El Diputado Provincial Fabian «Palo» Oliver impulsará un juicio político contra Daniel Erbetta y otros dos miembros del Tribunal Electoral por desconocer la jurisprudencia respecto a la disputa del escaño en la cámara de Diputados suscitada en las pasadas elecciones, cuando el máximo tribunal estableció que la última banca de las 22 que se repartían entre las minorías era para Rubén Giustiniani.
El fallo de la Corte fue luego rechazado por la Cámara Baja provincial, la cual determinó que el decreto que fija un piso electoral del 3% para acceder a una banca en la Legislatura permanece vigente desde 1983 y ha sido ratificado por la Corte Suprema en múltiples ocasiones, por lo que Oliver debía asumir en lugar del representante de Igualdad y Participación.
Según sostiene Oliver, el juicio político contra Erbetta radica en que el Tribunal Electoral, bajo su presidencia, desconoció esta jurisprudencia, un hecho problemático para la institucionalidad de la provincia.
«Lo de Erbetta, el año pasado, fue grave porque y siempre lo hemos dicho, no por una cuestión que nos afectaba en términos personales, sino por lo institucional. Él, como presidente de la Corte, desconoció toda esa jurisprudencia y no es un tema menor. Si bien hay antecedentes de que se puede cambiar la jurisprudencia, tiene que haber motivos absolutamente valederos y justificables, y este no es el caso. Inclusive, lo más importante es que el decreto de convocatoria de elecciones que firma el gobernador en ejercicio, la primera norma que menciona para ser aplicable en el proceso electoral es la ley 9280 justamente. Entonces, Erbetta no solo desconoció la jurisprudencia, sino que desconoció el propio decreto del gobernador”, indicó Oliver en declaraciones a los radiales.
Por otro lado, entre los argumentos que fundamentarían la presentación contra el magistrado de la Suprema Corte, se destaca la atribución que Erbetta tomó durante su mandato como titular del Tribunal Electoral de Santa Fe, al firmar la resolución que habilitó a adolescentes de 16 y 17 años a participar en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 16 de julio y en las generales del 10 de septiembre. En principio, la decisión fue respaldada por el Tribunal Electoral, que rechazó los recursos presentados por partidos políticos como PAIS y el Frente Primero Santa Fe, quienes exigían revocar la inclusión de estos jóvenes en el padrón electoral.
La medida adoptada por Erbetta no estuvo exenta de críticas. Según la Constitución provincial, los jóvenes de 16 años no tienen derecho a votar, lo que suscitó cuestionamientos sobre la legitimidad de la resolución. «Esta decisión debería haber sido resultado de una reforma constitucional o de una ley del parlamento», sostuvieron los opositores a la medida, que denunciaron que el juez había actuado de manera unilateral.
