El clima dentro del Poder Judicial santafesino se tensa cada vez más frente a la actitud del gobernador Maximiliano Pullaro, a quien los gremios del sector acusan de hostigar sistemáticamente a los trabajadores y de desconocer la labor esencial que cumplen en el funcionamiento de la Justicia. La tensión se potencia con los intentos de reforma impulsados desde la Casa Gris, que para muchos responden más a intereses personales que a un proyecto institucional genuino.
Desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia (SITRAJU), con la voz de su secretario general, Rafael Perlo, las críticas no han cesado. El dirigente gremial denunció públicamente que el gobernador Pullaro continúa con una política de “hostigamiento” que afecta directamente las condiciones laborales del sector judicial, ignorando no sólo los reclamos salariales sino también la necesidad urgente de nombramientos en distintas jurisdicciones, lo que pone en riesgo el funcionamiento pleno del servicio de justicia.
“Hace meses que reclamamos por las vacantes sin cubrir, por los bajos salarios y por la falta de diálogo con el Ejecutivo. El gobernador no sólo no da respuestas, sino que nos estigmatiza públicamente. Pareciera que busca desprestigiar nuestra labor para avanzar con sus propios intereses”, señaló Perlo en declaraciones a la prensa.
El malestar se profundizó con la decisión del mandatario provincial de asumir como Convencional Constituyente para impulsar una reforma de la Constitución santafesina. Aunque no lo ha dicho abiertamente, en el entorno político y sindical crecen las sospechas de que el verdadero objetivo de la reforma es permitir su reelección indefinida y avanzar sobre el Poder Judicial. Uno de los puntos más controvertidos es la propuesta de desvincular al Ministerio Público de la Acusación (MPA) del Poder Judicial, lo que para muchos representa un claro intento de intervenir políticamente en la Justicia.
“Cambiar la estructura de la Justicia sin consenso ni garantías institucionales es una amenaza directa a la independencia de los poderes. Y si además se hace con la intención de perpetuarse en el poder, estamos ante un escenario sumamente preocupante”, advirtieron desde el gremio judicial.
Los trabajadores judiciales santafesinos, al igual que otros sectores estatales, arrastran meses de deterioro salarial, sin actualizaciones acordes al costo de vida ni reconocimiento al trabajo cotidiano que sostienen en condiciones muchas veces precarias. Mientras tanto, el Ejecutivo parece concentrado en asegurar su agenda política, desoyendo las demandas del sector público que, en gran medida, mantiene en funcionamiento los engranajes del Estado.
Las protestas, comunicados gremiales y medidas de fuerza no se han hecho esperar. “No se puede reformar la Constitución sin antes garantizar los derechos básicos de los trabajadores. El gobernador debe dejar de mirar su futuro político y empezar a ocuparse del presente de los santafesinos”, concluyó Perlo.
En medio de un escenario político convulsionado, los judiciales se suman a una lista creciente de sectores del Estado que cuestionan con dureza la gestión de Pullaro. La crisis institucional parece tomar forma no sólo en los despachos del Poder Judicial, sino en la creciente desconfianza hacia un Ejecutivo que, lejos de buscar consenso, avanza a fuerza de confrontación.
