El asesinato de la docente correntina Nancy Godoy provocó un paro nacional y volvió a colocar en discusión las condiciones en las que trabajan miles de maestros rurales. Desde Amsafé, Rodrigo Alonso fue contundente: “No podemos permitir que nos falte una sola maestra más” y reclamó que sea el Estado quien garantice la protección de los trabajadores. Pero durante la conferencia también apareció inevitablemente la realidad santafesina: docentes que deben hacer dedo para llegar a una escuela, permanecer toda la semana en establecimientos alejados y recorrer caminos en malas condiciones. Una problemática que días atrás había quedado retratada en una imagen tan sencilla como incómoda: maestros intentando arreglar los baches de una ruta provincial para poder transitarla.
El asesinato de Nancy Estela Godoy, docente rural de Corrientes, generó conmoción dentro de la comunidad educativa y derivó en un paro nacional de 24 horas convocado por CTERA y organizaciones sindicales docentes. En Santa Fe adhirieron Amsafé, Sadop y UDA, mientras se organizaron actividades para exigir el esclarecimiento del crimen y reclamar mejores condiciones para quienes diariamente trabajan en establecimientos educativos, especialmente aquellos ubicados en zonas rurales.
Desde la sede provincial de Amsafé, Rodrigo Alonso encabezó una conferencia acompañado por María José Marano, delegada de La Capital, e integrantes de la Comisión Directiva. El secretario general se mostró consternado por lo ocurrido y lanzó una frase que atravesó toda la jornada: “Han matado a una maestra. No podemos permitir que nos falte una sola maestra más”.
El crimen ocurrió en Corrientes y será la Justicia de esa provincia la encargada de determinar las circunstancias y responsabilidades. Pero para Amsafé la tragedia también abrió una discusión que no reconoce fronteras provinciales: las condiciones de seguridad y trabajo de quienes enseñan en la ruralidad.
Y cuando esa conversación se trasladó a Santa Fe, inevitablemente aparecieron preguntas que exceden al caso que originó el paro.
“¿Quién cuida a los maestros?”
Probablemente la definición más importante de Alonso haya sido también la más sencilla.
“¿Quién cuida a los maestros? Los debería cuidar el Estado, las políticas públicas y los gobiernos. Pero hoy quienes están cuidando y abrazando a los maestros son las comunidades educativas”, afirmó el dirigente sindical.
La frase resume un reclamo que va mucho más allá de la seguridad frente a un episodio criminal. Hablar de protección para un docente significa también discutir cómo llega hasta su lugar de trabajo, en qué condiciones permanece allí, qué infraestructura encuentra, qué herramientas tiene para afrontar situaciones complejas y qué respuestas recibe cuando denuncia problemas.
La escuela rural presenta características que la diferencian profundamente de un establecimiento ubicado en el centro de una gran ciudad. Las distancias son mayores, el transporte público muchas veces es inexistente, los caminos pueden quedar condicionados por las lluvias y algunos trabajadores deben organizar toda su semana alrededor de la posibilidad de ingresar y salir del establecimiento.
Por eso el interrogante planteado por Alonso adquiere otra dimensión: la seguridad del maestro comienza mucho antes de cruzar la puerta de la escuela.
Docentes que llegan a dedo y permanecen toda la semana en la escuela
Alonso describió situaciones que permiten comprender la dimensión del problema.
“Zonas inhóspitas, de difícil acceso, con muchísimas dificultades. Incluso hay compañeras que inician su jornada un lunes a la mañana y se retiran de la escuela el viernes a la tarde: están toda la semana ahí”, explicó.
Pero hubo otra descripción todavía más contundente sobre las condiciones de traslado: “Hay compañeros que trabajan en escuelas rurales que no tienen cómo llegar, que su única forma de llegar es a dedo. Tenemos condiciones de trabajo también en la provincia de Santa Fe, como en muchos lugares del país, que no son adecuadas”.
No se trata entonces solamente de reclamar protección después de que ocurre una tragedia. El planteo sindical obliga a discutir qué políticas preventivas existen para trabajadores que deben recorrer decenas de kilómetros, transitar caminos rurales o rutas deterioradas y, en determinados casos, depender de terceros para poder llegar a enseñar.
Si un maestro tiene que hacer dedo para llegar a una escuela, existe un problema.
Si debe permanecer desde el lunes hasta el viernes porque las condiciones de acceso dificultan los traslados cotidianos, existe otro.
Y si además el camino que utiliza para llegar hasta su lugar de trabajo presenta problemas de transitabilidad, la discusión deja de pertenecer exclusivamente al Ministerio de Educación.
Una imagen reciente que inevitablemente volvió a aparecer
Mientras Alonso hablaba sobre las dificultades de acceso a las escuelas rurales, sobrevolaba inevitablemente una imagen publicada apenas unos días atrás por politicadesantafe.com.
Dos docentes habían sido fotografiados intentando intervenir sobre enormes baches de una ruta provincial. La escena era tan sencilla como simbólica: trabajadores de la educación que debían utilizar ese camino para trasladarse terminaban intentando mejorar por sus propios medios las condiciones de transitabilidad.
Aquella imagen había abierto una discusión sobre el estado de las rutas provinciales y las dificultades que enfrentan quienes necesitan utilizarlas diariamente.
Ahora, las propias palabras del secretario general de Amsafé aportaron otra dimensión al problema.
Porque cuando Alonso afirma que existen maestros que no tienen cómo llegar a sus establecimientos y deben hacerlo a dedo, la discusión sobre seguridad docente necesariamente incluye también las rutas, los caminos rurales, el transporte y la infraestructura que permite llegar hasta una escuela.
No puede garantizarse completamente la seguridad de un trabajador únicamente dentro del establecimiento si el recorrido necesario para llegar hasta allí presenta dificultades permanentes.
