En un tratamiento veloz y por unanimidad, la Cámara alta dio media sanción a la Emergencia Hídrica para todo el territorio santafesino ante las previsiones por el fenómeno de El Niño. El proyecto enviado por el Ejecutivo habilita procedimientos urgentes de contratación y obras, subsidios a municipios y comités de cuenca, restricciones sobre propiedades privadas, expropiaciones y modificaciones presupuestarias. Ahora la discusión pasa a Diputados.
La Legislatura santafesina se encamina a otorgarle al Gobierno de Maximiliano Pullaro una nueva herramienta de excepción. Esta vez el argumento es preventivo y está relacionado con una problemática particularmente sensible para una provincia que conoce sobradamente las consecuencias de los excesos hídricos.
En un tratamiento prácticamente express, apenas una semana después del ingreso del proyecto enviado por la Casa Gris, el Senado de Santa Fe dio media sanción por unanimidad a la declaración de Emergencia Hídrica en todo el territorio provincial.
La velocidad no fue escondida por el propio oficialismo. El presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, destacó que la Cámara había abordado el mensaje del Ejecutivo «en tiempo récord». La oposición justicialista también acompañó, aunque aseguró haber realizado aportes sobre el texto original.
El proyecto ahora deberá atravesar la Cámara de Diputados. Si consigue allí la sanción definitiva, el Poder Ejecutivo dispondrá de un amplio abanico de facultades extraordinarias para intervenir frente a eventuales inundaciones, crecidas, excesos de precipitaciones y emergencias ambientales derivadas de esos fenómenos.
Y allí aparece el aspecto político e institucional que merece especial atención: detrás del concepto general de «emergencia hídrica» existe una extensa lista de atribuciones que van desde acelerar contrataciones y ejecutar obras hasta intervenir sobre propiedades privadas y avanzar con expropiaciones.
El Niño como fundamento de la nueva emergencia
El Mensaje Nº20 enviado por el Ejecutivo fundamenta la necesidad de la ley en los pronósticos relacionados con el fenómeno El Niño-Oscilación Sur (ENOS).
El Gobierno citó un informe del Servicio Meteorológico Nacional según el cual existía una probabilidad cercana al 100% de mantenimiento de la fase de El Niño durante el trimestre julio-agosto-septiembre de 2026. Además, un informe presentado ante la Mesa de Coordinación General sobre ENOS advirtió que las probabilidades de un evento fuerte o muy fuerte aumentaban considerablemente desde la primavera austral.
La decisión política de la Casa Gris fue, por lo tanto, solicitar las facultades antes de que se produzca una eventual emergencia de magnitud.
El propio mensaje explica que las experiencias anteriores aconsejan contar preventivamente con mecanismos institucionales que permitan adoptar medidas y mitigar las consecuencias del fenómeno climático.
Una emergencia para toda Santa Fe hasta abril de 2027
Un primer dato importante surge de la lectura del proyecto completo: la emergencia no queda circunscripta a determinadas cuencas o departamentos, sino que comprende todo el territorio santafesino.
La declaración se extenderá hasta el 30 de abril de 2027, aunque el Ejecutivo quedará autorizado a prorrogarla por otros seis meses si persisten las condiciones que dieron origen a la medida. También quedarán comprendidas las emergencias ambientales que eventualmente deriven del problema hídrico y sean identificadas por el Gobierno provincial.
El objetivo declarado es agilizar obras, construcciones, utilización de terrenos particulares y diferentes trabajos públicos destinados a preparar a la provincia y aliviar o mitigar los daños provocados por excesos hídricos.
Pero, ¿qué podrá hacer concretamente el Gobierno de Pullaro si Diputados convierte el proyecto en ley?
1. Asistencia directa a personas y municipios
La primera gran atribución permite al Ejecutivo adoptar las medidas que considere convenientes para atender inmediatamente necesidades habitacionales, alimentarias, sanitarias y de vestimenta de las personas afectadas.
También podrá asistir a los municipios con los recursos indispensables para afrontar necesidades locales y garantizar servicios básicos.
