A los problemas financieros que atraviesa el municipio se suma una fuerte disputa política entre la intendenta Maribel González y el senador Oscar Dolzani, ambos integrantes del oficialismo provincial. Mientras sectores locales denuncian maniobras para forzar una intervención y cuestionan la falta de auxilio de la Casa Gris, el exsenador José “Pepe” Baucero reapareció en escena, rechazó cualquier salida institucional extrema y propuso abrir una negociación política para garantizar el pago de salarios y la continuidad de los servicios. Política de Santa Fe intentó obtener la versión del legislador departamental, pero no recibió respuesta.
La ciudad de San Javier atraviesa una situación que ya excede ampliamente una dificultad financiera coyuntural.
El municipio enfrenta problemas para cumplir con el pago de los salarios y el medio aguinaldo de sus trabajadores, mantiene servicios condicionados por medidas de fuerza y soporta el impacto de la caída de la actividad económica, la menor recaudación y la reducción de recursos provenientes de otros niveles del Estado.
Pero a ese escenario se le agregó una disputa política cada vez más abierta dentro del propio oficialismo provincial.
La intendenta Maribel González y el senador por el departamento San Javier, Oscar Dolzani, quedaron enfrentados en una pelea que comenzó a generar preocupación entre trabajadores, vecinos y dirigentes políticos de la región.
En distintos sectores de la comunidad ya no se habla solamente de una crisis económica. También se advierte sobre una situación de gravedad institucional.
Una ciudad golpeada por la crisis económica
San Javier no escapa a la realidad que atraviesan numerosos municipios y comunas de Santa Fe.
La caída del consumo redujo la recaudación local, la coparticipación perdió capacidad para cubrir las erogaciones habituales y la demanda social aumentó de manera considerable.
Como ocurre en muchas localidades, el municipio se convirtió en el primer lugar al que recurren los vecinos cuando necesitan alimentos, medicamentos, asistencia para pagar servicios o ayuda ante una emergencia.
El exsenador José “Pepe” Baucero describió a la administración municipal como “el primer mostrador del Estado”.
Según explicó, San Javier posee una base tributaria limitada porque no cuenta con grandes empresas que generen ingresos importantes y una parte significativa de su población vive de trabajos informales o changas.
Cuando la situación económica se deteriora, las familias priorizan el pago de la luz, el agua y los alimentos antes que las tasas municipales.
Ese escenario reduce todavía más los ingresos propios del Ejecutivo local. A la vez, el municipio debe sostener una planta cercana a los 300 trabajadores para una población de aproximadamente 22.000 habitantes, una estructura que representa una fuerte presión sobre las cuentas públicas.
Salarios atrasados y servicios condicionados
La crisis tomó una dimensión concreta cuando los trabajadores municipales iniciaron medidas de fuerza ante la falta de pago de los salarios de junio y de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario.
A pesar del conflicto, Baucero destacó que muchos empleados retomaron tareas durante el reciente temporal para asistir a los vecinos afectados. El dato muestra la complejidad de la situación.
Los trabajadores reclaman el pago de lo que les corresponde, pero al mismo tiempo continúan siendo indispensables para sostener los servicios esenciales y atender las emergencias que atraviesa la ciudad.
Una pelea dentro del oficialismo provincial
El conflicto financiero quedó rápidamente atravesado por una disputa política.
La intendenta Maribel González y el senador Oscar Dolzani forman parte del mismo frente que gobierna la provincia, pero mantienen un enfrentamiento que se profundizó durante los últimos meses.
En sectores políticos de San Javier se sostiene que Dolzani pretende avanzar sobre la Intendencia y que habría encontrado en la crisis económica una oportunidad para debilitar a la actual mandataria.
También comenzaron a circular versiones sobre un posible pedido de intervención municipal. Hasta el momento no existe una decisión institucional formal en ese sentido.
Sin embargo, la sola aparición de esa posibilidad generó alarma entre distintos actores locales, especialmente porque la intervención de un municipio constituye una herramienta extrema y de consecuencias políticas profundas.
Denuncias contra el senador y ausencia de respuestas
Dolzani también quedó en el centro de cuestionamientos por denuncias vinculadas con el manejo de recursos públicos.
Esas acusaciones forman parte del debate político y judicial, pero no implican por sí mismas una condena.
Política de Santa Fe realizó consultas para conocer la postura del senador sobre las versiones que lo señalan como impulsor de una estrategia destinada a debilitar al municipio. El legislador no respondió.
Sí lo hicieron vecinos y dirigentes de la comunidad que manifestaron su rechazo a la forma en que consideran que se está desarrollando la disputa política, sobre todo por parte del legislador y su gente.
Los testimonios recogidos describen un clima de presión creciente sobre la Intendencia y una utilización del conflicto salarial como herramienta para erosionar a la administración municipal.
La hipótesis de una intervención
Uno de los cuestionamientos más graves que circulan en San Javier es que algunos sectores estarían buscando crear las condiciones políticas para intervenir el municipio.
La acusación sostiene que, en lugar de colaborar para conseguir recursos y garantizar el pago de los trabajadores, se estaría profundizando el ahogo financiero para acelerar una crisis institucional.
Hasta ahora se trata de una denuncia política que deberá ser respaldada con pruebas. Pero su sola instalación revela el nivel de ruptura existente dentro del oficialismo.
El planteo también deja una pregunta incómoda que retumba en la ciudad para el Gobierno provincial. ¿Por qué en otras localidades con dificultades económicas se gestionaron adelantos de coparticipación o asistencias extraordinarias, mientras en San Javier crece la sensación de abandono?.
