Aguas Santafesinas decidió judicializar la deuda que mantiene la Municipalidad de Santo Tomé por el agua potable que recibe del Acueducto Desvío Arijón. El conflicto tiene una particularidad que eleva la temperatura política: el costo del servicio es trasladado por el municipio a las boletas de los vecinos. El concejal Rodrigo Alvizo pedirá interpelar al intendente Miguel Weiss Ackerley para conocer cuánto se recaudó, cuánto se pagó y qué destino tuvieron esos recursos. La gestión municipal todavía no dio una explicación pública sobre un pasivo que, según las informaciones conocidas, pasó de unos $2.500 millones en 2025 a superar los $6.000 millones.
La gestión de Miguel Weiss Ackerley vuelve a quedar bajo una fuerte presión política en Santo Tomé.
Esta vez no se trata solamente de una discusión entre oficialismo y oposición ni de un pedido de informes que pueda quedar atrapado en el funcionamiento cotidiano del Concejo Municipal. Hay más de $6.000 millones en discusión.Y hay una demanda judicial.
Aguas Santafesinas S.A. decidió recurrir a los tribunales para reclamarle a la Municipalidad el pago de la deuda acumulada por el suministro de agua potable proveniente del Acueducto Desvío Arijón. La cifra, por sí sola, representa un problema financiero de magnitud para cualquier administración local.
Pero el caso contiene un elemento que transforma una deuda comercial entre dos organismos públicos en una controversia política mucho más delicada: los vecinos pagan el concepto vinculado al servicio de agua en sus liquidaciones municipales, mientras el municipio acumuló el pasivo con la empresa provincial.
Por eso la pregunta que comenzó a instalar la oposición es tan sencilla como incómoda: ¿Qué ocurrió con el dinero que pagaron los santotomesinos?
Cómo funciona el particular sistema de agua de Santo Tomé
Para comprender la dimensión del conflicto primero hay que explicar cómo funciona el servicio.
Santo Tomé presenta una modalidad diferente de otras ciudades donde ASSA tiene la relación directa con el usuario. Aguas Santafesinas produce y entrega a la ciudad agua potable tratada en bloque, proveniente del Acueducto Desvío Arijón. Pero no es ASSA quien posteriormente factura individualmente ese servicio a cada domicilio.
El municipio conserva la administración de la distribución local. ASSA factura el agua suministrada a la Municipalidad y luego el gobierno municipal traslada el costo correspondiente a los usuarios mediante sus liquidaciones.
El circuito, entonces, debería ser relativamente sencillo: ASSA suministra el agua; la Municipalidad la recibe y distribuye; los vecinos pagan; y el municipio afronta la factura de la empresa provincial. El problema aparece cuando una parte de esa cadena deja de funcionar. Los vecinos continuaron pagando, pero la deuda municipal con ASSA creció hasta superar los $6.000 millones.
ASSA perdió la paciencia y fue a la Justicia
El conflicto ya superó la etapa de conversaciones administrativas. Con respaldo del Gobierno provincial, Aguas Santafesinas avanzó judicialmente para intentar recuperar los recursos adeudados.
Según la información difundida por Santotomealdía, la empresa argumentó que la decisión apunta a recuperar sus créditos y proteger recursos públicos comprometidos en la prestación del servicio. Será ahora la Justicia la que deberá intervenir sobre el reclamo, establecer la liquidación correspondiente y determinar el alcance final de la obligación.
La judicialización representa además un cambio sustancial para Weiss Ackerley. Una deuda puede renegociarse. Un reclamo administrativo puede postergarse. Pero cuando el acreedor decide acudir a los tribunales, el problema deja de depender exclusivamente de la negociación política entre dos administraciones. Y en este caso tanto acreedor como deudor forman parte del Estado: una empresa provincial reclama judicialmente contra un municipio santafesino.
Una deuda que no apareció de un día para otro
Lo ocurrido tampoco tomó por sorpresa a todo el arco político santotomesino.
