La Legislatura de Santa Fe le otorgó al Gobierno de Maximiliano Pullaro una nueva herramienta para combatir el robo y la comercialización ilegal de teléfonos celulares. El Senado dio sanción definitiva a una normativa que permite a la Policía exigir el código IMEI de los dispositivos durante controles en la vía pública, incluso sin sospecha previa ni autorización judicial. Aunque Diputados introdujo modificaciones para limitar posibles abusos, la ley abre un debate sobre las facultades del Poder Ejecutivo, el derecho a la privacidad y los controles sobre la información de ciudadanos que no cometieron delitos. La votación fue unánime en la Cámara alta, después de que el peronismo modificara su postura inicial.
Mientras buena parte de la atención política y mediática estaba concentrada en el intenso debate que se desarrollaba en la Cámara de Diputados por el paquete de Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, el Senado santafesino convirtió en ley otra iniciativa impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro que amplía las atribuciones de la Policía provincial. La nueva normativa habilita a los efectivos policiales a solicitar el código IMEI de teléfonos celulares y otros dispositivos tecnológicos durante controles en la vía pública, sin necesidad de contar con una orden judicial, una investigación penal en curso o una sospecha previa sobre la persona que lleva el aparato.
La medida forma parte de la creación del Sistema Provincial de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos, una herramienta que busca mejorar la trazabilidad de los equipos, identificar dispositivos denunciados como robados y combatir los circuitos ilegales de comercialización. Sin embargo, más allá del objetivo declarado por el Ejecutivo, la sanción incorpora una nueva discusión sobre los límites de la intervención policial y el alcance de las facultades estatales sobre personas que no están involucradas en actividades delictivas. La particularidad es que, a diferencia de las reformas de seguridad que todavía estaban siendo discutidas en Diputados, esta iniciativa completó su recorrido parlamentario y obtuvo sanción definitiva.
Una nueva facultad para la Policía que depende del Poder Ejecutivo
La ley introduce un cambio concreto en la relación entre los ciudadanos y las fuerzas de seguridad. Hasta ahora, la verificación de un dispositivo en el marco de una investigación penal estaba asociada a circunstancias específicas. Con la nueva normativa, la Policía podrá solicitar la exhibición del IMEI durante controles preventivos ordinarios, incluso cuando no existan indicios de que el teléfono tenga un origen ilícito. El IMEI, sigla en inglés de International Mobile Equipment Identity, es un identificador de 15 dígitos que permite individualizar un equipo móvil. Generalmente puede visualizarse marcando *#06# en el teclado de llamadas y también suele encontrarse en la caja original del dispositivo.
La nueva facultad será ejercida por la Policía de Santa Fe, cuya conducción y organización operativa dependen del Poder Ejecutivo provincial. Por lo tanto, será el Gobierno el encargado de establecer las directivas y los procedimientos administrativos para la implementación de los controles, dentro de los límites fijados por la ley. Esta característica es uno de los puntos que merece especial atención: el requerimiento inicial del IMEI no necesitará autorización de un juez, aunque determinadas actuaciones posteriores estarán sujetas a intervención fiscal y control judicial. En términos prácticos, un ciudadano que camine por Rosario, Santa Fe o cualquier otra localidad de la provincia podrá ser requerido por un efectivo policial para exhibir el identificador de su teléfono, aun cuando no haya cometido una infracción ni exista una investigación en su contra.
La normativa pretende establecer un mecanismo de identificación comparable, en determinados aspectos, con la verificación de datos registrales de vehículos. Sin embargo, los teléfonos celulares presentan particularidades relacionadas con la privacidad, el acceso a información personal y su utilización cotidiana para trabajar, estudiar y comunicarse.
Qué puede pedir la Policía y qué límites introdujo Diputados
Uno de los aspectos más relevantes del tratamiento parlamentario fue la modificación del texto original enviado por el Poder Ejecutivo. En su primera versión, la iniciativa había generado cuestionamientos por el alcance de las facultades policiales y la posibilidad de que los procedimientos derivaran en situaciones abusivas. La Cámara de Diputados introdujo modificaciones destinadas a establecer límites y garantías adicionales. Entre ellas, quedó expresamente contemplado que los efectivos no podrán exigir la apertura del contenido del teléfono si su poseedor se opone. Esto establece una distinción fundamental entre solicitar el código IMEI de un dispositivo y acceder a la información privada que contiene.
