El paquete de reformas de seguridad que Maximiliano Pullaro pretendía llevar este jueves al recinto de Diputados finalmente quedó afuera del temario. El Gobierno no consiguió ordenar a su propia coalición y los reparos de buena parte del Socialismo resultaron determinantes. Después de escuchar a la Corte, fiscales, defensores, colegios de abogados, penalistas y organizaciones vinculadas al sistema jurídico, el sector decidió no acompañar el texto en las condiciones planteadas. El problema para la Casa Gris es todavía mayor: las diferencias ya no parecen reducirse a cambiar algunas palabras. Parte de los cuestionamientos alcanza el contenido mismo de las reformas. Y allí aparece el interrogante que ahora atraviesa a Unidos: ¿hasta dónde puede modificarse el proyecto sin terminar construyendo un “Frankenstein” jurídico todavía más complejo?
Finalmente, el paquete de leyes de seguridad de Maximiliano Pullaro chocó contra un límite que el Gobierno provincial posiblemente no esperaba encontrar con semejante intensidad: su propia coalición.
El proyecto denominado Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública tenía preferencia para ser tratado este jueves 29 de octubre en la Cámara de Diputados. Sin embargo, las negociaciones realizadas durante las horas previas no consiguieron destrabar las diferencias dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe y la iniciativa quedó fuera del temario. El oficialismo evalúa ahora volver a intentarlo durante noviembre.
No fue la oposición la que impidió que Pullaro consiguiera avanzar. El problema apareció dentro de Unidos y particularmente en los reparos que mantiene una parte importante del Socialismo sobre modificaciones que afectan el Código Procesal Penal, las atribuciones policiales, las facultades fiscales y diferentes mecanismos de control judicial.
La discusión terminó demostrando algo que venía insinuándose durante las últimas semanas: el paquete de seguridad se convirtió probablemente en uno de los debates internos más delicados que atravesó la coalición gobernante desde diciembre de 2023.
El Socialismo puso el freno
La resistencia socialista no apareció de un día para otro.
Durante las últimas semanas, legisladores del espacio mantuvieron reuniones y escucharon a diferentes instituciones y actores vinculados con el universo jurídico. La discusión legislativa estuvo atravesada por las opiniones de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio Público de la Defensa, los colegios de abogados de Santa Fe y Rosario, asociaciones de especialistas en Derecho Penal y organizaciones civiles.
Es importante realizar una distinción: no todos esos organismos plantearon exactamente las mismas objeciones ni existe un rechazo uniforme de todo el sistema judicial a la totalidad del paquete. Pero sí se acumularon observaciones sobre diferentes artículos, especialmente alrededor de las nuevas facultades policiales y fiscales y las garantías y controles que deberían acompañarlas. Ese proceso terminó teniendo consecuencias políticas.
Después de escuchar esas posiciones y analizar internamente las reformas, una parte significativa del Socialismo no estuvo dispuesta a acompañar este jueves el proyecto en las condiciones pretendidas por el Ejecutivo. Y sin esos votos, Pullaro no pudo avanzar.
La Casa Gris intentó hasta último momento
La magnitud de las diferencias quedó demostrada durante las negociaciones previas.
El miércoles, los ministros de Gobierno, Fabián Bastia, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, mantuvieron durante aproximadamente dos horas una reunión con diputados del interbloque oficialista. Allí defendieron los principales lineamientos del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
Las conversaciones continuaron el jueves desde temprano. La sesión comenzó cerca de las 16 y rápidamente pasó a un cuarto intermedio mientras seguían las discusiones. Finalmente se tomó la decisión de postergar el tratamiento. La secuencia permite medir el nivel de tensión interna.
El Gobierno había convertido el paquete en una prioridad de su agenda de seguridad. Funcionarios provinciales defendieron públicamente las reformas y durante las últimas jornadas reclamaron a los legisladores que avanzaran. Sin embargo, esa presión política no alcanzó para resolver las objeciones dentro del propio oficialismo.
La discusión, además, colocó especialmente al Socialismo bajo presión. Porque el partido integra Unidos, forma parte del Gobierno y acompaña buena parte de sus políticas, pero al mismo tiempo conserva una tradición propia alrededor de determinadas discusiones institucionales y jurídicas. Esta vez decidió marcar un límite.
