La Sociedad Rural de Rosario y la Asociación de Acopiadores han elevado una solicitud tanto a la Provincia como a la Legislatura para que intervengan ante el Gobierno Nacional respecto a una presunta ventaja injusta que beneficia a los exportadores en detrimento de los productores primarios de granos.
El foco del reclamo se centra en los contratos a futuro para la venta de cereales y oleaginosas a partir de noviembre. La preocupación surge a raíz de la implementación, en ese mismo mes, del Programa de Incremento Exportador por parte del Gobierno Nacional, destinado a fomentar el ingreso de divisas a través del comercio exterior. Esta iniciativa permitió a las agroexportadoras liquidar divisas a un precio combinado entre el dólar MULC (Mercado Único y Libre de Cambios) y el dólar financiero, mientras continuaban pagando a los productores según el valor del dólar Banco Nación, práctica común en el comercio granario.
La Sociedad Rural de Rosario y los acopiadores expresaron su preocupación acerca de un presunto «enriquecimiento incausado» por parte de los exportadores, señalando que el beneficio obtenido no se refleja en los precios acordados con los productores.
«El cambio repentino en las reglas del juego ha favorecido al sector exportador sin que este beneficio se traduzca en mejores precios para los productores. Por lo tanto, estas entidades gremiales solicitan una intervención del Poder Ejecutivo Nacional para regular esta cuestión y garantizar que el precio real de las divisas liquidadas se refleje en los acuerdos comerciales», afirmaron voceros de la entidad ruralista.
Además, expresaron su preocupación por el posible impacto continuado del programa en cuestión, advirtiendo que, de no implementarse regulaciones según su solicitud, las operaciones forward de maíz y soja para el ciclo agrícola 2023/2024 podrían verse afectadas, lo cual representa una herramienta crucial para un sector que contribuye significativamente a la generación de divisas necesarias para la reactivación económica.
En este contexto, instan al poder político provincial a interceder ante el Gobierno Nacional para abogar por la unificación del tipo de cambio y corregir esta distorsión que desanima la utilización de contratos forward, fundamentales para impulsar la actividad económica y la generación de divisas en la región.
