AMSAFE movilizó este miércoles a docentes activos y jubilados hasta la Legislatura y entregó cerca de 20.000 firmas para reclamar cambios de fondo en el sistema previsional. Rodrigo Alonso aseguró que los trabajadores fueron quienes terminaron pagando el saneamiento de la Caja y describió las consecuencias concretas sobre los jubilados. El reclamo vuelve a abrir, además, una discusión política incómoda para el Gobierno provincial: mientras Santa Fe aplicó una reforma para reducir el déficit, Nación volvió a incumplir las transferencias comprometidas y el peronismo exige que Pullaro reactive las demandas ante la Corte.
Dos años después, los docentes santafesinos volvieron al lugar donde comenzó una de las disputas más fuertes entre los trabajadores estatales y el Gobierno de Maximiliano Pullaro.
Este miércoles 9 de septiembre, AMSAFE se movilizó frente a la Legislatura provincial para entregar un petitorio acompañado por cerca de 20.000 firmas de trabajadores activos y jubilados, recolectadas en distintos departamentos de Santa Fe.
La fecha tiene un fuerte contenido simbólico. La reforma previsional fue sancionada definitivamente por la Cámara de Diputados el 12 de septiembre de 2024 y promulgada ese mismo día. La Ley 14.283 declaró la emergencia previsional por dos años —con posibilidad de prórroga—, incorporó aportes extraordinarios y modificó distintos aspectos del sistema jubilatorio provincial. Dos años después, el conflicto está lejos de haber terminado.
AMSAFE volvió a la calle con cuatro reclamos centrales: terminar con la reforma previsional, poner fin a la emergencia, conseguir que los incrementos salariales lleguen a activos y jubilados sin las demoras que todavía cuestiona el sector y recuperar el 82% móvil real entre el haber jubilatorio y el salario de los trabajadores en actividad.
Pero detrás del petitorio aparece una discusión bastante más profunda. ¿Quién terminó pagando el costo de ordenar la Caja de Jubilaciones de Santa Fe?. Para el gremio docente, la respuesta no admite demasiadas dudas.
“La reforma significó pérdida de derechos”
Rodrigo Alonso eligió una definición contundente para hacer el balance de estos dos años. “La reforma significó pérdida de derechos para activos y jubilados”, sostuvo el secretario general de AMSAFE.
La acusación del sindicato apunta fundamentalmente al aporte solidario aplicado sobre determinados haberes jubilatorios, al incremento de los aportes personales de trabajadores activos y al mecanismo de movilidad que originalmente demoraba el traslado de los aumentos salariales hacia los pasivos.
Para AMSAFE, aquello que en 2024 fue presentado oficialmente como una herramienta destinada a recuperar sustentabilidad financiera terminó convirtiendo a trabajadores y jubilados en una de las principales variables utilizadas para reducir el rojo previsional.
La Ley 14.283 estableció efectivamente un aporte solidario escalonado para jubilados alcanzados por determinados niveles de ingresos y modificó las alícuotas de aportes personales. El argumento de la Casa Gris al impulsar la reforma fue que la Caja proyectaba para 2024 un déficit de aproximadamente $430.000 millones y que las modificaciones permitirían reducirlo entre un 20% y un 30%.
La discusión, dos años después, ya no pasa solamente por la existencia de aquel déficit. Pasa por determinar sobre quién cayó el esfuerzo para reducirlo.
Jubilados que vuelven a aportar después de haber aportado toda su vida
Alonso colocó especialmente el foco sobre los pasivos. “No puede ser que si aportaste toda tu vida, cuando te jubiles tengas que seguir aportando”, cuestionó.
La referencia es al denominado aporte solidario que la reforma estableció durante la emergencia previsional para determinados beneficiarios de la Caja.
Pero el dirigente buscó llevar la discusión desde las planillas contables hacia la vida cotidiana. “Los jubilados han perdido muchísimo poder adquisitivo. El impacto concreto es no poder comprar un medicamento, tener que pedir ayuda a un familiar o endeudarse para llegar a fin de mes”, sostuvo.
Allí aparece uno de los argumentos centrales del gremio: detrás de cada punto porcentual de descuento existe un ingreso previsional que se reduce en un contexto económico en el que medicamentos, alimentos y servicios absorben una proporción creciente del haber de los adultos mayores.
