La Procuración de la Cámara de Apelaciones respaldó el planteo que busca suspender provisoriamente las obras en la costa norte hasta que se resuelva la discusión sobre la legalidad del procedimiento. El dictamen no es vinculante y la decisión final está ahora en manos de la Cámara, pero advierte que continuar los trabajos podría tornar ineficaz una eventual sentencia favorable a los amparistas. Pese a eso, la gestión de Pablo Javkin confirmó que no detendrá un proyecto de más de $13.735 millones. Juan Monteverde y la abogada Jesica Pellegrini volvieron a reclamar el freno inmediato y colocaron en el centro del debate una pregunta institucional: ¿por qué avanzar sobre un espacio público mientras la Justicia todavía analiza si el procedimiento utilizado fue legal?
Pablo Javkin no piensa frenar. Al menos por ahora.
El intendente de Rosario decidió mantener en marcha las obras de transformación de la costa norte y del controvertido Parque Acuático pese a que la Procuración de segunda instancia emitió un dictamen favorable al planteo que reclama suspender los trabajos hasta que la Cámara de Apelaciones determine si el procedimiento seguido por la Municipalidad se ajustó a derecho.
El dato necesita una precisión fundamental: la Procuración no ordenó paralizar la obra. Su dictamen no es vinculante y la decisión corresponde a los camaristas. Pero tampoco se trata de una opinión política más.
La procuradora de segunda instancia Mariela Sarrías consideró admisible el reclamo y advirtió sobre un problema elemental: si las máquinas siguen trabajando mientras la Justicia analiza la controversia, podría ocurrir que cuando finalmente exista una sentencia el proyecto ya se encuentre materialmente avanzado y resulte extremadamente difícil —o inútil— intentar volver atrás.
Ese es el nuevo escenario. La Justicia todavía no resolvió definitivamente si el procedimiento fue legal. La Procuración considera que existen argumentos suficientes para analizar el planteo y razones para evitar que el paso del tiempo vacíe de contenido una eventual sentencia. La oposición pide detener las máquinas. Y el Ejecutivo municipal responde que seguirá adelante.
Un dictamen que cambia el escenario
El conflicto comenzó mucho antes. Juan Monteverde, concejales opositores, vecinos y organizaciones cuestionaron judicialmente la manera en que el Ejecutivo avanzó con el proyecto ubicado en el sector de La Florida y Rambla Catalunya.
Uno de los puntos centrales es institucional. Los demandantes sostienen que Javkin avanzó mediante el Decreto 715/2026 sobre una intervención que modifica los usos de un sector de la costa y que, por sus características, debería haber sido discutida y autorizada por el Concejo Municipal.
También cuestionan las posibilidades de construir sobre un espacio catalogado como Plaza Antonio Berni, además de plantear objeciones ambientales, urbanísticas y relacionadas con la participación ciudadana.
En primera instancia, el juez Marcelo Quiroga rechazó la cautelar que pretendía detener los trabajos. Esa decisión fue apelada. Y ahora la Procuración respaldó la necesidad de que la Cámara analice el planteo y puso especialmente el foco en lo que jurídicamente se denomina “peligro en la demora”.
El parque puede estar construido antes de saber si podía construirse
La contradicción puede explicarse de manera sencilla. Supongamos que dentro de determinado tiempo la Justicia concluye que el Ejecutivo necesitaba autorización del Concejo y que el procedimiento utilizado no fue correcto. ¿Qué ocurre si para entonces el Parque Acuático está prácticamente terminado?. Ese es precisamente el riesgo señalado.
La obra tiene un presupuesto oficial de $13.735.783.582,50 y un plazo de ejecución de 180 días corridos. Las constructoras Obring SA y De Paoli & Trosce Constructora SRL ya llevan meses trabajando en el sector.
Según el dictamen atribuido a Sarrías, continuar las tareas puede “modificar sustancialmente la situación existente y tornar ineficaz una eventual sentencia favorable”. En otras palabras: la Justicia podría terminar determinando que el procedimiento fue incorrecto cuando materialmente ya resulte demasiado tarde para evitar sus consecuencias.
