La joven ciudad del departamento La Capital atraviesa una escalada de conflictos entre el Ejecutivo de Mario Papaleo y el Concejo Municipal. Después de las denuncias por salarios adeudados a los seis concejales, y tras un prolongado enfrentamiento con trabajadores municipales, el intendente pidió ahora que Pedro Uliambre sea apartado de su banca por deudas tributarias que, según el Municipio, cuentan con sentencias firmes. El Concejo trató el caso a puertas cerradas y pasó a cuarto intermedio mientras espera documentación judicial. El ex presidente comunal denunció una “persecución constante” y reclamó que se respete su derecho de defensa.
Sauce Viejo tiene apenas algunos años de vida institucional como ciudad y ya enfrenta una crisis política de características excepcionales. La Legislatura santafesina aprobó el 26 de noviembre de 2020 la Ley 14.018, que convirtió a la entonces comuna del departamento La Capital en ciudad y estableció el régimen municipal. La norma fue promulgada el 30 de diciembre de aquel año y abrió posteriormente el camino para la conformación de su Intendencia y su primer Concejo Municipal.
A menos de seis años de aquella decisión, la relación entre los dos poderes políticos locales atraviesa un nivel de tensión difícil de encontrar en la corta historia institucional de la ciudad. El intendente Mario Papaleo mantiene un enfrentamiento con el Concejo, cuyos seis integrantes denunciaron atrasos en el pago de sus haberes; anteriormente su administración había atravesado un prolongado conflicto con los trabajadores municipales y ASOEM; y ahora el propio Ejecutivo solicitó formalmente que el cuerpo legislativo evalúe la exclusión de uno de sus integrantes: Pedro Damián Uliambre, ex presidente comunal de Sauce Viejo.
El caso ingresó este miércoles en una instancia decisiva, aunque todavía sin resolución. El Concejo se reunió de manera extraordinaria para analizar el pedido, cinco ediles decidieron que el debate se realizara a puertas cerradas y finalmente se pasó a un cuarto intermedio mientras se aguarda información solicitada a la Justicia.
En Sauce Viejo, por ahora, nadie sabe cómo terminará.
De los salarios impagos al enfrentamiento abierto con el Concejo
La disputa actual no comenzó con Uliambre. En agosto, los seis concejales denunciaron públicamente que el Ejecutivo municipal les adeudaba los salarios de junio y julio y el medio aguinaldo. La entonces denuncia de la presidenta del cuerpo, Valeria Echeverri, fue particularmente grave porque sostuvo que los recibos aparecían emitidos y las partidas figuraban ejecutadas, pero el dinero no había sido acreditado a los ediles.
El conflicto escaló cuando el propio Concejo hizo públicos fragmentos de mensajes atribuidos a Papaleo. En uno de ellos aparecía la advertencia de que los concejales no cobrarían hasta que aprobaran una determinada ordenanza. El cuerpo calificó la situación como un episodio de “violencia institucional” y dio intervención a organismos provinciales.
La controversia excedía además una simple demora administrativa. Echeverri sostuvo públicamente que desde la creación del Concejo existían problemas recurrentes para disponer de los recursos asignados al Legislativo municipal y denunció una deslegitimación institucional del cuerpo. El Ejecutivo, por su parte, cuestionó el funcionamiento del Concejo y llegó a señalar deudas de tasas municipales entre los propios ediles.
El problema de fondo es institucional. Ejecutivo y Concejo son órganos diferentes del gobierno municipal. Las diferencias políticas entre ambos forman parte del funcionamiento democrático; condicionar el desenvolvimiento económico de uno de esos poderes, si efectivamente ocurriera como denunciaron los concejales, plantea una discusión mucho más profunda sobre autonomía y división de funciones.
Y cuando ese conflicto todavía no había desaparecido de la escena pública apareció el caso Uliambre.
Papaleo pidió excluir a un concejal
El 17 de septiembre, el Ejecutivo encabezado por Papaleo solicitó formalmente una sesión extraordinaria para analizar la posible exclusión de Pedro Uliambre. El Municipio sostiene que el edil mantiene deudas tributarias y que existen dos sentencias firmes derivadas de juicios de apremio fiscal.
