El 10 de septiembre de 2023 Maximiliano Pullaro obtenía una victoria histórica: 1.031.964 santafesinos lo elegían gobernador con el 58,47% de los votos. Tres años después, el aniversario ofrece una oportunidad para revisar no solamente los logros que reivindica la Casa Gris, sino también las promesas que quedaron en el camino, los sectores con los que terminó enfrentado, las reformas que cambiaron aquel contrato electoral y las decisiones que marcarán a Santa Fe más allá de 2027. Docentes, estatales, jubilados, policías, reforma previsional, endeudamiento, reforma constitucional, reelección y una relación con Javier Milei mucho más cercana de lo que muchas veces expresa el discurso provincial forman parte de ese balance.
Un día como hoy, pero hace exactamente tres años, Maximiliano Pullaro protagonizaba una de las victorias electorales más contundentes de la historia reciente de Santa Fe.
El 10 de septiembre de 2023, acompañado por Gisela Scaglia, el candidato de Unidos para Cambiar Santa Fe consiguió 1.031.964 votos, equivalentes al 58,47% de los sufragios afirmativos, y derrotó por casi 30 puntos al peronista Marcelo Lewandowski, que obtuvo 544.468 votos y el 30,85%.
No fue simplemente un triunfo. Fue un mandato electoral de enorme magnitud.
Más de un millón de santafesinos depositaron en Pullaro expectativas de cambio después de cuatro años de gestión peronista, atravesados especialmente por la crisis de seguridad de Rosario. Tres años más tarde, aquella fotografía electoral permite hacer otra pregunta. ¿Cuánto queda del contrato que Pullaro construyó con los santafesinos antes de llegar a la Casa Gris?
Porque durante estos casi tres años de administración existen logros que difícilmente puedan ser desconocidos, especialmente la fuerte reducción de los homicidios y una obra pública provincial que adquirió volumen en medio del retiro del Estado nacional.
Pero también existe otra historia. La de sectores que escucharon determinadas promesas durante la campaña y después encontraron políticas diferentes. La de trabajadores públicos que perdieron poder adquisitivo. La de jubilados alcanzados por una reforma previsional. La de policías que terminaron protestando contra el mismo Gobierno que había hecho de la seguridad su principal bandera. La de una Constitución reformada bajo el liderazgo del propio gobernador que terminó habilitando su reelección inmediata. Y también la de una provincia que pasó de caracterizarse por su bajo endeudamiento a autorizar operaciones crediticias por hasta 1.000 millones de dólares.
Los docentes: posiblemente la ruptura más evidente del contrato electoral
Si hay un sector sobre el que puede analizarse con mayor claridad la distancia entre la campaña y el ejercicio del poder es la docencia. Durante la campaña electoral de 2023, Pullaro buscó llevar tranquilidad a los trabajadores públicos.
El 12 de julio de aquel año, todavía como candidato, había defendido públicamente la continuidad de las paritarias docentes y de mecanismos que permitieran evitar que el salario perdiera frente a la inflación.
SADOP Rosario recordó posteriormente aquellas declaraciones para cuestionar lo ocurrido después de su llegada al Gobierno. Según el sindicato, Pullaro había respaldado durante la campaña la continuidad de la negociación paritaria y de la cláusula gatillo.
Incluso después de ganar las elecciones y antes de asumir, el gobernador electo reiteró que trabajaría para que los salarios públicos no perdieran frente a la inflación, aunque comenzó entonces a evitar comprometerse expresamente con una cláusula gatillo permanente. La primera gran controversia apareció apenas iniciado su mandato.
El Gobierno de Omar Perotti había firmado en 2023 un acuerdo paritario que contenía dos actualizaciones automáticas vinculadas con la inflación. La última debía aplicarse en enero de 2024, cuando Pullaro ya estuviera en la Casa Gris. El acuerdo estaba formalmente homologado por decreto. La nueva administración inicialmente sostuvo que no estaba en condiciones de pagar íntegramente aquel compromiso.
Comenzó abonando un 14% a cuenta y posteriormente otro 22,4%. Finalmente, en febrero de 2024 el propio Gobierno anunció que saldaría la paritaria 2023. Formalmente, por lo tanto, terminó pagando aquel incremento. Pero lo hizo fuera de los términos y del cronograma previsto originalmente, después de semanas de conflicto y de haber puesto inicialmente en duda la obligación heredada.
Meses más tarde, Pullaro fue aún más explícito al marcar distancia con aquel esquema: sostuvo que las deudas firmadas por administraciones anteriores deberían haber sido reclamadas al gobierno anterior y cuestionó que una administración comprometiera aumentos que debía pagar la siguiente.
La cláusula gatillo, además, dejó de formar parte de la política salarial de su administración. El cambio fue sustancial. Aquello que durante la campaña aparecía como una herramienta para preservar el salario frente a la inflación fue reemplazado por otro criterio: los aumentos estarían vinculados fundamentalmente con la evolución de los ingresos y las posibilidades financieras de la Provincia.
Del reconocimiento docente al presentismo
La relación se deterioró aún más con la implementación de Asistencia Perfecta. El Gobierno rechazó definirlo como un presentismo y lo presentó como un incentivo adicional para aquellos docentes que no registraran ausencias.
Pullaro justificó la decisión con cifras sobre el costo de los reemplazos y sostuvo que los docentes que asistieran regularmente a trabajar serían quienes mejorarían más sus ingresos. Para AMSAFE y SADOP, en cambio, el programa instaló nuevamente una lógica de presentismo y penalizó indirectamente licencias vinculadas con enfermedades y responsabilidades familiares.
