Santa Fe vive por estos días un proceso judicial con repercusiones que exceden lo estrictamente penal y alcanzan de lleno al escenario político. El juicio al exfiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, no es un expediente más: se trata de una causa que expone la crisis de confianza sobre el Ministerio Público de la Acusación (MPA), revela las tensiones internas en la Justicia provincial y proyecta consecuencias directas sobre uno de los dirigentes más influyentes de la Legislatura santafesina, el senador Armando Traferri.
El proceso abierto contra Serjal está atravesado por denuncias de connivencia con el juego clandestino, acusaciones de encubrimiento a empresarios y sospechas de vínculos con sectores políticos. Su desenlace tendrá impacto no solo en la valoración pública de la Justicia sino también en la suerte de dirigentes que todavía conservan fueros parlamentarios. En ese marco, el caso ya se instaló como una de las principales causas judiciales de la última década en la provincia.
La Justicia de Rosario comenzó a juzgar al exfiscal regional Patricio Serjal por asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica, en una causa que excede lo estrictamente judicial. Lo que está en juego es mucho más que la situación procesal de un exfuncionario: se trata de un expediente con derivaciones políticas que rozan al senador provincial Armando Traferri, acusado de tener vínculos con la trama de juego clandestino en la provincia.
Una defensa con acusaciones de “causa armada”
En la primera jornada del juicio, el abogado defensor Ignacio Carbone cuestionó con dureza el proceso que llevó a Serjal al banquillo. Sostuvo que la investigación fue direccionada y que el caso se construyó a partir de pruebas “débilmente sostenidas” y testimonios de imputados colaboradores, como el capitalista del juego clandestino Leonardo Peiti y el exfiscal Gustavo Ponce Asahad. Ambos, recordó, se acogieron a juicios abreviados y admitieron delitos a cambio de reducciones de pena.
La estrategia de la defensa apunta a demostrar que Serjal fue víctima de una operación política y judicial. Carbone planteó que en el teléfono de Mariana Ortigala –actualmente detenida por narcotráfico– se encontraron pruebas que demostrarían la manipulación de declaraciones contra Serjal. Según la versión de la defensa, detrás de esa maniobra estaba el fiscal Matías Edery, ya apartado de sus funciones e imputado por encubrimiento.
Los fiscales y la acusación
Del otro lado, los fiscales José Luis Caterina, Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato acusan a Serjal de haber organizado un esquema de encubrimiento judicial para proteger a empresarios vinculados al juego clandestino. La acusación reclama 12 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El equipo del Ministerio Público de la Acusación (MPA) sostiene que existió una red de corrupción que permitió el funcionamiento del juego ilegal, y que esa cobertura tuvo ramificaciones en distintos niveles del poder político. Para el tribunal, la clave será determinar si las pruebas alcanzan para sostener esa hipótesis.
El factor Ortigala y la fractura del MPA
Uno de los puntos sensibles del juicio es la figura de Mariana Ortigala, que pasó de ser testigo contra el narco Esteban Alvarado a informante de fiscales del MPA. Luego, fue acusada de encabezar extorsiones junto a integrantes de Los Monos y se le detectaron 14 propiedades que no pudo justificar.
El uso de Ortigala como testigo e informante dividió al Ministerio Público y es ahora uno de los argumentos principales de la defensa de Serjal. La propia Fiscalía admite que el caso expone tensiones internas y decisiones polémicas en torno a la gestión de testigos protegidos.
Traferri, el nombre que sobrevuela
El nombre del senador Armando Traferri aparece en el trasfondo de cada alegato. Para la defensa, Serjal es apenas un eslabón en un plan que apuntaba a incriminar al legislador de San Lorenzo, enfrentado con el exministro de Seguridad Marcelo Saín. Para la acusación, en cambio, el proceso confirma que existió una cobertura judicial al empresario Peiti que no pudo sostenerse sin vínculos políticos de alto nivel.
El futuro de Traferri podría definirse en función de cómo avance este juicio:
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Si Serjal es condenado:
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La acusación fiscal se vería fortalecida y el tribunal daría por probada la existencia de un esquema de corrupción ligado al juego clandestino.
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Traferri quedaría en el centro de la escena cuando su propia imputación llegue a juicio, con mayor presión política y judicial en su contra.
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El oficialismo y la oposición podrían exigirle apartarse de sus funciones en el Senado, debilitando su rol como operador clave en la rosca legislativa.
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Si Serjal es absuelto o la investigación es cuestionada por irregularidades:
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La estrategia de la defensa ganaría peso y Traferri podría sostener con mayor fuerza que la causa en su contra fue “armada”.
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La fiscalía quedaría golpeada y se reforzarían las críticas al MPA por su manejo de testigos, especialmente el vínculo con Mariana Ortigala.
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El legislador de San Lorenzo obtendría aire político en un contexto de creciente tensión con el Ejecutivo provincial.
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El nombre del senador justicialista Armando Traferri aparece en el trasfondo de la causa. Aunque no es parte directa de este juicio, el desenlace puede ser decisivo para su futuro político y judicial.
Lo que viene
El debate oral se extenderá durante unas tres semanas, con la presencia de testigos clave y declaraciones que podrían reconfigurar el mapa judicial y político en Santa Fe. La acusación contra Serjal busca probar que se garantizó “cobertura judicial” a Peiti, mientras que la defensa insiste en que todo el proceso fue manipulado.
Sea cual sea la sentencia, el juicio dejará huellas profundas en el MPA, en la política santafesina y en la suerte judicial del senador Traferri, que permanece en el centro de una de las causas más sensibles de los últimos años.
