En una sesión conjunta de la Legislatura de la Provincia de Santa Fe, celebrada este jueves 20 de marzo de 2025, ambas cámaras parlamentarias resolvieron la destitución del fiscal norteño Aldo Héctor Gerosa.
La medida se tomó con un total de 62 votos a favor, bajo la causal de «mal desempeño funcional e institucional». Además, se le prohibió el acceso al Ministerio Público de la Acusación (MPA) por un período de 10 años.
Por norma, cada Cámara debe votar ser por separado. Primero confirmaron el dictamen de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa 15 senadores (donde se registraron cuatro ausencias), y luego hicieron lo mismo 47 diputados (con tres ausentes).
La Sesión fue convocada con el objetivo de expedirse acerca del dictamen emitido por la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa en el marco del Procedimiento para la Gestión de Denuncias y Remoción de Trámites iniciado al fiscal del Ministerio Público de la Acusación de la 4ta. Circunscripción Judicial.
La destitución del fiscal Aldo Gerosa, decidida por unanimidad en la Legislatura, es un nuevo capítulo de un escándalo político-judicial que involucra al senador por el Departamento General Obligado, Orfilio Marcón, y al diputado Dionisio Scarpin. Pero mientras el fiscal es castigado, los legisladores que fueron parte del problema continúan en sus cargos, votando incluso la salida de quien los favoreció.
Un fiscal removido, políticos impunes
Aldo Gerosa fue destituido por “mal desempeño en sus funciones”, acusado de haber manipulado el caso de abuso sexual de una niña en Avellaneda, entre otros. Se le reprocha haber acordado un juicio abreviado con una pena irrisoria para el abusador, Marcelo Galaz, exsecretario privado de Scarpin y figura clave en la estructura política del norte santafesino.
Pero el escándalo no termina ahí. La sombra de la impunidad se cierne sobre el senador Marcón, señalado por intervenir directamente en la causa para garantizarle a Galaz una condena menor. Mientras tanto, la política decide hacer justicia con el eslabón más débil: el fiscal que ejecutó lo que otros promovieron en las sombras.
La trama detrás de la destitución
La Comisión de Acuerdos de la Legislatura elaboró un dictamen contundente contra Gerosa, apuntando a su rol en la reducción de la pena de 32 a 7 años para Galaz, mediante un acuerdo judicial sin precedentes. Este escándalo sacó a la luz contactos entre Gerosa y el senador Marcón, quien incluso fue fotografiado en los tribunales de Reconquista el día previo al juicio.
La destitución de Gerosa fue votada por unanimidad por diputados y senadores, sin disidencias ni abstenciones. Entre esos legisladores que decidieron su suerte, estaban los mismos que se beneficiaron de su accionar en el poder judicial. La política decidió apartar a un funcionario judicial, pero se blindó a sí misma de cualquier responsabilidad.
Las voces legislativas del norte
«La destitución de Gerosa es un acto de justicia para todas las víctimas que fueron ignoradas por su inacción y negligencia. La ineficiencia en la persecución de abusadores no es un error menor», sostuvo Diputada Socialista «Charo» Mancini tras la sesión legislativa.
Asimismo, la diputada resaltó la necesidad de que se apliquen con mayor firmeza los protocolos de acompañamiento a víctimas de abuso y la Ley Micaela en el Poder Judicial. «Un Estado que ignora a las víctimas es un Estado cómplice. Queremos una justicia eficiente, transparente y con perspectiva de género», concluyó.
El Diputado Emiliano Peralta, del bloque celeste Somos Vida, indicó “ha quedado demostrado cabalmente que no ha sido esto un pase de facturas de poderosos estudios jurídicos”. Destacó lo “concluyente y contundente” del informe del auditor general del Ministerio Público de la Acusación, Leandro Mai.
El legislador además elogió la forma como la Comisión de Acuerdos tramitó el caso de Gerosa y recordó que pudo defenderse aún con los plazos ya vencidos. Dijo que son “injustificables” sus argumentos para convalidar un juicio abreviado que no tuvo en cuenta el deseo de la víctima de “que vaya preso” el violador, además de no haber ordenado medidas en protección de la niña.
“Hemos hecho un acto de justicia y de legitimación del poder judicial”, es “la respuesta política que corresponde para fortalecer al MPA”, subrayó. Reclamó más fiscales para el norte santafesino.
¿Quién investiga a los legisladores?
El diputado Fabián Palo Oliver insinuó que podrían explorarse alternativas para investigar el accionar del senador Marcón. Sin embargo, el antecedente del peronista Armando Traferri, que logró evitar cualquier proceso judicial gracias a los fueros, deja en claro que en Santa Fe los legisladores gozan de una protección especial.
La víctima de los abusos, que durante años sufrió en silencio, escribió cartas pidiendo justicia. Pero la respuesta política sigue siendo la misma: destituir a un fiscal es fácil, remover a un senador es otra historia. En el juego del poder, la impunidad sigue teniendo aliados dentro de la Legislatura.
