Por Cristina Feria *
La reciente decisión del presidente Javier Milei de vetar la Ley de Financiamiento Educativo representa un retroceso.
El proyecto de ley vetado buscaba establecer un financiamiento sostenido para la educación pública, en un contexto donde la infraestructura, los salarios docentes y la calidad educativa han mostrado signos alarmantes de deterioro.
El argumento principal para justificar su veto es la necesidad de ajustar el gasto público y reducir el déficit fiscal. Sin embargo, esta decisión refleja una visión de corto plazo, que ignora los beneficios a largo plazo de una educación fortalecida.
El veto de Milei alimenta una narrativa peligrosa que presenta la educación como un gasto en lugar de una inversión. Esta visión mercantilista desestima el valor de la educación como derecho humano y como herramienta clave para la movilidad social.
Milei con el veto envía el mensaje de que la educación no es una prioridad para su gobierno, lo cual resulta alarmante en un país que necesita con urgencia cerrar brechas y construir un futuro más inclusivo.
Más allá de la cuestión económica, este veto también revela una desconexión con las necesidades reales de la sociedad. Los estudiantes, docentes y familias que diariamente enfrentan las dificultades del sistema educativo saben que sin un compromiso serio del Estado, las condiciones de aprendizaje seguirán deteriorándose.
Las inversiones en educación son una de las más rentables que puede hacer un Estado, no solo por el impacto directo en la formación de capital humano, sino también por los efectos colaterales en términos de productividad, innovación y cohesión social.
En definitiva, la decisión de vetar la Ley de Financiamiento Educativo es una muestra de la falta de visión estratégica de una administración que prioriza las cuentas fiscales por sobre los derechos fundamentales de la población.
Si no se rectifica este camino, las consecuencias serán devastadoras para las generaciones que vienen y para el desarrollo del país en su conjunto. Es hora de que el gobierno reconsidere su postura y comprenda que, los ajustes no deben hacerse a costa del futuro de nuestros jóvenes y del progreso del país.
La educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier nación, y privarla de los recursos necesarios es condenar al país a un ciclo de pobreza y exclusión social del que será difícil escapar.
La educación no es una opción, es una obligación. Y garantizar su financiamiento es responsabilidad del Estado.
* Cristina Feria
Doctorando en Ciencias Políticas. Magíster en Políticas Públicas. Licenciada. Directora. Educadora