Para AMSAFE, por eso, el debate no puede limitarse exclusivamente a determinar si la Caja consiguió mejorar sus números. La pregunta es también a qué costo social lo hizo.
Casi 20.000 firmas llegaron a la Legislatura
La movilización de este miércoles tuvo además un componente institucional. No fue solamente una concentración frente al edificio legislativo.
AMSAFE entregó cerca de 20.000 firmas reunidas entre docentes activos y jubilados de toda la provincia y pidió que tanto Diputados como Senadores vuelvan a discutir el régimen previsional. Participaron delegaciones provenientes de distintos puntos de Santa Fe, entre ellas San Lorenzo, San Javier, Las Colonias y General Obligado.
Alonso reclamó que los legisladores no interpreten el planteo desde la lógica oficialismo-oposición. “No puede ser una cuestión partidaria. Hay que analizar el impacto que tuvo esta reforma, y fue altamente negativo”, planteó.
Para el sindicato, los dos años transcurridos permiten hacer ahora una evaluación concreta sobre las consecuencias que tuvo la legislación. Y ese balance, según AMSAFE, justifica volver a abrir la discusión.
Una reforma que ya tuvo que ser modificada
Existe además un dato político que no resulta menor. La reforma sancionada en septiembre de 2024 ya sufrió una modificación significativa.
En febrero de este año la Legislatura aprobó la Ley 14.431, promulgada en marzo, que eliminó el esquema original del artículo 10 de la Ley 14.283 y estableció que los aumentos salariales de los activos se trasladen al sector pasivo a los 30 días. Hasta entonces, el diferimiento podía llegar a 60 días.
Para los gremios, aquella modificación representó una confirmación de que existían aspectos de la reforma que podían y debían revisarse. AMSAFE pretende ahora avanzar mucho más.
Su objetivo es terminar con la emergencia, eliminar el aporte solidario, recuperar plenamente la proporcionalidad del 82% y continuar reduciendo hasta eliminar la diferencia temporal entre los incrementos de activos y pasivos.
Una Comisión de Seguimiento que AMSAFE dice que nunca funcionó
Otro de los cuestionamientos de Alonso apunta directamente al control político de la emergencia. La propia Ley 14.283 creó una Comisión Técnica de Control y Seguimiento de la Emergencia Previsional, integrada por representantes del Senado, Diputados y el Poder Ejecutivo, garantizando además participación gremial.
AMSAFE sostiene que esa comisión no fue convocada como correspondía y reclama saber qué ocurrió con los recursos obtenidos a partir de los mayores aportes y descuentos aplicados durante estos dos años. La existencia de esa comisión está expresamente contemplada en el artículo 4 de la ley.
Para el gremio, si la excepcionalidad fue justificada por una emergencia financiera, cumplidos los dos años resulta necesario mostrar los números y explicar cuál fue el resultado concreto del sacrificio exigido a trabajadores y jubilados.
El otro agujero de la Caja está en Buenos Aires
Pero la discusión previsional santafesina tiene una segunda dimensión que vuelve todavía más incómodo el debate.
Mientras el Gobierno provincial decidió en 2024 intervenir sobre aportes, jubilaciones y condiciones del sistema provincial para reducir el déficit, Santa Fe mantiene desde hace años una disputa con Nación por los fondos que corresponden a su Caja de Jubilaciones.
Ese conflicto atravesó diferentes gobiernos nacionales. Y durante la administración de Javier Milei volvió a agravarse.
En abril de este año, Pullaro firmó con ANSES un convenio por $120.000 millones, distribuido en doce cuotas mensuales de $10.000 millones desde mayo, como adelanto para financiar parte del déficit previsional santafesino.
Como contrapartida, la Provincia aceptó suspender transitoriamente los trámites judiciales vinculados al reclamo contra Nación. El Gobierno provincial presentó entonces el entendimiento como un avance. Cinco meses después, apareció el problema.
Nación volvió a incumplir
A finales de agosto, el propio ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, confirmó que ANSES acumulaba dos meses de atraso en las transferencias comprometidas. Es decir: el acuerdo que debía garantizar $10.000 millones mensuales comenzó a incumplirse pocos meses después de haber sido firmado.
