El diputado provincial cuestionó con dureza el proyecto impulsado por el Gobierno santafesino para modificar el Código Procesal Penal, aseguró que otorga facultades excesivas a fiscales y policías y advirtió que algunas medidas “violan el debido proceso”. Además, expresó su preocupación por la futura reforma electoral y rechazó un eventual aumento del piso para acceder a bancas en Diputados.
La reforma del Código Procesal Penal que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro volvió a recibir fuertes cuestionamientos desde la oposición. En una entrevista concedida al programa Democráticamente, que conduce Juan Francisco por AGOFA TV, el diputado provincial Fabián Palo Oliver calificó varios de los cambios propuestos como “disparates” e incluso sostuvo que algunos artículos son abiertamente inconstitucionales.
Para el legislador del Frente Amplio por la Soberanía, el proyecto no solo altera principios esenciales del sistema acusatorio vigente en Santa Fe, sino que además profundiza la injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Ministerio Público de la Acusación y amplía las facultades de las fuerzas de seguridad sin los controles judiciales adecuados.
“Viola el debido proceso y el derecho de defensa”
Uno de los puntos que más cuestionó Palo Oliver es la posibilidad de que los fiscales puedan adoptar decisiones que, a su entender, equivalen a una condena sin intervención judicial efectiva.
En ese sentido, afirmó que permitir que una persona deba defenderse de una resolución ya adoptada por un fiscal “es un disparate” y consideró que quienes redactaron esos artículos desconocen principios básicos del derecho procesal. También advirtió que una iniciativa de esas características vulneraría garantías constitucionales vinculadas con el derecho de defensa y el debido proceso.
El diputado recordó además que participó del proceso de transformación que dio origen al actual sistema acusatorio santafesino, el cual sustituyó el viejo esquema inquisitivo y separó claramente las funciones de investigar, acusar y juzgar.
Críticas al mayor poder para fiscales y policías
Durante la entrevista, Palo Oliver también expresó su rechazo a la posibilidad de ampliar las facultades operativas de la Policía, especialmente en materia de declaraciones e investigaciones sin una intervención judicial suficiente.
A su juicio, habilitar que efectivos policiales tomen declaraciones sin presencia de un abogado defensor o permitir allanamientos con menores controles representa un retroceso institucional y puede abrir la puerta a situaciones de violencia institucional y abusos de autoridad. Incluso recordó casos recientes en los que agentes fueron investigados por apremios ilegales durante procedimientos realizados bajo supervisión judicial, como argumento para cuestionar una eventual flexibilización de los controles.
En esa línea, sugirió que algunas de las modificaciones impulsadas por el Gobierno podrían responder a reclamos internos de sectores de la cúpula policial surgidos tras la crisis atravesada por la fuerza meses atrás.
Una mirada crítica sobre el vínculo entre el Ejecutivo y la Justicia
Más allá de la reforma penal, Palo Oliver sostuvo que existe una creciente influencia de la política sobre el Ministerio Público de la Acusación y cuestionó los mecanismos de selección y control de fiscales y jueces.
Según planteó, el actual esquema favorece una “colonización” de la Justicia por parte de los sectores políticos que ejercen el poder en la provincia, debilitando la independencia que debería caracterizar a esos organismos. También insistió en que determinados espacios políticos generan mecanismos de protección e impunidad frente a investigaciones sensibles vinculadas con funcionarios públicos.
En otro tramo de la entrevista, Fabián Palo Oliver salió en defensa de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, así como del exministro de Seguridad Marcelo Saín, al sostener que fueron objeto de una persecución política en el marco de la investigación sobre el juego clandestino en Santa Fe. El diputado afirmó que “ya llegará el día que les pidan disculpas públicas” porque, a su entender, el avance de las causas judiciales terminó ratificando buena parte de las investigaciones que impulsaron. En ese sentido, rechazó la versión de que el expediente contra el senador Armando Traferri hubiera sido una maniobra política orquestada por Saín o por los fiscales y aseguró que el tiempo “está poniendo las cosas en su lugar”, a medida que la Justicia continúa avanzando sobre otros actores vinculados a esa trama. Asimismo, cuestionó la decisión del Senado de no habilitar el desafuero de Traferri y denunció la existencia de una protección corporativa que, según su visión, dificultó el avance de las investigaciones.
Reforma electoral: alerta por un posible aumento del piso
El diputado también se refirió al debate que se avecina sobre la reforma electoral santafesina y advirtió sobre la posibilidad de elevar el umbral mínimo necesario para acceder a una banca en la Cámara de Diputados.
Palo Oliver sostuvo que un incremento del piso desde el actual porcentaje podría excluir a fuerzas minoritarias y terminar beneficiando exclusivamente a los partidos tradicionales. En ese sentido, defendió un sistema que garantice una representación más amplia y cuestionó cualquier intento de limitar el ingreso de expresiones políticas emergentes mediante modificaciones legales.
Además, consideró que, tras la eliminación de la cláusula de mayoría automática en la reforma constitucional, sería contradictorio introducir nuevas barreras que, en los hechos, produzcan un efecto similar al reducir la representación de las minorías.
Un debate que promete seguir escalando
Las declaraciones de Palo Oliver se suman a otras voces críticas que en las últimas semanas cuestionaron distintos aspectos de la reforma penal impulsada por el Ejecutivo provincial. En paralelo, la futura discusión sobre el sistema electoral aparece como otro de los grandes temas que marcarán la agenda legislativa de Santa Fe.
Desde su mirada, ambas iniciativas deben debatirse con amplitud y sin perder de vista la necesidad de preservar principios constitucionales, garantizar el equilibrio institucional y evitar que las reglas del juego democrático o judicial queden condicionadas por coyunturas políticas o mayorías circunstanciales.
