La senadora por el departamento General López aseguró que la problemática ya no puede seguir siendo ignorada por la política y la Justicia. Reveló que recibió numerosos casos de vecinos de distintas localidades de Santa Fe que denunciaron haber sido víctimas de acusaciones falsas, adelantó que trabaja en modificaciones al Código Procesal Penal y a la legislación de Familia para fortalecer las garantías procesales y sostuvo que el sistema judicial debe recuperar el equilibrio entre la protección de las verdaderas víctimas y el respeto por la presunción de inocencia. Además, volvió a reclamar al Gobierno nacional inversiones urgentes para las rutas nacionales y advirtió sobre la delicada situación económica que atraviesan municipios y comunas.
Mientras el debate por las falsas denuncias comienza a instalarse con fuerza tanto en el Congreso Nacional como en distintas legislaturas provinciales, la senadora santafesina Leticia Di Gregorio decidió tomar posición sobre un tema que, según afirma, conoció de primera mano a partir de cientos de historias que escuchó en su propio territorio.
Durante una entrevista en el programa Democráticamente, que conduce Juan Francisco por AGOFA TV, la legisladora confirmó su respaldo al proyecto presentado por la senadora nacional Carolina Losada para endurecer las sanciones contra quienes realizan falsas denuncias y adelantó que trabaja en una iniciativa propia para modificar el Código Procesal Penal y algunos artículos de la legislación de Familia en Santa Fe.
«Las falsas denuncias existen y hay que dejar de mirar para otro lado»
Di Gregorio rechazó que el debate se reduzca a una discusión ideológica.
Según explicó, el problema existe y afecta a numerosas personas que terminan atravesando procesos judiciales, familiares y laborales a partir de denuncias que luego no logran sostenerse. «Esto se ha puesto en una falsa dicotomía: falsas denuncias sí o falsas denuncias no. Pero cuando uno empieza a escuchar a la gente que atravesó estas situaciones entiende la gravedad del problema», sostuvo.
La senadora recordó que comenzó a trabajar sobre el tema apenas asumió su banca, mucho antes de la presentación del proyecto nacional impulsado por Carolina Losada.
Según relató, fueron los propios vecinos del departamento General López quienes empezaron a acercarle casos de padres separados de sus hijos por denuncias que posteriormente fueron desestimadas o terminaron cayéndose por falta de pruebas. «Ese fue el primer contacto que tuve con esta realidad. Después descubrimos que el problema es mucho más amplio porque aparecen denuncias falsas contra docentes, porteros, profesionales y trabajadores de distintas actividades», explicó.
Una reforma para Santa Fe
Mientras el proyecto de Carolina Losada apunta a modificar la legislación nacional, Di Gregorio confirmó que prepara una iniciativa específica para la provincia. El objetivo será introducir cambios tanto en el Código Procesal Penal como en la legislación vinculada al Derecho de Familia.
La legisladora aclaró que, en muchos casos, las herramientas legales ya existen. El problema, sostiene, pasa por la forma en que actualmente se aplican. «Las leyes están. Lo que está pasando hoy es una gran cuestión ideológica en algunos sectores de la Justicia. Hay fiscales, jueces y abogados que terminan actuando desde esa mirada y eso genera enormes injusticias», afirmó.
«Hay un negocio detrás de muchas falsas denuncias»
Uno de los conceptos más duros de la entrevista fue cuando Di Gregorio habló de intereses económicos vinculados a determinadas denuncias.
Según aseguró, durante estos años mantuvo reuniones con víctimas, abogados, fiscales y jueces, y también con grupos de padres que denuncian haber quedado alejados de sus hijos por acusaciones falsas.
En ese recorrido afirmó haber detectado situaciones donde determinados estudios jurídicos utilizan este tipo de estrategias para acelerar procesos judiciales, especialmente divorcios conflictivos. «También hay un negocio que se está haciendo y eso hay que decirlo. Hay abogados que encontraron una forma de agilizar determinados procesos utilizando falsas denuncias», sostuvo.
