Después de semanas de debate político, cuestionamientos de organizaciones sociales, reparos de la Iglesia Católica y fuertes críticas de organismos de derechos humanos, la Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este jueves el dictamen impulsado por el oficialismo de Unidos para Cambiar Santa Fe para regular y sancionar la actividad de cuidacoches y limpiavidrios en la provincia.
La iniciativa obtuvo apenas 25 votos afirmativos, suficientes para imponerse en una votación que mostró un escenario poco habitual: toda la oposición, desde el peronismo hasta sectores libertarios, de derecha y de izquierda, terminó votando en contra del proyecto oficialista.
Debido a las modificaciones introducidas por Diputados respecto del texto que había obtenido media sanción en el Senado, el expediente deberá regresar a la Cámara Alta para una nueva revisión.
La votación dejó además otra particularidad política. Al momento de tratarse uno de los proyectos más controvertidos del año, varios legisladores no se encontraban en sus bancas. Entre ellos figuraban Emiliano Peralta, Alejandra Rodenas, Dionisio Scarpin, Sofía Galnares y Ximena García (Ausente por maternidad).
Un proyecto que dividió a la Legislatura
La propuesta original había sido impulsada por el senador provincial Ciro Seisas y establecía una prohibición más amplia para la actividad de los denominados trapitos.
Sin embargo, durante su paso por Diputados el texto sufrió modificaciones sustanciales impulsadas por el bloque oficialista de Unidos.
La diputada Lionella Cattalini defendió los cambios argumentando que fueron producto de conversaciones con municipios, intendentes y distintos actores institucionales, con el objetivo de construir una norma que pudiera aplicarse efectivamente en cada localidad.
Pero los cambios no lograron generar consenso.
Por el contrario, terminaron consolidando un amplio frente opositor que incluyó a legisladores peronistas, libertarios, representantes de Inspirar, Vida y Familia y otros espacios políticos.
Iglesia y organismos de derechos humanos también cuestionaron la iniciativa
Antes de la votación, representantes de la Pastoral Social de las Arquidiócesis de Santa Fe y Rosario expusieron ante los legisladores para advertir sobre la necesidad de que cualquier regulación contemple políticas de inclusión y acompañamiento para personas que encuentran en esa actividad una fuente de subsistencia.
En la misma línea se pronunciaron organizaciones nucleadas en el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia, que cuestionaron el carácter sancionatorio del proyecto y advirtieron sobre posibles situaciones de criminalización de la pobreza.
A pesar de esos planteos, el oficialismo decidió avanzar con la aprobación del dictamen de mayoría.
Los principales cambios incorporados por Diputados
Uno de los aspectos centrales de la nueva redacción es que ya no sanciona automáticamente la actividad de cuidacoches o limpiavidrios.
La aplicación de las sanciones queda condicionada a que la actividad se desarrolle sin autorización de la autoridad competente y en lugares donde exista una prohibición establecida por normativa local.
Entre los puntos principales del proyecto aprobado se destacan:
Incorporación del artículo 66 bis al Código de Convivencia
Se crea una nueva figura contravencional para sancionar a quienes exijan o soliciten de manera intimidatoria una retribución económica por el estacionamiento, cuidado, vigilancia, lavado o limpieza de vehículos en espacios públicos.
Prohibición de concurrencia
La sanción principal prevista será la prohibición de concurrir a determinados lugares por un plazo de hasta 60 días.
Ese período podrá extenderse entre 60 y 120 días cuando:
- La actividad se realice en zonas de estacionamiento medido.
- Se desarrolle durante eventos masivos.
- Exista aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad vinculadas al género, la edad o la discapacidad.
Trabajo comunitario
La norma habilita la posibilidad de reemplazar las sanciones por tareas comunitarias cuando exista acuerdo entre las partes o así lo determine la autoridad judicial.
Sanciones para organizadores
Se incorpora una figura específica para quienes organicen, coordinen o promuevan estas actividades.
En esos casos se prevé:
- Arresto de hasta 10 días.
- Prohibición de concurrencia al lugar de los hechos por hasta 240 días.
Más poder para municipios e intendentes
Otro de los cambios centrales del proyecto aprobado por Diputados es el rol que tendrán los gobiernos locales.
La acción pública contravencional quedará exclusivamente en manos de cada municipio.
Además, las autoridades locales podrán requerir intervención policial para hacer cesar la actividad y desplazar a quienes incumplan las disposiciones vigentes.
Esta modificación fue una de las más reclamadas por intendentes y municipios que venían pidiendo mayores herramientas para intervenir en el espacio público.
La inclusión social como complemento
Buscando responder a algunas de las críticas recibidas, el oficialismo incorporó un capítulo específico orientado a políticas de inclusión.
La iniciativa obliga al Poder Ejecutivo provincial a desarrollar programas vinculados a:
- Capacitación laboral.
- Formación en oficios.
- Intermediación laboral.
- Atención de salud mental.
- Asistencia en consumos problemáticos.
También invita a municipios y comunas a implementar programas similares y promueve acuerdos con instituciones públicas y privadas.
La polémica por los nuevos jueces
Uno de los aspectos que generó mayor rechazo opositor fue la incorporación de dos nuevos cargos judiciales.
El proyecto crea dos cargos de jueces de primera instancia, uno para Rosario y otro para Santa Fe, que se integrarán al Colegio de Jueces Penales.
Desde el bloque Hacemos Santa Fe cuestionaron duramente esa decisión.
Los diputados peronistas sostuvieron que el oficialismo terminó utilizando una ley contravencional sobre cuidacoches para modificar la estructura judicial provincial sin un debate específico.
Corach: «La máquina de encarcelar jóvenes pobres está saturada»
Uno de los discursos más críticos fue el del diputado Marcos Corach.
El legislador peronista anticipó su voto negativo y advirtió que el proyecto mantiene una lógica basada en la judicialización de problemas sociales.
Durante su intervención recordó datos aportados por el Ministerio Público de la Defensa:
- Santa Fe tiene cerca de 12.000 personas detenidas.
- Existen apenas 8.800 plazas disponibles.
- Hay aproximadamente 3.000 detenidos más que lugares para alojarlos.
- Más de 4.500 personas permanecen privadas de libertad sin condena firme.
Corach sostuvo que la provincia atraviesa una situación de hacinamiento carcelario y alertó que la nueva normativa podría terminar profundizando la criminalización de sectores vulnerables.
«La máquina de encarcelar jóvenes pobres está saturada», afirmó durante el debate.
La decisión vuelve al Senado
Con la aprobación del dictamen de mayoría impulsado por Unidos, el proyecto regresará ahora al Senado provincial.
Allí los senadores deberán decidir si aceptan las modificaciones introducidas por Diputados o si insisten con la versión original impulsada por Ciro Seisas.
La definición será clave para determinar el alcance definitivo de una ley que, aún antes de su sanción final, ya logró algo poco frecuente en la Legislatura santafesina: unir en el rechazo a sectores políticos tan diversos como peronistas, libertarios, dirigentes de derecha, referentes de izquierda, organizaciones de derechos humanos y representantes de la Iglesia Católica.