Monteverde volvió a pedir que se detengan las máquinas
Con ese dictamen, Monteverde regresó a la ofensiva.
El concejal de Ciudad Futura anunció una nueva presentación para que la Cámara haga efectivo el efecto suspensivo con el que fue concedida la apelación. “Ahora presentamos un escrito para que se haga cumplir el efecto suspensivo de la apelación y ordene detener inmediatamente las obras”, explicó.
Monteverde insiste además en separar dos discusiones que el oficialismo suele presentar juntas. No cuestiona toda intervención sobre la costa norte. “Nosotros estamos a favor de las mejoras en la rambla, no del parque acuático”, afirmó.
La diferencia es importante. El planteo opositor sostiene que mejorar infraestructura, servicios y espacios públicos en La Florida no implica necesariamente aceptar la construcción del complejo acuático en las condiciones definidas por el Ejecutivo.
Pellegrini: “El interés público no es solamente que una obra continúe”
La abogada y concejala Jesica Pellegrini aportó una explicación jurídica que lleva el debate más allá de estar a favor o en contra de un parque.
Según explicó, el dictamen reconoce que existe una discusión seria sobre las competencias del Concejo, las atribuciones de los diferentes órganos del Estado y la regularidad del procedimiento administrativo.
Pero su definición más contundente estuvo relacionada con el argumento del interés público. “El interés público no es solamente que una obra continúe. También es interés público que la Administración respete la legalidad, las competencias institucionales y los mecanismos de control democrático”, sostuvo. Y después fue directamente hacia el Ejecutivo: “FRENEN LA OBRA”.
Para Pellegrini, continuar avanzando sobre un espacio público cuando existe una controversia judicial pendiente puede generar posteriormente consecuencias patrimoniales y jurídicas para la propia ciudad.
Su planteo es que todavía existe una posibilidad de evitarlo: permitir que la Cámara resuelva antes de que los hechos consumados condicionen cualquier decisión posterior.
Javkin responde con las máquinas trabajando
La reacción municipal fue exactamente la contraria. El secretario de Gobierno, Sebastián Chale, confirmó que las obras seguirán adelante. Para el funcionario, el dictamen de la Procuración “no tiene ninguna relevancia” respecto del desarrollo de los trabajos.
El Ejecutivo se apoya fundamentalmente en que la cautelar fue rechazada en primera instancia y en que todavía no existe una resolución de la Cámara que ordene paralizar la obra. Además, el proyecto cuenta con la aprobación provincial del estudio de impacto ambiental y del plan de gestión ambiental, otorgada por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático el 13 de agosto.
Desde esa interpretación, la Municipalidad entiende que jurídicamente está habilitada para continuar. Y lo está haciendo. Chale incluso sostuvo que los trabajos avanzan sin contratiempos y que el complejo podría abrir hacia fin de año.
Una cosa es poder seguir y otra discutir si conviene hacerlo
Allí aparece probablemente la discusión más interesante del conflicto. Puede que hasta que la Cámara resuelva no exista una orden judicial firme que obligue al municipio a detener las máquinas. Pero eso no responde necesariamente otra pregunta: ¿es institucionalmente prudente seguir avanzando?
Porque el nuevo dictamen introduce precisamente esa advertencia. No dice que el Parque Acuático sea definitivamente ilegal. Tampoco resuelve el fondo del litigio. Lo que plantea es que la discusión sobre la intervención del Concejo y la regularidad del procedimiento posee entidad suficiente para ser analizada, y que mientras eso ocurre continuar construyendo puede provocar una situación difícil de revertir.
La diferencia es sustancial. El Ejecutivo parece responder desde la legalidad inmediata: nadie nos ordenó frenar. Los demandantes responden desde la prudencia institucional: no construyan hasta saber si podían hacerlo de esta manera.
Una obra judicializada desde varios frentes
El problema tampoco está reducido a una única presentación.