Recuperar el equilibrio
Di Gregorio insistió en que su postura no busca desalentar las denuncias por violencia de género. Por el contrario.
Aseguró que combatir las falsas denuncias permitirá que la Justicia concentre sus recursos en proteger a quienes realmente atraviesan situaciones de violencia. «Nadie quiere impedir que una mujer golpeada denuncie. Todo lo contrario. Queremos que la Justicia tenga tiempo y recursos para atender a las verdaderas víctimas y no desperdiciar esfuerzos en causas que terminan cayéndose por falta de pruebas», afirmó.
En esa línea cuestionó el funcionamiento actual del sistema judicial. «Hoy muchas veces el acusado tiene que demostrar que es inocente. Se invirtió completamente el principio de presunción de inocencia y eso también es un problema para cualquier Estado de Derecho», sostuvo.
«La verdad y la mentira no tienen género»
Para la senadora, el debate terminó atravesado por posiciones ideológicas extremas.
Recordó que durante muchos años las mujeres encontraron enormes dificultades para denunciar hechos de violencia, pero advirtió que ahora el sistema corre el riesgo de desplazarse hacia el extremo opuesto. «Pasamos de una época donde se culpaba a la mujer por denunciar a otra donde parece que alcanza con una acusación para condenar socialmente a una persona. La verdad y la mentira no tienen género», expresó.
También planteó que resulta imprescindible incorporar una verdadera perspectiva de infancia.
Según explicó, muchas veces quienes más sufren estas situaciones son los propios hijos involucrados en conflictos familiares prolongados. «La principal víctima termina siendo el niño. Son chicos que pasan por abogados, entrevistas, Cámara Gesell y procesos judiciales por conflictos entre adultos», sostuvo.
El respaldo a Carolina Losada
Di Gregorio confirmó que acompañará el proyecto presentado por la senadora nacional Carolina Losada y recordó que ya había participado de distintas jornadas sobre la temática tanto en Santa Fe como en Buenos Aires.
Consideró que la discusión recién comienza y que será necesario abrir un debate profundo dentro del sistema judicial. Reconoció incluso que el tratamiento legislativo no será sencillo. «Estos temas atraviesan todos los partidos políticos. No es una discusión entre oficialismo y oposición. Hay distintas posiciones dentro de cada espacio», explicó.
Reclamo permanente por las rutas nacionales
Durante la entrevista, la senadora también volvió a reclamar al Gobierno nacional inversiones urgentes para la infraestructura vial del sur santafesino.
Recordó que el departamento General López está atravesado por las rutas nacionales 7, 8 y 33, corredores estratégicos para la producción agroindustrial del país. «La Ruta 33 transporta cerca del 75% de la producción nacional que llega a los puertos del Gran Rosario. Hoy circular por esas rutas es prácticamente una ruleta rusa», advirtió.
En ese sentido volvió a cuestionar el destino del impuesto a los combustibles. Explicó que una parte importante de ese tributo tiene asignación específica para infraestructura vial y denunció que esos recursos no están regresando a las provincias mediante obras.
Por ese motivo confirmó que continuará impulsando acciones judiciales, pedidos de informes y movilizaciones para exigir la ejecución de trabajos sobre las rutas nacionales.
Municipios y comunas bajo presión
Otro de los temas que preocupan a la legisladora es la situación financiera de municipios y comunas.
Di Gregorio aseguró que la caída de la coparticipación nacional y la disminución de la recaudación local comenzaron a generar fuertes dificultades para sostener los servicios básicos. «Los presidentes comunales están muy preocupados. La gente prioriza comer antes que pagar impuestos y eso impacta directamente sobre las finanzas locales», explicó.
Además sostuvo que muchas administraciones locales están cubriendo con recursos propios prestaciones que anteriormente financiaba el Estado nacional, especialmente en materia de medicamentos, asistencia social y discapacidad. «La primera puerta donde golpea un vecino cuando tiene un problema sigue siendo la comuna o el municipio. Hoy están haciendo un enorme esfuerzo para sostener esa contención social», concluyó.
