Con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro y de la Corte Suprema de Justicia quedó inaugurado el nuevo edificio anexo de los Tribunales de Santa Fe. Sin embargo, la obra quedó opacada por la ausencia de las máximas autoridades del Ministerio Público de la Acusación y del Ministerio Público de la Defensa, en un gesto que volvió a evidenciar el conflicto institucional que atraviesa al Poder Judicial tras la reforma constitucional. Entre llamados al diálogo, frases filosas y diferencias políticas, la jornada dejó mucho más que un corte de cintas.
La ciudad de Santa Fe sumó este martes una de las obras judiciales más importantes de las últimas décadas. Después de casi diez años de construcción, quedó oficialmente inaugurado el nuevo edificio «Anexo Palacio de Justicia», una infraestructura pensada para ampliar la capacidad operativa del Poder Judicial y mejorar la atención a la ciudadanía.
La fotografía institucional parecía reunir todos los ingredientes para mostrar un Poder Judicial fortalecido junto al Gobierno provincial. Allí estuvieron el gobernador Maximiliano Pullaro, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, ministros del máximo tribunal, integrantes del gabinete provincial, legisladores, intendentes y autoridades judiciales.
Sin embargo, la imagen quedó incompleta. Las grandes ausentes fueron la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, y la defensora provincial del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP), Estrella Moreno Robinson. Una ausencia que estuvo lejos de ser casual.
Una inauguración atravesada por el conflicto
La tensión tiene un origen concreto. Tras la reforma constitucional de 2025, el Ministerio Público de la Acusación y la Defensa Pública adquirieron autonomía constitucional respecto del Poder Judicial.
Ese nuevo esquema institucional modificó equilibrios históricos y abrió una discusión sobre el destino de los espacios que ocuparía cada organismo dentro del nuevo edificio.
La Corte decidió reasignar parte de las instalaciones originalmente previstas para ambos ministerios públicos.
Vranicich y Moreno Robinson rechazaron esa decisión al considerar que vulnera tanto la Constitución reformada como el destino original de la obra, financiada mediante un crédito internacional concebido para albergar el Centro de Justicia Penal.
Desde entonces comenzó un conflicto institucional que, lejos de descomprimirse, se profundizó en las últimas semanas.
La ausencia de ambas funcionarias durante la inauguración terminó convirtiéndose en el hecho político más comentado de la jornada.
Pullaro pidió bajar la tensión
Durante su discurso, el gobernador evitó profundizar la disputa, aunque dejó en claro que hubiera preferido otra postal institucional. «No está bueno que hoy aquí no esté la titular del Ministerio Público de la Acusación ni la titular del Ministerio Público de la Defensa», afirmó.
Luego hizo un llamado directo a reconstruir los puentes entre las instituciones. «Insto a las instituciones del Estado a que podamos dialogar, escucharnos y ponernos de acuerdo. La noticia no puede ser las diferencias que podamos tener hacia adentro, sino la potencia que tiene la Provincia de Santa Fe cuando trabaja de manera conjunta con objetivos claros.»
Más adelante fue incluso un paso más allá. Reconoció que la reforma constitucional modificó el escenario institucional y aseguró que el Gobierno provincial está dispuesto a colaborar económicamente para encontrar una salida. «Si hay que poner recursos, el Gobierno provincial los va a poner.»
El mandatario también recordó el trabajo conjunto realizado durante la crisis de seguridad que atravesó Santa Fe y reivindicó el rol que tuvieron fiscales, defensores y jueces en la lucha contra las organizaciones criminales. «Nunca vamos a negar las diferencias que tenemos, pero siempre nos vamos a poder sentar en una mesa.»
La frase de Gutiérrez que marcó el acto
Finalizada la ceremonia, Rafael Gutiérrez fue consultado sobre las ausencias.
Su respuesta fue breve, aunque cargada de significado político. «No sé, pregúntenselo a ellos.»
Pero inmediatamente dejó una frase que rápidamente comenzó a recorrer los pasillos judiciales. «No hay que darle al pito más de lo que el pito vale.»
El presidente de la Corte también recordó que el máximo tribunal ya ofreció alternativas para resolver el conflicto. «Siempre estuvimos dispuestos al diálogo. Tenemos una acordada donde les dimos el sexto piso de este edificio y también el edificio que será desalojado por el fuero laboral.»
Y cerró dejando abierta una puerta. «Todo está para dialogar.»
Mucho más que un problema edilicio
Detrás de la discusión por oficinas, pisos y metros cuadrados se esconde una disputa mucho más profunda.
La reforma constitucional redefinió el funcionamiento del sistema judicial santafesino. Por primera vez, el Ministerio Público de la Acusación y la Defensa Pública dejaron de integrar formalmente el Poder Judicial para convertirse en órganos constitucionalmente autónomos.
Ese cambio modificó relaciones de poder que durante años permanecieron prácticamente inalterables. Lo que hoy aparece como una discusión por un edificio refleja, en realidad, el complejo proceso de adaptación institucional que atraviesa todo el sistema judicial santafesino.
Cuando la política también llega a los tribunales
Resulta difícil separar esta discusión del contexto político que atraviesa la provincia.
La renovación parcial de la Corte Suprema impulsada por Pullaro, la reforma constitucional, las nuevas autonomías institucionales y las distintas miradas sobre cómo debe organizarse el sistema judicial conforman un escenario donde la política aparece inevitablemente como actor central.
El viejo principio de «divide y reinarás» parece haberse instalado también dentro del universo judicial. Cada institución busca afirmar su autonomía, defender competencias y consolidar espacios de poder.
Pero esa estrategia también puede tener consecuencias no deseadas. Porque cuando las diferencias institucionales se transforman en enfrentamientos permanentes, quienes terminan perdiendo son los propios ciudadanos, destinatarios finales del servicio de justicia.
El desafío que viene
Paradójicamente, el edificio inaugurado fue pensado para acercar la Justicia a la gente. Sin embargo, su estreno quedó atravesado por una disputa que simboliza el momento que vive la institucionalidad santafesina.
El desafío ahora será transformar esa grieta en una mesa de diálogo. Porque si algo dejó en evidencia la inauguración del nuevo Palacio de Justicia es que ninguna reforma institucional será plenamente exitosa si quienes deben hacerla funcionar continúan enfrentados.
La política volvió a meterse en el corazón del sistema judicial. Y como suele ocurrir cuando las disputas de poder se profundizan, el riesgo es que el intento de dividir para gobernar termine provocando exactamente el efecto contrario: debilitar las instituciones que se pretendía fortalecer.