El planteo se apoya en la nueva Ley Orgánica de Municipios N.º 14.436, sancionada en abril de este año. Su artículo 26 establece, entre las prohibiciones para ejercer como concejal, el caso de los deudores de los tesoros nacional, provincial o municipal que, condenados mediante sentencia firme, no paguen sus obligaciones. El artículo siguiente regula qué sucede cuando esa causal aparece de manera sobreviniente a la asunción y exige para disponer el cese el voto favorable de los dos tercios del Concejo.
En Sauce Viejo eso significa cuatro votos sobre un cuerpo compuesto por seis integrantes.
Según la información difundida inicialmente por la Municipalidad, Uliambre acumulaba más de 50 períodos impagos correspondientes a Tasa General de Inmuebles y Servicio de Agua Potable. Posteriormente, el Ejecutivo habló de 70 períodos vinculados específicamente a la tasa y servicio de agua, algunos anteriores a 2021, y sostuvo que existe una sentencia condenatoria firme de marzo de 2026 que permanece impaga.
La diferencia entre las cantidades informadas y la documentación disponible es justamente una de las razones por las cuales el Concejo decidió pedir precisiones antes de resolver una medida de semejante gravedad.
Porque una cosa es reclamar una deuda tributaria. Otra muy distinta es remover a un representante elegido por los vecinos.
El Concejo cerró las puertas y no hubo definición
La sesión extraordinaria de este miércoles agregó otro episodio inesperado. Aunque las sesiones son públicas como regla general, cinco concejales votaron para que el tratamiento se desarrollara a puertas cerradas. La moción fue presentada por Susana De Castro y acompañada por los otros cuatro ediles que participaron de esa votación. Echeverri, por su condición de presidenta, no votó y dejó expresamente asentado su desacuerdo con la decisión.
La decisión resulta especialmente significativa porque horas antes la propia presidenta había anticipado públicamente que la sesión sería abierta. Finalmente ocurrió lo contrario.
El reglamento interno permite realizar sesiones secretas bajo determinadas condiciones y la legislación provincial también contempla excepciones al principio de publicidad cuando la naturaleza del asunto así lo justifique. Por lo tanto, que las puertas hayan sido cerradas no convierte automáticamente el procedimiento en irregular. Sí incorpora un interrogante político sobre la conveniencia de restringir el acceso de vecinos y periodistas cuando se discute nada menos que la posible expulsión de un representante electo. Finalmente no hubo votación sobre Uliambre.
El Concejo pasó a cuarto intermedio y decidió continuar analizando las actuaciones en comisión. Falta una pieza que los propios ediles consideran fundamental: la respuesta formal del Juzgado sobre el estado de las causas de apremio fiscal y, particularmente, sobre la firmeza de las sentencias invocadas por el Ejecutivo. Hasta este miércoles esa documentación no había llegado. No existe todavía fecha definida para reanudar la sesión.
Uliambre respondió: reconoce obligaciones, pero denuncia “persecución”
En medio de la ofensiva institucional del Ejecutivo, Pedro Uliambre decidió exponer públicamente su posición mediante un comunicado dirigido a los vecinos de Sauce Viejo.
El concejal reconoció que existen obligaciones tributarias pendientes y aseguró que pretende regularizarlas mediante los mecanismos legalmente establecidos y de acuerdo con sus posibilidades económicas. También afirmó haber comparecido ante los tribunales cuando fue requerido y mantenerse a disposición de la Justicia. Pero rechazó de plano la interpretación política realizada por el Ejecutivo.
Uliambre denunció una “persecución constante” y sostuvo que las acciones contra su persona excedieron lo que considera el legítimo ejercicio institucional. Según su versión, existe un intento de instalar públicamente una imagen negativa sobre su persona y sobre su desempeño como concejal.
El ex presidente comunal planteó además una diferenciación que será central cuando el Concejo retome el expediente: sostiene que la existencia de una obligación tributaria pendiente no debería transformarse automáticamente en una valoración sobre su honor, su conducta personal o su idoneidad para ejercer el cargo.
Su postura, sin embargo, tampoco resuelve la cuestión jurídica. Si se acredita que concurren exactamente las condiciones establecidas por los artículos 26 y 27 de la Ley 14.436 —incluyendo la existencia de una sentencia firme, la falta de pago y el carácter sobreviniente de la causal—, será el Concejo quien deberá determinar las consecuencias institucionales. Uliambre reclama que antes se garantice plenamente su derecho de defensa.