La Casa Gris, bajo cuestionamiento
Sectores cercanos a la intendenta consideran que existe una falta de respaldo de la administración provincial.
Incluso denuncian que funcionarios próximos al gobernador Maximiliano Pullaro estarían acompañando, de manera directa o indirecta, la estrategia del senador departamental. “Oficialmente no podemos decir muchas cosas en público para no terminar de romper relaciones, le dijo a este medio un dirigente oficialista local.
No existen hasta el momento elementos públicos suficientes para confirmar esa acusación. Sin embargo, en la comunidad se percibe con claridad que la Casa Gris no logró —o no quiso— desactivar la pelea entre dos referentes de su propia coalición.
La ausencia de una mediación política efectiva terminó agravando el conflicto. En lugar de ordenar la interna, el oficialismo provincial permitió que la disputa avanzara hasta poner en riesgo el normal funcionamiento del municipio.
El reclamo de las mujeres de San Javier
La situación de Maribel González también abrió otro debate.
Mujeres de la ciudad comenzaron a preguntar por qué legisladoras y dirigentes provinciales no expresaron públicamente su respaldo a la intendenta frente a lo que interpretan como un proceso de asfixia política.
Algunas consideran que el trato recibido está atravesado por una cuestión de género. Entienden que una intendenta mujer se encuentra sometida a un nivel de presión que difícilmente se ejercería de la misma manera sobre un dirigente varón.
La afirmación forma parte de la mirada de sectores de la comunidad y no puede darse por comprobada sin otros elementos. Pero el reclamo existe y empieza a ocupar un lugar dentro de la discusión política local.
También expone el silencio de numerosas referentes provinciales que suelen pronunciarse ante situaciones de violencia política o desigualdad de género.
Baucero volvió al centro de la escena
La gravedad del conflicto produjo el regreso de una figura histórica de la política departamental.
José “Pepe” Baucero, quien fue senador durante varios períodos y también intendente de San Javier, reapareció públicamente para advertir sobre los riesgos de la situación.
El dirigente peronista expresó su preocupación por la crisis financiera, pero fue categórico al rechazar una intervención. “Una intervención es el último camino y políticamente no tiene retorno”, sostuvo.
Para Baucero, la salida debe construirse mediante el diálogo entre el Ejecutivo municipal, el Concejo, los sindicatos, los legisladores y los gobiernos provincial y nacional.
Una salida política antes que institucional
El exsenador propuso gestionar de manera urgente Aportes del Tesoro Nacional para atender las obligaciones inmediatas.
Consideró que las actuales autoridades, por su alineamiento con los gobiernos provincial y nacional, deberían utilizar esos vínculos para conseguir asistencia económica. También se puso a disposición para colaborar en gestiones ante la Casa Gris o la Nación.
Baucero recordó que durante su etapa como intendente también atravesó momentos de extrema dificultad económica y debió, en algunas oportunidades, pagar salarios en cuotas.
Según explicó, el diálogo constante con los trabajadores permitió evitar una ruptura institucional y sostener los servicios. “El municipio no puede dejar de prestar servicios. La salida debe ser política, con diálogo y con el compromiso de todos los sectores”, afirmó.
Una interna que afecta a toda la comunidad
El conflicto entre González y Dolzani ya no puede ser analizado como una simple disputa entre dirigentes. La pelea comenzó a impactar sobre el funcionamiento cotidiano de la ciudad.
Los trabajadores no cobran. Los servicios se encuentran condicionados. Los vecinos observan con preocupación la posibilidad de una intervención. Y el oficialismo provincial no consigue ordenar a sus propios referentes.
La situación deja además expuesta una contradicción. Mientras el Gobierno provincial reivindica la autonomía municipal y asegura que pretende fortalecer a los gobiernos locales, en San Javier se discute una salida que implicaría reemplazar a las autoridades elegidas por el voto popular.
La responsabilidad de todas las partes
La intendenta deberá explicar con claridad la situación de las cuentas municipales, las decisiones administrativas tomadas y las posibilidades reales de normalizar el pago de salarios.
El senador deberá responder las acusaciones que lo señalan como impulsor de una estrategia de desestabilización y aclarar públicamente cuál es su propuesta para salir de la crisis.
El Gobierno provincial tendrá que definir si actúa como mediador, si brinda asistencia financiera o si permite que la interna continúe profundizándose.
También los sindicatos deberán participar de una mesa que combine el legítimo reclamo salarial con la necesidad de sostener los servicios esenciales.
San Javier necesita soluciones, no una guerra de poder
La ciudad enfrenta una combinación peligrosa. Crisis económica, atraso salarial, caída de la recaudación, interna partidaria, acusaciones cruzadas y versiones de intervención.
En ese contexto, la política no puede utilizar el salario de los trabajadores ni las necesidades de la comunidad como herramientas para definir quién controlará el municipio.
La intervención debe ser siempre la última alternativa, reservada para situaciones extremas y cuando se hayan agotado todas las instancias de diálogo.
Antes de llegar a ese punto, todavía existen herramientas administrativas, financieras y políticas. San Javier necesita recursos para pagar los salarios. Necesita acuerdos para garantizar los servicios. Y necesita que la disputa entre dirigentes deje de colocar a toda una comunidad en el medio.
El tiempo dirá si prevalece la propuesta de diálogo planteada por Baucero o si la interna radical continúa escalando hasta poner en riesgo la institucionalidad de la ciudad. Por ahora, la crisis permanece abierta y las respuestas siguen siendo insuficientes.