El problema ya no parece ser solamente cómo está escrito
Aquí aparece probablemente el aspecto más complejo para el futuro del proyecto.
Si las diferencias fueran exclusivamente de redacción, la solución legislativa sería relativamente sencilla: modificar palabras, incorporar controles adicionales, precisar determinadas facultades y alcanzar un texto consensuado.
Pero los cuestionamientos conocidos durante las últimas semanas indican que la discusión también alcanza la naturaleza de algunas herramientas que el Ejecutivo pretende incorporar.
Entre otras modificaciones, el paquete contempla ampliar supuestos de allanamientos sin orden judicial, habilitar interrogatorios policiales durante instancias iniciales, eliminar la presencia obligatoria del defensor como condición para determinadas declaraciones del imputado, incorporar excepciones a la exclusión de pruebas, avanzar sobre juicios en ausencia, crear zonas de intervención policial especial y modificar diferentes aspectos del régimen penitenciario y de investigación. Por eso el debate resulta mucho más profundo que una corrección técnica.
La pregunta no es solamente cómo redactar esas herramientas, sino cuáles deberían existir, bajo qué condiciones, qué límites necesitan y hasta dónde pueden ampliarse las facultades estatales sin afectar garantías constitucionales.
Oscar Blando y una definición que apunta al corazón del conflicto
El abogado constitucionalista Oscar Blando viene planteando precisamente esa diferencia conceptual: en su interpretación jurídica, los problemas que encuentra en este tipo de reformas no pueden resolverse simplemente mejorando la técnica legislativa cuando la objeción alcanza el contenido de la norma.
Ese planteo permite comprender por qué la negociación interna resulta tan difícil. Una coma puede modificarse. Una redacción ambigua puede aclararse. Un procedimiento puede incorporar controles. Pero si un sector considera que determinada facultad resulta necesaria para combatir el delito y otro entiende que esa misma herramienta compromete garantías constitucionales, el desacuerdo deja de ser semántico y pasa a ser político, jurídico e institucional.
Ese es el verdadero problema que enfrenta ahora Unidos.
El Ejecutivo sostiene que necesita nuevas herramientas para profundizar su política de seguridad. Los sectores que plantean reparos no necesariamente cuestionan el objetivo de combatir el delito, pero sí discuten cuáles son los límites que el Estado debe respetar para hacerlo. Encontrar el punto intermedio será mucho más difícil que cambiar algunos artículos.
El riesgo de construir un “Frankenstein”
En la Legislatura comenzará ahora una etapa inevitable de negociaciones.
El oficialismo deberá decidir si conserva el proyecto original, si modifica los artículos cuestionados, si elimina algunas herramientas o si intenta construir una versión intermedia capaz de conseguir los votos socialistas. Pero allí aparece otro riesgo.
Cuando una reforma que modifica múltiples normas simultáneamente comienza a ser corregida artículo por artículo para satisfacer posiciones jurídicas y políticas diferentes, puede terminar produciendo un texto sin coherencia interna.
Una suerte de “Frankenstein” legislativo, construido con partes provenientes de concepciones distintas sobre la investigación penal, la actuación policial y las garantías individuales. Y en materia penal eso podría resultar particularmente delicado.
Las normas necesitan ser compatibles entre sí, establecer procedimientos claros y ofrecer previsibilidad tanto a quienes investigan como a quienes ejercen la defensa y a los jueces encargados de controlar la legalidad. Modificar una herramienta puede alterar el funcionamiento de otra. Por eso el desafío ya no consiste únicamente en conseguir votos. Consiste en conseguirlos sin deteriorar la coherencia jurídica del paquete.
El dilema que enfrenta ahora el Gobierno
La Casa Gris quedó frente a una decisión incómoda.
Puede insistir con el corazón del proyecto original y asumir el riesgo de continuar sin los votos suficientes dentro de Unidos. O puede modificarlo sustancialmente para alcanzar un acuerdo, pero entonces deberá determinar hasta qué punto las nuevas concesiones mantienen las herramientas que considera indispensables.
