El gobernador Maximiliano Pullaro envió a la Legislatura los pliegos para cubrir 39 cargos en el Ministerio Público de la Acusación. Lo que generó sorpresa en los pasillos políticos no fue solo la decisión de reforzar una estructura colapsada, sino que entre los nombres propuestos figuran varios que ya habían sido impulsados por el exgobernador Omar Perotti en el final de su mandato. En aquel momento, los pliegos fueron rechazados por una fuerte presión opositora, incluidos referentes radicales que hoy son parte del gobierno. Incluso el propio Pullaro, cuando era diputado, votó en contra.
La decisión oficial se tomó sobre el cierre del período de sesiones extraordinarias y fue comunicada con premura, con la intención de que las designaciones se voten a fines de mayo. La Comisión de Acuerdos del Senado será la encargada de evaluar a cada postulante, antes de que los pliegos sean discutidos en Asamblea Legislativa. Si no se tratan en el plazo previsto, quedarían aprobados de forma ficta.
La medida fue presentada como un paso clave para atender el déficit de fiscales que atraviesa el sistema judicial santafesino. Pero el reparto territorial despertó tensiones internas en la coalición oficialista. Más de la mitad de los cargos propuestos (22 de 39) están destinados a la segunda circunscripción judicial, con sede en Rosario, mientras otras regiones de la provincia —como Reconquista, Rafaela o Santa Fe capital— reclaman desde hace años una mayor dotación de personal y recursos.
“La situación es crítica en todos lados, no solo en Rosario”, deslizó un legislador del oficialismo que representa al norte provincial. En off, varios aliados del radicalismo manifestaron su malestar por la concentración de nombramientos en una sola zona, mientras que gestiones anteriores para cubrir cargos en sus respectivas jurisdicciones no fueron escuchadas.
Otro punto que generó incomodidad es el “reciclaje” de nombres. Algunos de los postulantes ya habían sido propuestos por la gestión anterior, pero fueron rechazados por la entonces oposición radical, con Pullaro a la cabeza. La actual vuelta atrás sin demasiadas explicaciones alimenta las críticas por la falta de coherencia y el uso político de los mecanismos institucionales.
En detalle, Rosario concentra 22 pliegos, cuando las vacantes registradas en los últimos años fueron 18. En tanto, para la ciudad de Santa Fe solo se propusieron tres nombres pese a siete cargos vacantes. Venado Tuerto suma seis designaciones para cubrir cuatro vacantes, y Reconquista y Rafaela —dos circunscripciones con déficits históricos— solo recibirían cuatro fiscales cada una.
La intención del gobierno es mostrar voluntad de gestión frente a la crisis del sistema penal, en especial tras la ola de violencia en Rosario. Pero la forma y el fondo del mensaje abrieron un nuevo frente de conflicto dentro de la alianza gobernante, que ve con preocupación cómo se reproducen viejas prácticas que antes eran cuestionadas.
