walter Gálvez, y el director Bode. Este funcionario es quien reemplazó a la contadora Ana Morel, polémica directora que protagonizó un áspero entredicho en octubre del año pasado con legisladores. La situación detonó su dimisión al cargo.
La comisión de Seguimiento de la Emergencia en Seguridad la integran los diputados Juan Cruz Cándido (UCR, Lionella Cattalini (PS) y María Ximena Sola (JxC); y los senadores Miguel Rabbia y Armando Traferri (PJ), y Lisandro Enrico (UCR).
La Ley 14.070 se promulgó en enero de 2022 y compuso una cifra de $3.388.328.500, integrada por 3 mil millones de Rentas Generales del Tesoro provincial, y el resto por la mitad de la recaudación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.
El detalle informado por el ministro marcó que $2.737 millones se invirtieron en Policía (81%). El 9% fue destinado a la adquisición de sistemas de video vigilancia a través de 141 convenios celebrados con municipios y comunas por un total de $300 millones; mientras que el 10% restante de $332,8 millones fue destinado al Servicio Penitenciario, al Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (IAPIP) y al Instituto de Seguridad Pública (ISEP).
En el detalle figura la compra de 288 camionetas para patrullaje, 410 equipos antidisturbios, amoblamiento para dependencias policiales. Asimismo, insumos para el IAPIP como maquinarias de panadería, fábrica de pastas, sastrería y equipamiento en general para las actividades de reinserción de detenidos.
Por otra parte, se enumeró la compra de equipos informáticos y demás insumos para equipar el ISEP.
La reparación de vehículos policiales y penitenciarios insumió un gasto de 57,35 millones de pesos. Y $7,34 millones se usaron en reparaciones edilicias.
