La diputada provincial del Partido Libertario presentó un proyecto para que los extranjeros con residencia transitoria o precaria paguen por la atención en los hospitales públicos santafesinos, salvo en casos de emergencia. La iniciativa vuelve a poner sobre la mesa una discusión que también alcanza a otros servicios públicos, como la educación universitaria, donde desde hace años distintos sectores políticos plantean la posibilidad de arancelar la formación para estudiantes extranjeros no residentes. Mientras el debate comienza a instalarse en la Legislatura, la legisladora sostiene que “nada es gratis” y que “basta de regalar el dinero de los santafesinos”.
La discusión sobre quién debe financiar los servicios públicos volvió a instalarse en la agenda política santafesina.
En esta oportunidad fue la diputada provincial Silvia Malfesi, integrante del Partido Libertario y del bloque Somos Vida, quien presentó un proyecto de ley que propone establecer el cobro de un canon a los extranjeros con residencia transitoria o precaria que utilicen el sistema público de salud de la provincia.
La iniciativa parte de una premisa que la legisladora repite tanto en los fundamentos del proyecto como en sus redes sociales: los hospitales públicos tienen un costo que hoy es afrontado por los contribuyentes santafesinos y, por lo tanto, quienes llegan desde otros países sin haber contribuido al sostenimiento del sistema deberían asumir el valor de las prestaciones que reciben.
«Cuando un turista extranjero utiliza los hospitales públicos provinciales debería pagar por los servicios que recibe, como le sucede a cualquier argentino en el resto del mundo», expresó Malfesi al anunciar la presentación de la iniciativa.
Y agregó una frase que resume el espíritu de su propuesta: «Es fácil ser solidario con la billetera ajena. Basta de regalar el dinero de los santafesinos. Nada es gratis».
¿Qué propone el proyecto?
El texto ingresado en la Cámara de Diputados establece que los extranjeros con condición de «residentes transitorios» o «residentes precarios», según la Ley Nacional de Migraciones, deberán presentar un seguro médico o cancelar previamente el costo de la prestación para acceder al sistema público de salud provincial, siempre que no estén alcanzados por convenios internacionales de asistencia recíproca.
Sin embargo, el proyecto incorpora una excepción considerada central.
En situaciones de emergencia médica, ninguna persona podrá ser rechazada ni verá restringida su atención por razones migratorias.
En esos casos, el Estado provincial deberá brindar el servicio y luego iniciar los mecanismos administrativos necesarios para recuperar los gastos ocasionados.
Además, la iniciativa dispone que el Ministerio de Salud sea la autoridad encargada de fijar y actualizar los aranceles correspondientes a cada prestación y propone invitar a municipios y comunas que poseen hospitales propios a adherir al régimen.
El argumento económico
En los fundamentos del proyecto, Malfesi sostiene que toda prestación sanitaria tiene un costo económico concreto y rechaza la idea de que la atención pública sea gratuita.
La diputada afirma que el sistema sanitario santafesino se sostiene mediante los impuestos que pagan los contribuyentes locales y mediante los mecanismos de recupero de costos aplicados a obras sociales y empresas de medicina prepaga.
Según la legisladora, quienes poseen residencia transitoria no realizaron aportes tributarios permanentes en la provincia que justifiquen que el Estado absorba ilimitadamente esos costos.
Desde esa perspectiva, el proyecto busca ordenar el uso de los recursos públicos bajo un criterio de reciprocidad, sin restringir el acceso a la atención médica de urgencia.
El antecedente internacional
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la comparación con lo que ocurre cuando un argentino viaja al exterior.
Malfesi sostiene que, en la mayoría de los países, quienes ingresan temporalmente deben contar con un seguro médico o afrontar el costo de la atención sanitaria si necesitan utilizar el sistema de salud.
Para la diputada, Santa Fe debería aplicar el mismo criterio hacia quienes llegan desde otros países.
Los fundamentos también señalan que provincias como Salta, Mendoza, Jujuy y Santa Cruz, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya implementaron mecanismos similares para cobrar prestaciones médicas a extranjeros no residentes.
Un debate que excede a la salud
Aunque el proyecto se concentra exclusivamente en la atención sanitaria provincial, la discusión abre inevitablemente otros interrogantes vinculados al financiamiento de los servicios públicos.
Desde hace varios años distintos sectores políticos plantean la posibilidad de establecer algún tipo de arancel para estudiantes extranjeros que cursan carreras en universidades públicas argentinas, especialmente cuando no poseen residencia permanente ni realizan aportes al sistema tributario nacional.
Hasta el momento, esas iniciativas no prosperaron a nivel legislativo, pero el debate reaparece de manera periódica, particularmente en contextos de fuerte restricción presupuestaria.
La propuesta presentada por Malfesi vuelve a instalar esa discusión sobre la mesa y podría ampliar el intercambio político hacia otras áreas sostenidas con recursos públicos.
Un planteo que encuentra respaldo en parte de la sociedad
La iniciativa también se inscribe en un contexto donde el uso de los recursos estatales ocupa un lugar central en el debate político.
Uno de los argumentos que suele aparecer entre quienes respaldan este tipo de medidas es el principio de reciprocidad. Muchos ciudadanos sostienen que cuando un argentino necesita atención médica en otros países y no cuenta con cobertura internacional debe afrontar personalmente el costo de las prestaciones.
Desde esa mirada, consideran razonable que quienes visitan o residen temporalmente en Argentina asuman obligaciones similares. Al mismo tiempo, el elevado nivel de presión tributaria que enfrentan contribuyentes, trabajadores y sectores productivos alimenta el reclamo de una utilización más eficiente de los recursos públicos.
En ese escenario, propuestas orientadas a limitar gastos financiados por el Estado suelen encontrar receptividad en una parte importante de la opinión pública.
Ahora comienza el debate legislativo
Por el momento, la iniciativa representa el punto de partida de una discusión parlamentaria que recién comienza.
El proyecto deberá atravesar el tratamiento en comisiones y luego obtener el respaldo de ambas cámaras si pretende convertirse en ley. Durante ese proceso seguramente aparecerán posiciones encontradas.
Habrá quienes sostengan que el criterio de reciprocidad fortalece la sustentabilidad del sistema sanitario y quienes adviertan sobre las implicancias jurídicas, humanitarias o constitucionales que puede generar una regulación de estas características.
Lo cierto es que la propuesta de Silvia Malfesi ya logró uno de sus objetivos políticos: instalar nuevamente en la agenda pública el debate sobre quién debe financiar los servicios públicos y hasta dónde llega la responsabilidad del Estado frente a quienes no integran de manera permanente la comunidad que los sostiene con sus impuestos.