El propio expediente legislativo demuestra la dimensión de la reforma: pretende modificar seis leyes provinciales y alcanzar aspectos vinculados con investigación penal, actuación policial, régimen penitenciario, inteligencia y recompensas. No es una ley menor. Tampoco una discusión administrativa.
Está en debate hasta dónde puede llegar el poder estatal cuando investiga un delito y cuáles son los controles necesarios para impedir abusos.
El Socialismo quedó en el centro de todas las miradas
La postergación deja también consecuencias políticas dentro de Unidos.
Durante buena parte de la gestión, las diferencias internas de la coalición pudieron procesarse sin poner en riesgo las principales iniciativas del Ejecutivo. Esta vez ocurrió algo diferente: una política prioritaria para Pullaro llegó hasta las puertas del recinto y no pudo avanzar porque su propio frente no había conseguido ponerse de acuerdo. El Socialismo quedó inevitablemente en el centro.
Si mantiene sus objeciones, el Gobierno deberá elegir entre realizar modificaciones importantes o buscar votos fuera de la coalición. Si finalmente acompaña después de introducir cambios, deberá explicar qué garantías consiguió incorporar y por qué considera que el nuevo texto resulta aceptable. Y si las modificaciones terminan siendo mínimas, también tendrá que justificar por qué los cuestionamientos que impidieron votar este jueves dejaron de ser determinantes.
La próxima semana será, por eso, mucho más que una nueva negociación parlamentaria. Será una prueba de hasta dónde está dispuesto a tensar cada sector de Unidos.
La seguridad dejó de ser solamente una fortaleza política
Pullaro construyó buena parte de su capital político alrededor de la seguridad. Su Gobierno exhibe la reducción de los homicidios y la recuperación del control penitenciario como resultados centrales de gestión. Precisamente por eso esta discusión tiene una particularidad.
El gobernador no está intentando aprobar una iniciativa periférica. Está poniendo en juego una reforma directamente vinculada con el área que convirtió en una de las principales banderas de su administración. Y esta vez encontró resistencia adentro.
Eso no significa necesariamente una ruptura de Unidos ni permite afirmar que el paquete haya quedado definitivamente enterrado. Las conversaciones continuarán y el proyecto podría regresar al recinto el 5 o el 19 de noviembre, dependiendo de los acuerdos que logren construir los bloques.
Pero políticamente algo ya ocurrió. Pullaro quiso avanzar este jueves y no pudo.
Esta vez, Unidos no estuvo tan unido
La fotografía final es difícil de disimular.
El Ejecutivo envió en mayo una reforma que considera fundamental. El Senado avanzó sobre parte de su agenda de seguridad. Durante semanas funcionarios defendieron las nuevas herramientas. El sistema jurídico realizó observaciones. El Socialismo escuchó esas posiciones. La Casa Gris intensificó las negociaciones y el Gobierno llegó hasta las horas previas de la sesión intentando conseguir un acuerdo. No alcanzó.
Este jueves, el paquete naufragó antes de llegar al recinto.
Podrá reflotarse la próxima semana. Podrá modificarse. Podrá conseguir los votos que hoy no tuvo. Incluso podría terminar aprobado después de una negociación interna. Pero el episodio dejó al descubierto un problema que ya no puede reducirse a una cuestión de tiempos legislativos. La discusión dentro de Unidos es sobre el contenido.
Y cuando las diferencias alcanzan cuestiones como allanamientos, interrogatorios policiales, derecho de defensa, exclusión de pruebas, juicios en ausencia y facultades extraordinarias de intervención estatal, cualquier solución improvisada puede generar problemas mayores que los que intenta resolver.
Por eso el Gobierno enfrenta ahora una encrucucijada mucho más compleja que conseguir algunos votos. O encuentra un texto jurídicamente consistente capaz de convencer a quienes hoy plantean reparos, o insiste con su concepción original y comprueba si tiene fuerza política para imponerla.
Lo que parece más peligroso es intentar resolver una diferencia de fondo pegando partes incompatibles entre sí. Porque en materia penal, un “Frankenstein” legislativo no solamente puede terminar mal políticamente. También puede terminar discutiéndose durante años en los tribunales.
