A días del inicio formal de la Convención Constituyente en Santa Fe, se intensifica la discusión sobre el futuro institucional del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público de Defensa Penal. Funcionarios judiciales y políticos del oficialismo y la oposición comienzan a posicionarse frente a una reforma que podría alterar el equilibrio de poderes en el sistema de justicia penal.
La inminente apertura de la Convención que debatirá la reforma de la Constitución santafesina desató una puja de alto voltaje en torno al diseño institucional del sistema de justicia penal. El eje de la controversia gira en torno al estatus y grado de autonomía del MPA y de la Defensa Pública. Ambos organismos reclaman un reconocimiento explícito como órganos independientes, autárquicos y con capacidad de autogobierno, mientras sectores del gobierno provincial que lidera Maximiliano Pullaro buscan mantener ciertas instancias de control político y administrativo. La oposición, por su parte, expresa diferencias internas y señales de resistencia.
La estrategia del MPA: reclamo por autonomía real
Desde hace semanas, la fiscal general María Cecilia Vranicich inició una ronda de reuniones con los bloques de convencionales para defender la consagración constitucional del MPA. “Celebramos esta instancia como una oportunidad histórica para consolidar al MPA como un órgano extrapoder”, expresó. Según su visión, el diseño actual —que ubica al organismo bajo la superintendencia de la Corte Suprema provincial— resulta incompatible con el sistema acusatorio vigente desde hace una década.
Vranicich sostiene que la independencia institucional incluye el manejo presupuestario, la definición de la política de persecución penal, el régimen disciplinario de los fiscales y la necesidad de evitar injerencias de otros poderes del Estado. El planteo no es nuevo, pero se reactualiza en el marco del proceso constituyente, y con mayor intensidad ante la falta de respuesta del Ejecutivo sobre una eventual reforma integral del sistema.
La voz de la Defensa: reconocimiento y garantías
En sintonía con el MPA, la defensora general Estrella Moreno Robinson encabezó gestiones para que la reforma incluya rango constitucional para la Defensa Pública. “Santa Fe es la única provincia que tiene separada la Defensa Penal del resto de la Defensa Pública. La reforma es una oportunidad para avanzar en un modelo integral, autónomo y autárquico”, señaló.
El reclamo recibió el respaldo de referentes nacionales, entre ellos Ariel Alice (Río Negro), Maximiliano Benítez (Entre Ríos) y María Fernanda López Puleio (Defensoría General de la Nación). Todos coincidieron en la necesidad de consolidar un sistema que garantice el acceso a la justicia a sectores vulnerables, en pie de igualdad con la Fiscalía y el Poder Judicial.
Las estadísticas son elocuentes: en Rosario, la Defensa Pública interviene en el 76% de las causas y el 83% de los juicios orales, con apenas 28 defensores para toda la jurisdicción. En contraste, el número de jueces y fiscales supera ampliamente esa dotación. “No puede haber nunca más jueces que defensores públicos”, sentenció la defensora Maricel Palais.
La complicidad silenciosa del oficialismo
Aunque en público el gobierno de Pullaro se muestra dispuesto al diálogo, puertas adentro mantiene una estrategia ambigua. La cercanía política entre el Ejecutivo y las cabezas institucionales del MPA y la Defensa generó malestar en algunos sectores judiciales, gremiales y opositores que temen una “reforma a medida” que preserve ciertas dependencias funcionales bajo control político.
Uno de los puntos más conflictivos es el régimen de remoción de fiscales y defensores. Actualmente bajo órbita del Poder Legislativo, la reforma podría definir mecanismos nuevos, aún sin consenso. Mientras tanto, en la Corte Suprema se palpita con recelo una posible pérdida de control sobre dos organismos clave del sistema penal.
La oposición divide posiciones
En el arco opositor, la situación no es homogénea. Algunos sectores —como el peronismo o el espacio de Amalia Granata— coinciden en la necesidad de otorgar autonomía constitucional a ambos organismos, aunque con matices. Otros actores reclaman revisar el alcance de esa independencia, especialmente ante la posibilidad de crear “estructuras sin controles cruzados”.
Las tensiones también alcanzan al gremio judicial, que observa con atención cómo podría impactar esta redefinición en las condiciones laborales y en la organización del sistema de justicia en su conjunto.
“La defensa pública está en riesgo y sin reconocimiento constitucional. Esto debe cambiar ahora o será demasiado tarde”, advirtieron desde la Asociación de Defensores Penales del sur santafesino.
¿Qué puede pasar ahora?
El tema promete ser uno de los debates centrales en la Convención que inicia en los próximos días. Tanto el MPA como la Defensa Pública han logrado instalar la discusión y ganar respaldos técnicos y políticos. Sin embargo, el resultado dependerá del tipo de consenso que logren tejer oficialismo y oposición en torno a un reglamento que aún se discute. Si la reforma incluye el reconocimiento constitucional de ambos organismos, se abrirá una nueva etapa para el sistema de justicia santafesino. Si no, la tensión institucional podría escalar.
