Por Mg. Gonzalo Macco. Presidente del Instituto de Gestión Pública del Colegio de Abogados de Rosario
Hablar de transparencia y calidad institucional en una transición gubernamental no es moneda corriente en la política argentina. En cada cambio de gobierno, el saliente (o coalición perdedora) generalmente adopta todas las medidas que fueran menester destinadas a poner palos en la rueda a la próxima gestión. Sin embargo, este no parece ser el caso de nuestra provincia de Santa Fe.
Esta situación, no deja de sorprender a todos aquellos que nos dedicamos a analizar la gestión pública y su implicancia en las transiciones gubernamentales. Sin dudas, la política santafesina entra en una etapa de maduración inmensurable que debería reflejarse en todas las esferas políticas institucionales del país.
Con la derrota de la alianza peronista gobernante, comenzó un proceso de transición voluntario entre el gobernador saliente y el electo pocas veces visto aunque siempre anhelado. Las formas, los plazos y momentos, si bien no se encuentran regulados por ley, fueron consensuados armoniosamente por ambos espacios, lo cual es sumamente beneficioso para la población santafesina. Las apariciones públicas de Perotti y Pullaro, nos enseñan que más allá de las diferencias políticas, ambos dirigentes buscan el acuerdo y la protección de la calidad institucional.
Sin dudas que el actual mandatario provincial, en post de una transición amistosa, cedió varias de sus facultades a los fines de lograr consensos importantes. La decisión de no enviar el presupuesto a la legislatura demuestra un acto de seriedad y de reconocimiento político a las nuevas fuerzas que comenzarán a gobernar los destinos de la provincia a partir del 10 de diciembre. Esto implica una mejora en la imagen de la gestión pública y política en su máxima expresión.
Asimismo el crecimiento en la confianza a la política e institucional se dio con el reciente decreto que cesa en sus funciones a todo el personal político designado por el actual mandatario. De este modo y con el decreto de fecha 17 de octubre del 2023, el gobernador deja sin efecto todas las “designaciones de los Señores Ministros, Secretarios de Estado, Fiscal de Estado, Síndico General de la Provincia, Fiscales adjuntos de la Fiscalía de Estado, Secretarios Ministeriales, Subsecretarios Ministeriales, Directores Provinciales, Subdirectores Provinciales, Asesores, Asistentes Técnicos, Coordinadores Regionales de Nodos, y demás Personal de Gabinete que colaboraron en su gestión”. Y acá en donde muchos de ustedes dirán que es lo que corresponde; sin embargo no nos tenemos que olvidar que lo “correcto” no siempre es lo que ocurre. Frente a cada cambio de gobierno, son los electos quienes una vez que asumen en sus funciones deben dedicar tiempo en decretar el cese de todas y cada una de las designaciones que fueron realizadas por el gobernador saliente, generando no solo demoras en la puesta en marcha de la nueva gestión, sino que además críticas y debates políticos innecesarios en el Siglo XXI.
La transición Perotti-Pullaro, quedará sin dudas como una de las mejores institucionalmente hablando, y será un muy buen punto de partida para sancionar una futura ley que nos permita no solo aplicar todo lo aprendido, sino además regular aquellas situaciones que pudieron generar rispideces. Ahora, será la nueva composición legislativa quien deberá demostrar la madurez política necesaria para sancionar una ley de transición gubernamental que reúna todo lo aprendido hasta este momento y proyecte posibles variaciones en las transferencias de funciones gubernamentales futuras.
