Mientras el Gobierno celebra que “la caja está en orden”, los gremios denuncian que la oferta salarial está lejos de las necesidades reales de los trabajadores y jubilados del Estado.
En el marco de la discusión paritaria del segundo trimestre, el Gobierno de Maximiliano Pullaro presentó una nueva propuesta salarial a los gremios estatales: un aumento del 8% escalonado en tres tramos —3% en abril, 2,6% en mayo y 2,4% en junio— con una garantía mínima de $75.000 para los trabajadores de menores ingresos. La oferta fue recibida con críticas desde los sindicatos, que consideran que no responde a la pérdida del poder adquisitivo ni a la situación crítica que atraviesan los jubilados.
“Esto no conforma porque hay puntos que veníamos exigiendo y no están en la propuesta”, expresó el secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso. “La inflación acumulada en lo que va del año ya alcanzó el 114%, pero los incrementos salariales apenas llegan al 91%, lo que significa una pérdida de 23 puntos para los trabajadores activos”, denunció el dirigente docente.
El malestar se replica también entre los gremios de la administración central, aunque con un tono más moderado. ATE y UPCN señalaron que evaluarán la propuesta internamente, pero dejaron entrever que la oferta no logra revertir el atraso acumulado.
En el plano político, el Gobierno insiste con su mensaje de “responsabilidad fiscal” y el orden de las cuentas públicas. Sin embargo, desde los sindicatos recuerdan que ese mismo argumento fue utilizado durante gobiernos anteriores para justificar políticas de ajuste. “Nos siguen metiendo la mano en el bolsillo”, sentenció Alonso, al tiempo que puso el foco en la situación de los jubilados, quienes “siguen quedando afuera de las compensaciones y encima cobran los aumentos con dos meses de demora”.
El contraste entre la propaganda oficial y el reclamo de los gremios marca un nuevo punto de tensión. Mientras el Ejecutivo se muestra conforme con una oferta “responsable”, para las representaciones sindicales el esquema paritario actual consolida una estrategia de ajuste por goteo.
La Asamblea Provincial Docente fue convocada para este viernes a las 11 de la mañana, luego de dos días de reuniones departamentales. Allí se definirá la respuesta colectiva del sector y los pasos a seguir en caso de que la oferta no sea reconsiderada.
En un escenario inflacionario y con alta conflictividad social, el salario vuelve a ser el eje de disputa. Y la pregunta que atraviesa todos los sectores estatales es la misma: ¿hasta cuándo los trabajadores seguirán siendo la variable de ajuste?