El concejal Rodrigo Alvizo venía advirtiendo públicamente sobre la situación desde 2025. En septiembre del año pasado aseguró que el pasivo con Aguas Santafesinas rondaba los $2.500 millones. Ahora supera los $6.000 millones.
Es decir, tomando como referencia las cifras públicamente denunciadas en ambos momentos, el problema no solamente no se resolvió sino que adquirió una dimensión mucho mayor. “Hace más de un año preguntamos qué estaba pasando con la plata del agua. En ese momento descubrimos que el Municipio debía alrededor de $2.500 millones. Hoy debemos más de $6.000 millones, hay una demanda judicial y nadie explicó qué pasó con los recursos que los vecinos vienen pagando todos los meses”, cuestionó Alvizo.
Ahora quieren sentar al intendente frente al Concejo
La oposición decidió aumentar la presión. Alvizo presentará un pedido de interpelación al intendente Weiss Ackerley para que explique personalmente la situación ante el Concejo. El bloque justicialista intentará que la iniciativa sea tratada sobre tablas en la próxima sesión. Para conseguirlo necesitará reunir la mayoría especial correspondiente.
La intención es obtener respuestas documentadas sobre cuatro cuestiones centrales: cuánto dinero cobró la Municipalidad a los vecinos por el servicio; cuánto transfirió efectivamente a ASSA; cuál es la composición exacta de la deuda; y qué destino tuvieron los recursos recaudados que no llegaron a la empresa provincial.
La diferencia con anteriores reclamos es evidente. Ya no se está preguntando solamente si existe deuda. ASSA confirmó el pasivo y decidió reclamarlo judicialmente. Ahora la discusión política pasa por explicar cómo se llegó a los más de $6.000 millones.
El convenio que tampoco habría sido cumplido
Hay otro capítulo que puede complicar todavía más la explicación oficial.
Después de las primeras advertencias públicas, concejales mantuvieron reuniones con autoridades del ENRESS y posteriormente la Municipalidad habría alcanzado un convenio de pago con Aguas Santafesinas para regularizar el pasivo. Alvizo sostiene que ese acuerdo tampoco fue cumplido.
Según su denuncia, no se habrían abonado las cuotas previstas. Es una afirmación de la oposición que deberá ser contrastada con la documentación correspondiente y con la respuesta municipal, pero será uno de los puntos incluidos en el pedido de explicaciones.
“Esto es todavía más grave porque hubo un convenio de pago y tampoco lo cumplieron. Mientras tanto, los vecinos siguieron pagando el concepto del Acueducto en sus boletas. Entonces la pregunta es muy sencilla: ¿qué hicieron con esa plata?”, planteó el concejal.
La explicación que todavía falta
Este es el punto en el que resulta indispensable separar los hechos confirmados de las sospechas políticas. Que exista una deuda superior a los $6.000 millones no demuestra por sí mismo que haya existido un delito. Tampoco permite concluir automáticamente que los fondos abonados por los usuarios hayan sido desviados irregularmente.
Para establecerlo primero hay que conocer la contabilidad municipal, la afectación presupuestaria de esos recursos, las facturas emitidas por ASSA, los pagos realizados, los vencimientos, intereses y las decisiones administrativas adoptadas durante el período.
Precisamente por eso el reclamo de transparencia adquiere importancia. Si existe una explicación financiera, presupuestaria o administrativa para semejante diferencia, el Ejecutivo deberá exponerla. Y si los recursos cobrados tuvieron otro destino, deberá explicar bajo qué instrumento y con qué fundamento ocurrió.
Hasta el momento de las informaciones aportadas, el Gobierno municipal no había brindado públicamente una explicación sobre la deuda superior a $6.000 millones ni sobre la demanda iniciada por ASSA.
“Dejamos cero deuda”
El conflicto tiene además un capítulo inevitablemente político.
La exintendenta Daniela Qüesta salió a despegar su administración del problema. Según afirmó, cuando entregó el municipio en diciembre de 2023 no existía deuda pendiente con Aguas Santafesinas por este concepto. Su versión es terminante: dejó las cuentas con ASSA al día.
