Mientras crece el debate sobre cómo transformar políticas públicas en herramientas concretas de inclusión, una iniciativa legislativa busca poner sobre la mesa un cambio estructural en la forma en que Santa Fe releva información, planifica acciones y acompaña a las personas con discapacidad.
La diputada provincial Beatriz Brouwer presentó dos proyectos complementarios que apuntan a construir un nuevo esquema provincial en materia de discapacidad: por un lado, la creación de un Observatorio Provincial de Discapacidad como organismo técnico para producir información y evaluar políticas públicas; y por otro, el desarrollo de una aplicación móvil denominada DISCAPP, orientada a facilitar trámites, acceso a prestaciones y servicios.
Aunque ambas iniciativas están pensadas para funcionar de manera articulada, el eje central del planteo aparece en la construcción de información pública y herramientas de gestión que permitan pasar de políticas generales a decisiones apoyadas en evidencia.
Un Observatorio para saber cuántos son, dónde están y qué necesitan
El proyecto principal propone crear el Observatorio Provincial de Discapacidad, un organismo técnico, público y con autonomía funcional que tendría como misión generar, sistematizar, analizar y difundir información sobre la situación de las personas con discapacidad en Santa Fe.
La lógica del proyecto parte de una idea concreta: que hoy el Estado cuenta con información dispersa entre distintas áreas y que muchas veces eso dificulta diseñar políticas públicas sostenidas, medir resultados o detectar desigualdades territoriales.
Según el texto presentado, el Observatorio tendría entre sus funciones: relevar y sistematizar estadísticas vinculadas a discapacidad; consolidar datos sobre Certificados Únicos de Discapacidad (CUD), pensiones y beneficios; incorporar variables sobre educación, empleo, vivienda, deporte, recreación y participación política; elaborar informes técnicos periódicos para el Ejecutivo, Legislatura y organismos públicos; desarrollar un Registro Provincial de Discapacidad con criterios estadísticos y georreferenciación; coordinar investigaciones con universidades y organizaciones civiles; generar capacitación y asesoramiento técnico.
Uno de los aspectos que aparece especialmente desarrollado es el de la gobernanza institucional.
El Observatorio tendría además un Consejo Consultivo ad honorem, integrado por representantes del Estado provincial, Defensoría del Pueblo, Cámara de Diputados, universidades y organizaciones vinculadas a discapacidad, con funciones de supervisión metodológica y validación de agendas de trabajo.
Datos, pero con resguardo y acceso abierto
Otro punto que el proyecto desarrolla con detalle es el tratamiento de información sensible.
La propuesta establece que el acceso a bases individualizadas deberá estar restringido y regulado, mientras que la publicación pública se realizaría mediante indicadores agregados y visualizaciones accesibles. También prevé protocolos de anonimización, estándares de seguridad y formatos reutilizables de datos abiertos.
Además, los informes y la plataforma digital del Observatorio deberían estar disponibles en formatos accesibles —lectura fácil, audio, compatibilidad con lectores de pantalla y otros recursos— para garantizar acceso universal a la información.
En los fundamentos del proyecto se sostiene que la provincia necesita avanzar hacia un sistema que permita diseñar, monitorear y evaluar políticas inclusivas apoyadas en evidencia y no únicamente en intervenciones fragmentadas.
El complemento tecnológico: una aplicación para acercar servicios y reducir barreras
En paralelo, Brouwer presentó un segundo proyecto que aparece como complemento operativo del Observatorio.
La iniciativa propone crear la aplicación móvil DISCAPP, pensada para facilitar el acceso de personas con discapacidad a trámites, servicios de salud, prestaciones, recursos de apoyo e incluso información vinculada al turismo accesible, especialmente en zonas rurales o alejadas de grandes centros urbanos.
La aplicación incluiría funcionalidades como: acceso a información sobre diagnósticos y tratamientos en formatos accesibles; directorio georreferenciado de centros de salud y rehabilitación; localización mediante mapas interactivos; gestión y seguimiento de trámites vinculados al CUD y beneficios; agenda de turnos médicos y recordatorios; sección de turismo accesible; espacios de capacitación y participación ciudadana; interoperabilidad con sistemas provinciales y nacionales.
Uno de los elementos más novedosos del proyecto es que incorpora requerimientos técnicos poco habituales en iniciativas legislativas: funcionamiento parcial sin conexión, integración con WhatsApp y SMS, estándares internacionales de accesibilidad digital (WCAG 2.1 nivel AA), pruebas con usuarios reales y mecanismos específicos de protección de datos personales.
Una propuesta que busca pasar de la asistencia al diseño de políticas
Detrás de ambos proyectos aparece una idea más amplia.
La iniciativa no pone el foco únicamente en ampliar prestaciones, sino en construir capacidad estatal para conocer mejor el universo de personas con discapacidad, identificar brechas territoriales y ordenar intervenciones públicas.
El Observatorio funcionaría como el espacio de producción de conocimiento y monitoreo.
DISCAPP sería la puerta de entrada para que ese conocimiento se transforme en servicios concretos.
En un contexto donde cada vez más políticas públicas se apoyan en datos, interoperabilidad y acceso digital, la propuesta abre una discusión que excede la tecnología: cómo garantizar inclusión real sin depender exclusivamente de estructuras administrativas fragmentadas.
