El secretario general del Sindicato del Correo, Walter Palombi, cuestionó con dureza el reciente decreto que habilita a los puestos de diarios y revistas a ofrecer servicios postales, al considerar que se trata de “un nuevo avance contra los derechos laborales y la estabilidad de miles de trabajadores”. La medida, según el dirigente gremial, beneficia directamente a grupos privados como Clarín en detrimento del Correo Oficial y de los canillitas.
En diálogo con medios gremiales, Palombi vinculó el escenario económico actual con la derrota electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Señaló que “cuando se cierran fábricas, se congelan paritarias y se pierden empleos, es lógico que la sociedad reaccione”.
El referente sindical destacó el resultado de Fuerza Patria en las elecciones legislativas bonaerenses y lo enmarcó en una estrategia de unidad: “El campo nacional y popular necesita, sin egoísmo, que todos sus sectores trabajen juntos. Lo demostramos en Santa Fe con el triunfo de Juan Monteverde y lo podemos volver a demostrar con Caren Tepp y Agustín Rossi”.
Un decreto en la mira sindical
El punto central de su intervención estuvo en la crítica al decreto impulsado por el economista Federico Sturzenegger, que habilita a los kioscos de diarios y revistas a realizar servicios postales. Palombi advirtió que la norma, por no tratarse de un DNU, no pasó por el Congreso, lo que genera mayor preocupación:
“Este decreto favorece claramente al Grupo Clarín y a su correo urbano express. Nos perjudica a los trabajadores del Correo y también a los canillitas, porque les quita su figura histórica. Es un nuevo avance contra nuestra fuente de trabajo”, sostuvo.
El sindicalista también recordó que días atrás el Estado pagó 14.000 millones de pesos a la empresa privada Andriani para repartir cartas documento vinculadas a pensiones por invalidez, en lugar de utilizar el Correo Oficial. Según Palombi, ese contrato se cumplió parcialmente y “solo llegó la mitad de las notificaciones”, lo que podría derivar en la caída de unas 200.000 pensiones en los próximos meses.
Posible vía judicial
Ante este panorama, el gremio analiza presentar un recurso de amparo contra la medida. Palombi explicó que disponen de 15 días desde la publicación del decreto para hacerlo y que los sindicatos de canillitas también evalúan una acción similar.
“Cada decisión jurídica tiene atrás una decisión política. Lo que está en juego es la defensa de nuestra fuente de trabajo y de los derechos de los trabajadores argentinos”, remarcó el dirigente.
Un conflicto en crecimiento
El decreto abre un nuevo frente de tensión entre el Gobierno nacional y los sindicatos vinculados al sector postal y gráfico. Para Palombi, se trata de un paso más en la desregulación económica que “favorece a grandes grupos empresariales” mientras agrava la falta de inversión, de personal y de estabilidad en el Correo Oficial.
“Nosotros lo advertimos cuando quedamos afuera de la Ley Bases: había que tener cuidado de que no nos vaciaran por dentro. Hoy esa amenaza se concreta”, concluyó.
