Por Mg. Gonzalo Macco *
La crisis del Estado argentino no es solo una crisis fiscal o de eficiencia: es, sobre todo, una crisis de legitimidad. Cuando la ciudadanía pierde confianza en que el Estado pueda controlar lo que debe, corregir lo que falla y sancionar lo que corresponde, el sistema político se vacía de contenido democrático real. En este contexto, refundar el control no es una tarea técnica, sino un acto profundamente político.
Durante las últimas décadas, el control gubernamental fue oscilando entre dos extremos: la captura partidaria de los organismos encargados de controlar y la parálisis funcional producto de disputas institucionales. En ambos casos, lo que se deteriora no es solamente la capacidad de auditar o supervisar, sino la propia noción de accountability en una democracia republicana.
Hoy el desafío es otro. Se trata de reconstruir capacidades estatales para ejercer un control legítimo, efectivo y técnicamente solvente, que esté a la altura de los desafíos de una administración pública compleja, federal, tensionada y en proceso de redefinición. Esta refundación del control no puede ser entendida como una restauración conservadora, sino como una innovación institucional.
El control que viene no es solo ex post. No se limita a revisar lo que ya pasó, sino que interviene como una herramienta de mejora continua, de aprendizaje organizacional, de monitoreo en tiempo real. Es un control preventivo, estratégico, articulado con la gestión y orientado a resultados. Requiere funcionarios capacitados, metodologías modernas, apertura de datos y diálogo institucional entre niveles de gobierno.
Pero también, y sobre todo, requiere voluntad política. Porque sin voluntad de controlarse a sí mismo entre los diversos poderes del estado, ningún gobierno puede construir legitimidad duradera. Y sin voluntad del sistema político de profesionalizar y blindar a los organismos de control, cualquier intento técnico queda reducido a una formalidad.
El camino no es sencillo. Implica superar resistencias de actores que se beneficiaron de zonas opacas. Implica asumir que el control público no es sinónimo de desconfianza, sino de confianza bien fundada. Que no es una herramienta contra el gobierno, sino a favor del buen gobierno y consecuentemente la consolidacion del estado democratico. Que no está para obstaculizar la gestión, sino para garantizar que la misma funcione correctamente.
En ese marco, el fortalecimiento del control público debe estar en el centro de una nueva agenda de gobernabilidad democrática. Eso incluye auditorías externas e internas, control parlamentario, sistemas de monitoreo ciudadano, evaluación de políticas públicas, participación informada, y una burocracia estatal que entienda su rol con integridad y compromiso.
La profesionalización del control, su territorialización en los gobiernos subnacionales, su articulación con la academia y la sociedad civil, y su inserción estratégica en los ciclos de gestión son elementos claves para una política pública moderna y efectiva.
Si algo ha mostrado la historia reciente es que sin control no hay reforma posible. Las reformas sin control son retóricas; los discursos sobre eficiencia sin datos verificables, vacíos; y las decisiones sin evaluación, una ruleta institucional.
Refundar el control y la profesionalización del servicio civil, en definitiva, es parte del proceso de refundar el Estado. Y eso no lo hará un decreto, ni una ley aislada, ni un tecnócrata iluminado. Lo hará una generación de dirigentes, profesionales y ciudadanos convencidos de que el futuro se construye con instituciones fuertes, responsables y abiertas al escrutinio público.
En este nuevo tiempo, el control no puede ser un apéndice técnico. Tiene que volver a ser lo que siempre debió ser: un acto de responsabilidad política.
Gonzalo Macco *
Presidente del Instituto de Gestión Pública del Colegio de Abogados de Rosario