De acuerdo con la información reunida, existen en el fuero civil y comercial cuatro planteos, entre amparos y una presentación vinculada con la Ley 10.000, además de una causa penal a cargo del fiscal José Luis Caterina.
Las objeciones abarcan cuestiones diferentes: competencias del Concejo, ausencia del Plan de Detalle reclamado por los opositores, cuestiones ambientales, participación ciudadana, información disponible sobre el impacto en el ecosistema costero y condiciones de acceso público.
La existencia de esas presentaciones no demuestra que la obra sea ilegal. Pero sí demuestra algo políticamente relevante: el proyecto está lejos de tener cerrada su discusión institucional.
¿Por qué continuar a cualquier costo?
Fuera del expediente aparece otra discusión. Es política.
La persistencia del Ejecutivo en avanzar con el Parque Acuático, pese al nivel de conflictividad vecinal, política y judicial que generó, alimenta preguntas que comenzaron a multiplicarse entre opositores y sectores críticos del proyecto.
¿Por qué Javkin considera indispensable terminar esta obra antes de que concluya su mandato?, ¿Por qué no esperar una definición judicial?, ¿Por qué no llevar una discusión de semejante magnitud al Concejo y construir una legitimidad política más amplia?, ¿Existe alguna razón administrativa, contractual, económica o política que vuelva inconveniente detener temporalmente los trabajos?. Son preguntas legítimas.
Lo que no corresponde es transformar esas preguntas en afirmaciones sobre supuestos intereses ocultos sin evidencia que los demuestre.
Hasta ahora, la información disponible permite sostener que existe una decisión política firme de Javkin de avanzar con el proyecto. No permite afirmar qué motivaciones no explicitadas podrían existir detrás de esa decisión.
Precisamente por eso, cuanto mayor sea la resistencia del Ejecutivo a revisar el camino elegido, mayor será también la necesidad de transparentar las razones que justifican continuar.
Un gobierno que entra en la última parte de su mandato
Existe además un componente temporal. Javkin atraviesa el tramo final de su segundo mandato. Eso no reduce sus atribuciones institucionales: continúa siendo intendente y conserva plenamente las competencias que corresponden al Ejecutivo hasta el último día de gestión. Pero políticamente modifica el contexto.
Una intervención de más de $13.735 millones, realizada sobre uno de los espacios públicos más sensibles de Rosario y atravesada por cuestionamientos judiciales y políticos, puede proyectar consecuencias mucho más allá de la administración que decidió ejecutarla.
Por eso la discusión sobre participación, legalidad y control institucional adquiere todavía más importancia. No se trata simplemente de determinar si a alguien le gusta o no un parque acuático. Se trata de establecer cómo puede un gobierno intervenir sobre un espacio público, qué controles debe atravesar y hasta dónde puede avanzar mientras esas competencias todavía están siendo discutidas ante la Justicia.
La Cámara tiene ahora la palabra, pero Javkin eligió no esperar
El próximo movimiento decisivo ya no depende de Monteverde, Pellegrini ni del Ejecutivo. Depende de la Cámara de Apelaciones.
Los camaristas deberán resolver si corresponde detener provisionalmente las obras y posteriormente avanzar sobre el fondo de la controversia. Hasta entonces, Javkin eligió continuar. Y allí radica el nuevo problema político para el intendente. Porque la discusión dejó de ser solamente Parque Acuático sí o Parque Acuático no.
Ahora existe un organismo judicial que advierte que avanzar podría hacer inútil una futura sentencia. Existe una oposición que reclama frenar. Existe un Ejecutivo que responde que seguirá construyendo. Y existe una ciudad que merece conocer por qué una obra cuestionada desde tantos frentes debe continuar inexorablemente mientras su procedimiento todavía se discute en tribunales. Más en un marco de RESPETO.
La pregunta ya no es solamente si Rosario necesita un Parque Acuático. La pregunta que comienza a imponerse es bastante más institucional: ¿qué sentido tendría que la Justicia determine mañana que algo debía haberse hecho de otra manera, si el Gobierno se apresuró a terminarlo hoy?