El IMEI identifica al aparato, pero no equivale por sí mismo al acceso a conversaciones, fotografías, contactos, mensajes o archivos personales. La facultad de requerir ese código no constituye una autorización general para revisar el contenido del teléfono. Sin embargo, la normativa contempla la posibilidad de secuestrar el dispositivo cuando se configuren las condiciones legales correspondientes, incluso frente a la negativa de su poseedor a permitir determinadas verificaciones, según el alcance que resulte del texto aprobado y su reglamentación. Este último aspecto aparece entre los más sensibles, porque será necesario establecer con precisión qué procedimiento deberá seguir el personal policial, cómo se documentará la actuación y qué mecanismos tendrá el ciudadano para cuestionar una eventual medida. La reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo será determinante para conocer cómo se implementarán los controles en la práctica, aunque no podrá ampliar las facultades policiales más allá de lo autorizado por la ley.
Qué ocurre si el IMEI figura como robado o presenta irregularidades
La nueva herramienta no se limita a solicitar la exhibición de un número. Su finalidad es permitir que las fuerzas de seguridad contrasten la identificación del dispositivo con registros oficiales para verificar su situación. La consulta puede realizarse a través de bases de información como la del Ente Nacional de Comunicaciones, donde se registran identificadores asociados a equipos denunciados o bloqueados. Cuando la verificación arroje irregularidades, la normativa contempla la posibilidad de efectuar una requisa personal y proceder al secuestro del dispositivo, con comunicación inmediata al Ministerio Público de la Acusación.
El objetivo es identificar equipos sustraídos y evitar que continúen circulando dentro de los mercados ilegales de compraventa. Sin embargo, también surge un interrogante sobre la situación de quienes adquirieron teléfonos usados de buena fe y desconocen posibles irregularidades en su origen o identificación. La aparición de un IMEI observado o bloqueado puede justificar una actuación policial, pero no demuestra por sí sola que la persona que posee el aparato haya participado en su robo o comercialización ilegal. Por esa razón, la implementación deberá distinguir entre la situación registral del dispositivo y la eventual responsabilidad penal de su poseedor.
La preocupación por la privacidad y el destino de la información
Uno de los principales cuestionamientos que surgieron alrededor de la iniciativa está relacionado con el alcance de los controles preventivos y el tratamiento de la información obtenida. La Policía podrá solicitar el identificador de un teléfono sin que exista una sospecha previa sobre su propietario. Esto significa que la medida también podrá alcanzar a personas que no cometieron delitos y que simplemente se encuentren transitando por la vía pública. En ese escenario, la discusión no se limita a determinar si un IMEI puede exhibirse fácilmente, sino a establecer qué información podrá consultar el Estado, si los datos de los controles serán registrados, durante cuánto tiempo podrían conservarse y quiénes estarán autorizados a utilizarlos.
El código IMEI no permite, por sí solo, leer conversaciones ni conocer el contenido de un dispositivo. Sin embargo, es un identificador único que puede relacionarse con otros registros y, dependiendo de los sistemas utilizados, contribuir a individualizar equipos y asociarlos con determinadas actuaciones. Por lo tanto, la preocupación sobre el tratamiento de datos no debería confundirse con una afirmación de que la ley habilita automáticamente el acceso irrestricto a la información privada de los ciudadanos. El punto que merece control es si la implementación establecerá mecanismos suficientes para evitar registros innecesarios, consultas indebidas o usos de información ajenos a la finalidad de combatir el robo y la comercialización ilegal de dispositivos.
También será importante conocer qué medidas de seguridad informática, trazabilidad de consultas y supervisión institucional se establecerán para los sistemas utilizados por la Policía. La norma incorpora una facultad de identificación preventiva, pero el modo en que esa información será administrada puede resultar tan importante como el control policial en sí mismo.