Si esa afirmación se confirma documentalmente, prácticamente la totalidad del pasivo actualmente reclamado se habría generado durante la administración iniciada después de su salida. Pero también en este punto corresponde que los números sean los que terminen cerrando la discusión.
La oposición y la exintendenta hacen sus afirmaciones. Ahora es la administración Weiss Ackerley la que tiene la posibilidad —y frente a una demanda judicial, también la necesidad— de exhibir su propia reconstrucción financiera.
Un intendente que llegó prometiendo cambiar la política
El impacto del caso es especialmente significativo por el perfil político con el que Weiss Ackerley llegó a la Intendencia.
El dirigente del PRO construyó parte de su identidad alrededor de una idea habitual en las nuevas generaciones de dirigentes: gestión, administración y ruptura con determinadas prácticas asociadas a la vieja política. Por eso un conflicto de esta magnitud golpea directamente sobre esa narrativa.
No porque una deuda municipal equivalga automáticamente a corrupción —no lo hace—, sino porque una administración que pretende diferenciarse por su capacidad de gestión tiene ahora que explicar cómo acumuló un pasivo superior a $6.000 millones por un servicio que los vecinos continuaron abonando. Y esa explicación se vuelve todavía más necesaria cuando el acreedor decidió acudir a la Justicia.
De la transparencia a una eventual denuncia penal
Alvizo anticipó que podría avanzar todavía un paso más. El concejal afirmó que analiza con abogados la posibilidad de presentar una denuncia penal si el Ejecutivo no ofrece información suficiente y documentada.
Incluso mencionó como hipótesis que eventualmente debería investigarse si pudo existir una malversación de fondos. Pero hizo una aclaración fundamental: no afirma que ese delito se haya cometido.
“Si se confirma que el Municipio cobró recursos destinados al servicio de agua y esos fondos fueron utilizados para otra cosa, podríamos estar frente a una posible malversación de fondos. No voy a afirmar algo que debe investigarse, pero tampoco voy a mirar para otro lado”, expresó.
La condicionalidad es importante. Por ahora existe una deuda, una demanda judicial y preguntas sobre el destino de los recursos. Cualquier eventual responsabilidad penal deberá ser determinada por la Justicia sobre evidencia concreta y no por declaraciones políticas.
Agua, deuda y también problemas de servicio
La controversia resulta todavía más sensible porque ocurre alrededor de un servicio esencial.
Alvizo relacionó la situación financiera con problemas registrados en diferentes sectores de Santo Tomé y mencionó especialmente antecedentes vinculados con la Cisterna Luján Oeste, además de reclamos por presión y calidad.
Son cuestiones que deben analizarse separadamente: la existencia de una deuda municipal no demuestra por sí sola que haya causado cada problema operativo del servicio.
Pero políticamente la combinación resulta difícil de ignorar. Hay vecinos que reclaman por el agua. Hay vecinos que pagan por el servicio. Existe una deuda municipal millonaria con quien provee el agua en bloque. Y ahora existe también una demanda judicial.
La pregunta de los $6.000 millones
Santo Tomé enfrenta así un conflicto que contiene tres dimensiones simultáneas. Una financiera: existe una deuda superior a $6.000 millones. Una judicial: ASSA decidió acudir a los tribunales. Y una política: la oposición exige saber qué ocurrió con el dinero que los vecinos pagaron.
No corresponde anticipar una irregularidad que todavía no está demostrada. Pero tampoco parece razonable reducir el problema a una diferencia administrativa entre organismos públicos.
Cuando los ciudadanos abonan un concepto vinculado a un servicio y quien debe pagar al proveedor acumula una deuda de semejante magnitud, la explicación pública deja de ser una opción política y pasa a convertirse en una obligación institucional.
Alvizo lo resumió en cuatro preguntas que probablemente marcarán las próximas semanas en Santo Tomé: ¿Cuánto se recaudó? ¿Cuánto se pagó? ¿Cuánto se debe? ¿Y dónde está el dinero que pagaron los vecinos?