El maestro tiene que estar seguro antes, durante y después de dar clases
La tragedia de Nancy Godoy colocó la palabra seguridad en el centro de la discusión docente. Pero el concepto debería interpretarse en toda su amplitud.
Significa que una trabajadora pueda llegar de manera segura a una escuela ubicada lejos de los centros urbanos. Que tenga condiciones adecuadas para permanecer allí. Que pueda regresar sin depender de hacer dedo. Que encuentre caminos transitables y mecanismos de asistencia ante una emergencia.
También significa que cuente con acompañamiento institucional cuando interviene frente a situaciones de violencia, abuso o vulneración de derechos de niños y adolescentes.
María José Marano hizo especial hincapié en ese último punto. La dirigente destacó que maestras y maestros no solamente enseñan contenidos, sino que cotidianamente detectan situaciones familiares complejas, escuchan a los estudiantes e intervienen ante posibles vulneraciones de derechos. Por eso reclamó políticas públicas, recursos y equipos interdisciplinarios que permitan proteger tanto a los alumnos como a los propios trabajadores.
La escuela termina siendo, especialmente en determinadas comunidades, uno de los primeros lugares donde aparecen problemas que exceden ampliamente lo pedagógico.
Y quien interviene también necesita estar protegido.
Amsafé volvió a cuestionar la política educativa provincial
La conferencia no quedó limitada al reclamo por seguridad. Alonso volvió a cuestionar diferentes decisiones de la administración provincial y relacionó las condiciones de trabajo con salarios, presentismo, descuentos y sobrecarga laboral.
“Hoy la discusión no tiene que ser el descuento ni el presentismo. La discusión que tiene que dar el Gobierno es empezar a dar marcha atrás con estas políticas de ajuste, porque la mejor forma de sostener la escuela pública es con mejores condiciones para enseñar y aprender”, sostuvo.
El Gobierno provincial mantiene profundas diferencias con Amsafé respecto de buena parte de esas políticas. El presentismo se convirtió desde el comienzo de la gestión en uno de los principales puntos de confrontación, al igual que la discusión salarial y las medidas de fuerza.
Pero el planteo surgido ahora incorpora otra variable.
Más allá de las diferencias entre Gobierno y gremios, existe una pregunta concreta que debería encontrar algún grado de consenso: ¿qué condiciones mínimas debe garantizar el Estado para que un maestro pueda llegar, trabajar y regresar seguro de una escuela rural?
La respuesta no debería depender de una discusión paritaria ni de una disputa sindical.
La ruralidad obliga a mirar mucho más allá del aula
Santa Fe posee un territorio extenso y profundamente heterogéneo. Las condiciones de enseñar en Rosario o Santa Fe capital difícilmente puedan compararse de manera automática con las de establecimientos ubicados en pequeñas localidades o zonas rurales alejadas.
Eso obliga a pensar políticas específicas.
Transporte, caminos, conectividad, infraestructura, alojamiento, comunicación frente a emergencias y equipos de acompañamiento deberían formar parte de una mirada integral sobre la docencia rural.
La descripción realizada por Alonso sobre trabajadores que deben hacer dedo para llegar a sus escuelas expone hasta qué punto algunas situaciones permanecen alejadas de cualquier estándar razonable de previsibilidad laboral.
Un maestro no debería comenzar su jornada preguntándose primero cómo conseguirá llegar a trabajar.
Mucho menos debería tener que intervenir sobre una ruta para poder transitarla.
Del dolor por Nancy Godoy a una discusión que Santa Fe también debe dar
Amsafé definió la jornada como un día de duelo, lucha y denuncia. Además del paro, hubo actividades de visibilización en diferentes puntos de la provincia y una concentración convocada frente a la Casa del Maestro de Amsafé La Capital. CTERA, mientras tanto, permanece en estado de alerta y asamblea permanente.
El reclamo principal es justicia por Nancy Godoy. La investigación deberá determinar qué ocurrió y establecer las responsabilidades correspondientes. También resulta prudente señalar que la calificación del crimen como femicidio deberá surgir del proceso judicial y no de una definición sindical o periodística.
Pero el impacto del caso abrió inevitablemente otra discusión.
La escuela suele ser presentada como el lugar que contiene, acompaña y protege. Los docentes son quienes diariamente reciben a niños y adolescentes, detectan problemas y muchas veces terminan ocupándose de situaciones que exceden largamente la enseñanza.
La pregunta de Alonso, entonces, merece ser tomada literalmente:
¿quién cuida a quienes cuidan?
Que no falte ninguna maestra más
“Con la firmeza de exigir justicia, de no mirar para otro lado y, por supuesto, de que no falte ninguna maestra más”, cerró Rodrigo Alonso.
La frase nació frente a una tragedia y debe ser entendida en ese contexto. Pero también puede transformarse en una obligación mucho más amplia para el Estado.
Cuidar a los maestros significa garantizar seguridad frente a la violencia, pero también condiciones dignas de trabajo. Significa disponer de equipos para acompañarlos cuando deben intervenir en situaciones complejas. Significa garantizar que una docente rural no dependa de hacer dedo para llegar a su escuela y que los caminos que recorre puedan transitarse.
Y significa evitar que vuelva a repetirse una postal que debería resultar incómoda para cualquier administración: docentes dejando por un momento su tarea de enseñar para intentar arreglar ellos mismos el camino que necesitan para llegar a trabajar.
El asesinato de Nancy Godoy abrió una jornada de dolor nacional.
En Santa Fe, además, debería servir para formular una pregunta mucho más cercana:
si el Estado les pide a los maestros que estén todos los días frente al aula, ¿qué está haciendo para garantizar que puedan llegar y volver seguros?