Geolocalización y allanamientos: otra de las modificaciones relevantes
La ley también introduce herramientas destinadas a facilitar la recuperación de teléfonos robados mediante sistemas de geolocalización. La normativa incorpora determinados supuestos vinculados con el rastreo de dispositivos sustraídos dentro de las situaciones que habilitan una intervención policial inmediata. El ejemplo utilizado durante el debate fue el de una persona que sufre el robo de su celular y logra identificar su ubicación mediante una aplicación de rastreo. En esas circunstancias, la Policía podría actuar rápidamente para intentar recuperar el equipo, incluso mediante el ingreso a determinados inmuebles sin orden judicial previa cuando se configuren los requisitos legales previstos. La intención es evitar que las demoras permitan el traslado, ocultamiento o desaparición del dispositivo.
Sin embargo, la posibilidad de utilizar información de geolocalización para justificar una intervención inmediata plantea interrogantes jurídicos. La ubicación indicada por una aplicación no necesariamente identifica con precisión a una persona responsable del robo ni determina, por sí sola, las condiciones de legalidad de un ingreso domiciliario. Por eso, será fundamental establecer cómo se verifica la información, qué circunstancias permiten considerar configurada la flagrancia y qué controles judiciales corresponden después de la intervención. La herramienta puede resultar útil para recuperar dispositivos sustraídos, pero su aplicación deberá respetar las garantías constitucionales relacionadas con la inviolabilidad del domicilio.
El mercado ilegal de celulares y los números que expuso Seisas
Durante el tratamiento en el Senado, el legislador oficialista por Rosario, Ciro Seisas, defendió la necesidad de incorporar nuevas herramientas para combatir el robo de teléfonos celulares. Según los datos que expuso, en la provincia se denuncian aproximadamente 200 teléfonos robados por día y apenas el 5% logra recuperarse. El senador también advirtió que esas cifras no contemplan los robos y hurtos que nunca llegan a denunciarse, por lo que el problema podría tener una dimensión mayor. Desde esa perspectiva, sostuvo que el Estado necesita mejorar sus mecanismos de identificación, rastreo y recuperación de dispositivos.
Seisas destacó especialmente las posibilidades que abre la geolocalización para actuar cuando se conoce la ubicación de un celular sustraído. Durante su intervención utilizó la expresión “allanamiento automático” para describir la posibilidad de una actuación inmediata sin orden judicial previa en los supuestos previstos. La expresión refleja el alcance que el oficialismo atribuye a la herramienta, aunque jurídicamente cualquier ingreso domiciliario deberá encuadrarse en las excepciones legales correspondientes. La normativa también contempla mecanismos de control sobre establecimientos dedicados a la venta y reparación de dispositivos usados, con el objetivo de desalentar la comercialización de equipos robados o con identificadores adulterados. De esta manera, el Gobierno pretende intervenir no solamente sobre los robos en la vía pública, sino también sobre los circuitos comerciales que permiten colocar esos dispositivos en el mercado.
El peronismo cambió su postura y el Senado terminó votando por unanimidad
El recorrido parlamentario de la iniciativa también dejó un dato político relevante. En septiembre, cuando el Senado trató por primera vez el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo, el peronismo había manifestado su rechazo a las disposiciones vinculadas con los controles de teléfonos celulares. Los senadores justicialistas, encabezados por Rubén Pirola, acompañaron en aquella oportunidad el tratamiento sobre tablas, pero posteriormente votaron en contra del texto. Uno de los argumentos centrales fue la rapidez con la que el oficialismo impulsó la discusión y el escaso margen disponible para realizar aportes y modificaciones.
Sin embargo, el proyecto continuó su recorrido en la Cámara de Diputados, donde se introdujeron cambios destinados a limitar algunas de las facultades policiales originalmente contempladas. La media sanción con modificaciones de Diputados contó con los votos de Unidos para Cambiar Santa Fe y de los bloques identificados como celestes. Cuando la iniciativa regresó al Senado, el escenario político había cambiado. El senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, explicó en representación del justicialismo que su bancada compartía las modificaciones realizadas por Diputados y que, por ese motivo, había decidido modificar su posición.
De esta manera, el Senado aprobó el texto por unanimidad, tanto en general como en particular, y convirtió la iniciativa en ley. La votación dejó una diferencia importante respecto de la discusión del paquete general de seguridad: mientras en Diputados persistían fuertes cuestionamientos sobre otras herramientas impulsadas por Pullaro, la normativa de control de dispositivos tecnológicos consiguió el acompañamiento de todos los sectores de la Cámara alta.