Es decir, se crea un marco excepcional para que el Gobierno pueda movilizar recursos rápidamente ante una contingencia.
2. Ejecutar prácticamente todo tipo de obra hídrica urgente
Las facultades en infraestructura son particularmente amplias.
Organismos y reparticiones provinciales podrán proyectar, contratar, dirigir y ejecutar movimientos de suelo, terraplenes, limpieza de canales, alteos, defensas, apertura de rutas, canalizaciones, cegados, obturaciones, lagunas de retardo y endicamientos.
También podrán clausurar, modificar, restaurar o mejorar caminos rurales, vías de comunicación y accesos terrestres, además de realizar cualquier otra obra considerada pertinente para enfrentar la emergencia.
3. Contrataciones mediante procedimientos especiales
Este es uno de los puntos institucionalmente más importantes.
La adquisición de bienes, servicios y equipamiento vinculados con la emergencia podrá realizarse mediante procedimientos especiales de contratación con carácter urgente.
Será el propio Poder Ejecutivo el encargado de reglamentar esos mecanismos y establecer los criterios de selección, adjudicación y evaluación de propuestas, aunque la ley exige garantizar transparencia, igualdad, concurrencia y competencia entre oferentes.
La misma lógica se aplicará a las obras públicas necesarias para afrontar la emergencia, que también podrán ejecutarse mediante procedimientos especiales y urgentes.
4. Contratar incluso con un único proveedor
La excepcionalidad va un paso más allá.
Como regla se deberá realizar una compulsa de precios u ofertas. Sin embargo, cuando no exista la posibilidad de conseguir más de un proveedor y la urgencia lo requiera, el Estado podrá contratar directamente con la persona o empresa capaz de realizar el trabajo o entregar los bienes necesarios.
Será, seguramente, uno de los aspectos que mayor seguimiento institucional necesitará si la emergencia finalmente se convierte en ley.
5. Subsidios y aportes no reintegrables
El Ministerio de Obras Públicas quedará facultado para entregar subsidios y aportes no reintegrables a municipios y comités de cuenca utilizando procedimientos abreviados.
Esos fondos deberán destinarse exclusivamente a obras o a la adquisición de maquinaria y equipamiento para mitigar riesgos hídricos.
6. Un Tribunal de Cuentas obligado a controlar rápidamente
El proyecto mantiene el control externo del Tribunal de Cuentas, pero también modifica los tiempos.
El organismo deberá controlar los actos y procedimientos desarrollados en el marco de la emergencia en un plazo máximo de diez días hábiles y comunicar posteriormente lo actuado a las cámaras legislativas.
Además, deberá considerar expresamente el carácter excepcional de la norma, que prioriza la agilidad de trámites y contrataciones.
7. Restricciones sobre propiedades privadas
Otro capítulo sensible aparece con las facultades otorgadas sobre bienes particulares.
El Ejecutivo podrá imponer restricciones transitorias al dominio privado cuando existan razones de urgencia vinculadas con obras destinadas a proteger personas y bienes o restablecer vías de comunicación.
También estará facultado para constituir servidumbres administrativas conforme a la legislación provincial vigente.
En otras palabras, ante determinadas necesidades hídricas, el interés público podrá generar limitaciones temporarias sobre el ejercicio del derecho de propiedad.
8. Expropiaciones para ejecutar obras
Las atribuciones sobre inmuebles son todavía mayores.
El proyecto declara genéricamente de utilidad pública y sujetos a expropiación aquellos terrenos ubicados en las zonas donde deban ejecutarse obras o en sectores adyacentes.
El Poder Ejecutivo determinará cuáles resultan necesarios y se establece un procedimiento acelerado: la tasación deberá realizarse en un máximo de cinco días y el propietario contará también con cinco días para aceptar el valor o plantear fundadamente otra pretensión indemnizatoria.
Incluso, debido a la urgencia, el Ejecutivo podrá tomar posesión de los inmuebles a expropiar o solicitar autorización judicial para ingresar, utilizarlos y comenzar los trabajos.