Ese dato reabrió inmediatamente la discusión política que había quedado parcialmente congelada en abril. Porque mientras los trabajadores provinciales continúan soportando los efectos de la reforma previsional, Nación vuelve a demorar recursos que Santa Fe considera que le corresponden. Y allí aparece la pregunta que distintos sectores de la oposición vienen planteando desde 2024: ¿La Provincia descargó sobre trabajadores y jubilados un esfuerzo que debería haber reclamado con mayor firmeza al Gobierno nacional?
La Casa Gris rechaza esa interpretación. Su argumento siempre fue que ambas discusiones no eran excluyentes: había que ordenar el sistema provincial y, simultáneamente, reclamarle a Nación. Pero el nuevo incumplimiento de ANSES vuelve a poner esa explicación bajo tensión.
¿A quién se le reclama primero?
Ese es, probablemente, el punto político que conecta la movilización docente de este miércoles con la discusión entre Santa Fe y Nación. Son debates diferentes, pero atraviesan el mismo problema: cómo se financia la Caja de Jubilaciones.
El Gobierno de Pullaro decidió que parte de la respuesta debía surgir desde adentro del propio sistema. Aumentó aportes, creó contribuciones extraordinarias y modificó condiciones previsionales bajo el argumento de reducir un déficit que consideraba insostenible.
Los sindicatos sostienen exactamente lo contrario: que los trabajadores fueron convertidos en variable de ajuste. Y una parte de la oposición agrega un segundo cuestionamiento: antes de cargar ese costo sobre activos y jubilados, Santa Fe debería haber profundizado el reclamo contra Nación por los recursos adeudados.
El incumplimiento del acuerdo de abril le entrega ahora un argumento adicional a esa posición. Porque los descuentos provinciales se ejecutaron. Los mayores aportes se cobraron. El aporte solidario se aplicó. Pero los fondos nacionales comprometidos volvieron a demorarse.
“No puede hablarse de calidad educativa mientras se maltrata a los docentes”
La discusión previsional tampoco aparece aislada del conflicto salarial docente.
Alonso volvió a cuestionar el cierre de paritarias mediante decreto, las sumas no remunerativas y no bonificables y la pérdida de poder adquisitivo que denuncia AMSAFE. Y dejó una de las frases más fuertes de la jornada: “No puede hablarse de calidad educativa mientras se maltrata a las y los docentes, mientras no llegan a fin de mes y mientras nuestros jubilados pierden derechos e ingresos”.
La definición resume el estado de ánimo que intenta expresar el gremio. Ya no se trata únicamente de una discusión técnica sobre porcentajes de aportes o sustentabilidad actuarial.
Para AMSAFE existe una acumulación de conflictos: salarios, presentismo, paritarias, jubilaciones y una relación con el Gobierno provincial que continúa atravesada por una fuerte desconfianza.
Dos años después, la discusión vuelve al mismo edificio
Hay algo simbólico en que la movilización haya terminado nuevamente frente a la Legislatura. Allí se sancionó la reforma. Allí se produjeron hace dos años algunas de las protestas más fuertes contra el proyecto. Y allí regresaron ahora los docentes con casi 20.000 firmas para pedir que diputados y senadores vuelvan a discutir lo que aprobaron en 2024.
El Gobierno provincial puede exhibir como argumento la necesidad de haber ordenado una Caja cuyo déficit consideraba explosivo.
AMSAFE responde que ese ordenamiento se consiguió reduciendo ingresos y derechos de trabajadores y jubilados. Y la oposición suma un interrogante que adquirió todavía más peso después del incumplimiento de ANSES: cuánto de ese esfuerzo se exigió a los santafesinos mientras los recursos reclamados a Nación continuaron sin llegar regularmente.
Dos años después, entonces, la discusión previsional santafesina está lejos de cerrarse. La emergencia llega a su aniversario con docentes nuevamente en la calle, jubilados reclamando por sus ingresos, casi 20.000 firmas sobre los escritorios de la Legislatura y un Gobierno nacional que volvió a atrasarse con los fondos prometidos.
Por eso la discusión ya no es solamente si en septiembre de 2024 existía un problema financiero en la Caja.
La discusión política que empieza a imponerse es otra: quién terminó pagando esos dos años de emergencia y cuánto de lo que debía aportar Nación todavía sigue esperando Santa Fe.