Motta y Michlig defendieron la incorporación de nuevas herramientas
El senador radical por el departamento San Martín, Esteban Motta, celebró la sanción de la norma y destacó las políticas de seguridad desarrolladas por el Gobierno provincial, especialmente las medidas orientadas a mejorar la situación de Rosario. El legislador consideró necesario continuar incorporando herramientas para las fuerzas de seguridad y la Justicia, y expresó su expectativa de que también avanzaran otras iniciativas pendientes. Entre ellas mencionó el paquete de Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública y el proyecto de Prevención de los Femicidios, que ya había obtenido media sanción del Senado.
Por su parte, el presidente provisional de la Cámara alta, Felipe Michlig, destacó la rapidez con la que el Senado viene abordando las iniciativas relacionadas con la seguridad pública. Al mismo tiempo, manifestó preocupación por la demora en Diputados del proyecto sobre violencia de género que había sido aprobado por el Senado el 22 de octubre. Michlig señaló que habían transcurrido quince días sin que esa iniciativa recibiera tratamiento y vinculó su preocupación con los índices de femicidios registrados en la provincia. Las intervenciones reflejaron el interés del oficialismo en presentar la sanción de la ley como parte de una agenda más amplia de fortalecimiento de la seguridad y de las herramientas de intervención estatal.
Una ley aprobada y una discusión que recién comienza
La sanción definitiva de la normativa sobre dispositivos tecnológicos deja al Gobierno de Maximiliano Pullaro con una nueva herramienta legal para intervenir sobre el robo y la comercialización ilegal de teléfonos celulares. El Ejecutivo tendrá la responsabilidad de reglamentar su aplicación y establecer los procedimientos que deberán seguir las fuerzas de seguridad, mientras que la Justicia y el Ministerio Público de la Acusación intervendrán en los supuestos que correspondan. La distinción institucional resulta fundamental: la Policía depende del Poder Ejecutivo, pero sus actuaciones deben mantenerse dentro de los límites legales y constitucionales y están sujetas a los controles judiciales previstos.
El objetivo de combatir un mercado ilegal que afecta diariamente a numerosos ciudadanos cuenta con fundamentos concretos. El robo de teléfonos no solamente representa una pérdida económica, sino que en muchos casos está asociado a hechos violentos y a circuitos de comercialización clandestina. Sin embargo, la eficacia de una herramienta de seguridad no debería medirse únicamente por la cantidad de controles realizados o dispositivos secuestrados. También deberá evaluarse cuántos equipos robados se recuperan, si disminuyen los delitos vinculados con su comercialización y cuántos procedimientos generan controversias por posibles irregularidades.
En paralelo, será necesario conocer cómo se protegerán los datos obtenidos durante las verificaciones, qué mecanismos existirán para prevenir abusos y cuáles serán los derechos efectivos de las personas sometidas a estos controles. El interrogante central es si una facultad policial que puede ejercerse sobre cualquier ciudadano, aun sin sospecha de delito, permitirá mejorar la seguridad sin transformarse en una herramienta de intervención desproporcionada sobre personas inocentes.
El debate legislativo incorporó límites que no estaban presentes en la propuesta original y consiguió finalmente el respaldo unánime del Senado. Pero la unanimidad parlamentaria no reemplaza la necesidad de controles efectivos ni garantiza por sí misma que la implementación esté libre de problemas. Mientras la discusión pública se concentraba en las reformas de seguridad que atravesaban la Cámara de Diputados, el Senado convirtió en ley una disposición que tendrá consecuencias directas en los controles policiales cotidianos.
A partir de ahora, el desafío del Gobierno provincial no será solamente demostrar que la Policía puede identificar teléfonos robados con mayor rapidez, sino garantizar que esa facultad no se convierta en una puerta de entrada a controles arbitrarios, secuestros injustificados o utilización indebida de información personal. Porque la seguridad de los santafesinos también depende de que las herramientas utilizadas para combatir el delito respeten los derechos de quienes cumplen la ley.