9. Hasta diez metros de terrenos privados junto a rutas secundarias
Hay un artículo todavía más específico.
Se declaran genéricamente de utilidad pública y sujetas a expropiación ambas márgenes de los caminos provinciales de calzada natural o rutas secundarias, hasta una distancia máxima de diez metros hacia el interior de los predios particulares.
Será Vialidad Provincial quien determine, tramo por tramo, cuánto terreno resulta necesario incorporar para mejorar el camino o utilizar el suelo.
Incluso se contempla que, mediante acuerdo, el valor de las superficies expropiadas pueda compensarse mediante crédito fiscal aplicable a futuros vencimientos del Impuesto Inmobiliario Rural.
10. Un Fondo de Emergencia Hídrica
La iniciativa crea una cuenta especial denominada Fondo de Emergencia Hídrica, que funcionará dentro del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública.
Se integrará con partidas presupuestarias provinciales, aportes del Tesoro Nacional específicamente otorgados y cualquier otro aporte económico destinado al cumplimiento de la ley.
11. Pullaro podrá modificar el Presupuesto
Otra atribución relevante es presupuestaria.
El Poder Ejecutivo quedará autorizado a incorporar nuevos recursos al presupuesto vigente y realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para implementar la emergencia.
Si al finalizar un ejercicio quedan recursos sin utilizar, podrán transferirse automáticamente al ejercicio siguiente.
12. Una Bicameral deberá controlar cómo se utilizan las facultades
El proyecto incorpora finalmente un contrapeso legislativo: la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia Hídrica, integrada por tres diputados y tres senadores y respetando proporcionalmente la representación de los bloques.
Deberá controlar la implementación de la ley, la utilización del Fondo de Emergencia Hídrica, las obras, las contrataciones y los recursos extraordinarios transferidos a municipios. Además, podrá solicitar informes a organismos provinciales y formular recomendaciones.
Un Senado que eligió velocidad y unanimidad
Todo este conjunto de facultades recibió media sanción en un trámite legislativo llamativamente veloz.
El oficialismo justificó esa velocidad en la necesidad de anticiparse a un fenómeno climático que podría generar consecuencias graves. El senador Paco Garibaldi sostuvo que el proyecto fue trabajado «con responsabilidad y celeridad» y defendió la prevención como herramienta fundamental.
Desde el justicialismo, Rubén Pirola explicó que el bloque decidió acompañar e introducir aportes porque el Estado necesita estar preparado frente a este tipo de eventos meteorológicos. Raúl Gramajo, por su parte, planteó la necesidad de transmitir tranquilidad a la población mostrando un Estado que actúa anticipadamente.
La síntesis política la realizó Michlig: el propio presidente provisional reconoció que la iniciativa había sido abordada «en tiempo récord».
Así, no hubo diferencias a la hora de levantar las manos. Oficialismo y oposición aprobaron por unanimidad un proyecto que, si supera Diputados, concederá durante varios meses herramientas extraordinarias al Gobierno provincial.
Diputados tendrá ahora una discusión que va más allá de El Niño
La necesidad de preparar a Santa Fe frente a inundaciones y excesos hídricos difícilmente encuentre demasiadas objeciones en una provincia atravesada históricamente por tragedias y emergencias relacionadas con el agua.
Sin embargo, la amplitud de las facultades incluidas en el proyecto hace que la discusión que ahora deberá afrontar Diputados no se limite exclusivamente a determinar si Santa Fe necesita prepararse para El Niño.
También estará en debate hasta dónde deben extenderse las herramientas extraordinarias concedidas al Poder Ejecutivo, cómo se utilizarán, qué controles tendrán y de qué manera se garantizará la transparencia cuando los procedimientos habituales sean reemplazados por mecanismos de urgencia.
El Senado ya dio su respuesta prácticamente sin fisuras y en tiempo récord. Ahora será Diputados quien tendrá que decidir si convierte en ley una nueva emergencia provincial que, bajo el argumento de anticiparse a una posible crisis hídrica, pondrá en manos del Gobierno de Pullaro un considerable paquete de facultades excepcionales.