Una ciudad joven atravesada por conflictos institucionales
Lo que vuelve especialmente significativo el caso es la acumulación de enfrentamientos en un municipio con una historia institucional todavía muy reciente.
Sauce Viejo fue declarada ciudad en noviembre de 2020. Desde entonces debió construir prácticamente desde cero la convivencia entre una Intendencia y un Concejo Municipal, dos instituciones que no existían bajo el anterior régimen comunal. Esa convivencia está hoy severamente tensionada.
Durante este año, la gestión de Papaleo mantuvo un duro conflicto con ASOEM. El gremio denunció descuentos salariales, falta de diálogo y otras prácticas que atribuyó al Ejecutivo, mientras profundizó sucesivamente las medidas de fuerza. Esas caracterizaciones corresponden a la organización sindical y formaron parte de una disputa laboral que tuvo diferentes instancias.
Después apareció el conflicto por los salarios del Concejo. Los seis ediles denunciaron que el Ejecutivo no les transfería los fondos necesarios para cobrar sus haberes y el aguinaldo. La disputa incluso llegó a organismos provinciales. Y ahora el Ejecutivo pide al mismo Concejo con el que mantiene ese enfrentamiento que aparte a uno de sus seis integrantes.
Cada conflicto tiene causas, actores y responsabilidades diferentes. No sería correcto presentarlos como si fueran necesariamente partes de una única maniobra. Pero su acumulación permite hablar de una crisis institucional excepcional para una ciudad que apenas comenzó a funcionar bajo régimen municipal hace pocos años.
El caso Uliambre exige algo más que una pelea política
Hay dos principios que deberían poder convivir. Si un concejal mantiene una deuda alcanzada por una prohibición expresa de la Ley Orgánica de Municipios y existen sentencias firmes en los términos que exige la normativa, el Concejo tiene la obligación de analizarlo. Ser representante electo no coloca a nadie por encima de las normas tributarias ni de los requisitos establecidos para ejercer una función pública.
Pero la consecuencia posible es extraordinariamente grave: retirar del Concejo a una persona elegida por el voto popular.
Por eso no puede resolverse únicamente sobre la base de comunicados políticos, acusaciones cruzadas o interpretaciones parciales. El cuerpo necesita verificar las sentencias, determinar su firmeza, comprobar el estado actual de las obligaciones, establecer si la causal puede considerarse sobreviniente y garantizar que Uliambre pueda ejercer plenamente su defensa. Esas fueron, precisamente, las verificaciones que la Presidencia dispuso antes de una decisión definitiva. También sería saludable que el debate definitivo sea público.
La ciudadanía tiene derecho a conocer qué argumentos utiliza el Ejecutivo para pedir la exclusión, qué responde el concejal involucrado y, eventualmente, por qué cada uno de los seis representantes vota de una determinada manera.
Sauce Viejo espera una salida
Por ahora, el expediente permanece abierto y la sesión está en cuarto intermedio. No existe una decisión sobre la continuidad de Pedro Uliambre y cualquier afirmación que dé por consumada su salida sería prematura.
El Ejecutivo sostiene que simplemente exige el cumplimiento de las obligaciones tributarias “sin distinción de personas ni posiciones políticas”. Uliambre responde que existe una persecución política y personal. El Concejo, mientras tanto, decidió esperar la documentación judicial antes de tomar una determinación. Ese es el cuadro actual.
Pero por encima del nombre de Uliambre aparece un problema bastante mayor. Una ciudad que nació institucionalmente hace menos de seis años tiene a su Ejecutivo enfrentado con trabajadores municipales, un Concejo que denunció salarios impagos y presiones, un intendente que reclama la exclusión de uno de los representantes electos y un Legislativo que acaba de cerrar sus puertas para discutir el futuro de una banca.
La nueva Ley Orgánica ofrece las reglas para resolver jurídicamente el caso. La política tendrá que encontrar, además, una manera de recomponer la convivencia institucional.
Porque Sauce Viejo puede terminar excluyendo o manteniendo a Pedro Uliambre en su banca. Esa decisión dependerá de la documentación, del encuadre legal y finalmente del voto de los concejales. Lo que ninguna votación resolverá por sí sola es la crisis política que quedó expuesta detrás del expediente.