El conflicto terminó modificando profundamente la relación política entre Pullaro y la docencia. A eso se sumaron descuentos por días de paro, ofertas salariales rechazadas, cierres de negociaciones mediante decreto y una pérdida de poder adquisitivo denunciada reiteradamente por los sindicatos. El contraste con la campaña de 2023 fue cada vez más evidente.
Pullaro había llegado hablando de recuperar el prestigio de la educación y de mejorar la situación del trabajador docente. Tres años después, AMSAFE constituye uno de los sectores gremiales más enfrentados con su administración.
El 82% móvil y otra promesa que chocó con la reforma previsional
El conflicto docente encontró otro punto central en septiembre de 2024. Antes de enviar la reforma previsional a la Legislatura, Pullaro aseguró públicamente que no se recortaría el 82% móvil ni se modificarían las edades jubilatorias. La ley finalmente aprobada introdujo modificaciones importantes.
En el Régimen Opcional Docente estableció un haber inicial equivalente al 76% de la remuneración determinada por ley, con un incremento de dos puntos porcentuales por cada año adicional de servicios docentes hasta alcanzar un máximo del 82%. También incorporó aportes extraordinarios, modificaciones en los aportes de los trabajadores y nuevas reglas para distintos regímenes previsionales.
Para el Gobierno, la reforma fue necesaria para garantizar la sustentabilidad de una Caja con un déficit creciente. Para los gremios, significó alterar derechos previsionales que habían formado parte durante años del sistema santafesino. Dos años después, el conflicto continúa.
AMSAFE volvió esta semana a la Legislatura con alrededor de 20.000 firmas reclamando terminar con la emergencia previsional, eliminar los aportes extraordinarios, recuperar la simultaneidad de los aumentos entre activos y pasivos y garantizar un 82% móvil real.
La discusión, entonces, dejó de ser solamente técnica. También adquirió dimensión política: el gobernador que había prometido preservar el 82% terminó impulsando la reforma previsional más profunda de los últimos años en Santa Fe.
El ajuste provincial que acompañó al orden fiscal
Una de las principales banderas del Gobierno es el equilibrio de las cuentas públicas. Pullaro sostiene que Santa Fe pudo mantener la obra pública precisamente porque ordenó el Estado, redujo gastos y consiguió superávit. Es uno de los argumentos centrales de su gestión.
Pero existe una contracara. Docentes, estatales y jubilados sostienen que una parte significativa de ese ordenamiento se consiguió mediante salarios que crecieron por debajo del costo de vida y modificaciones previsionales que trasladaron parte del esfuerzo hacia los trabajadores.
Pullaro llegó incluso a admitir públicamente en 2024 que Santa Fe había hecho su propio «ajuste», aunque sostuvo que luego de ese proceso la Provincia había quedado en condiciones de invertir. La discusión sigue abierta. Porque equilibrio fiscal y deterioro salarial pueden coexistir. La verdadera pregunta es cómo se distribuyó el costo de alcanzar ese equilibrio.
Pullaro triplicó la planta política
Otro dato que alimenta las críticas sobre el discurso de austeridad de la gestión es el crecimiento de la estructura política del Ejecutivo. Según un informe del CEPA elaborado sobre datos oficiales del Ministerio de Economía provincial, la cantidad de cargos políticos pasó de 662 en 2023 a 2.115 en 2025, es decir, más que se triplicó en dos años. Las autoridades superiores aumentaron de 562 a 749, los asistentes técnicos niveles 1 a 4 pasaron de 100 a 365 y se incorporaron además 1.001 asistentes técnicos de nuevos niveles.
El mismo relevamiento señala que, a comienzos de 2025, un asistente técnico nivel 1 percibía $3,32 millones mensuales, mientras que un director provincial rondaba los $4,28 millones, un subsecretario los $6,58 millones y un secretario los $7,59 millones, sin contabilizar eventuales viáticos, adicionales u otros estímulos. El contraste resulta políticamente sensible porque, mientras el Gobierno justificó distintas medidas salariales y previsionales en la necesidad de ordenar las cuentas públicas, durante el mismo período la planta permanente se redujo en alrededor de 6.000 agentes, según el estudio.
Lejos de reducir el tamaño del Estado, el gobierno modificó la lógica de contratación: recortó personal de carrera y reemplazó empleo estable por asesores políticos de designación directa, sin concurso ni controles.
Una reforma jubilatoria que abrió un conflicto mucho mayor
La reforma previsional excedió ampliamente a los docentes. Estatales, judiciales, policías, penitenciarios y jubilados quedaron alcanzados por diferentes aspectos de la Ley 14.283.
La norma declaró una emergencia previsional por dos años, prorrogable por uno más, incorporó un aporte extraordinario sobre determinadas jubilaciones y elevó contribuciones. La sanción se produjo además en medio de una fuerte protesta frente a la Legislatura.
Para Pullaro, era imposible sostener un sistema cuyo déficit debía ser financiado por el conjunto de los contribuyentes. Para los gremios, el Gobierno decidió equilibrar la Caja recurriendo a quienes habían realizado aportes durante toda su vida laboral. Ese conflicto nunca terminó de cerrarse. Y dejó una de las primeras grandes heridas entre el Gobierno provincial y buena parte de sus trabajadores.
Seguridad: el éxito estadístico y las contradicciones del modelo
Sería imposible realizar un balance serio de Pullaro sin reconocer el cambio ocurrido en materia de seguridad. La reducción de homicidios en Rosario y en el conjunto provincial fue extraordinariamente significativa. 2024 y 2025 terminaron con niveles de violencia letal muy inferiores a los años anteriores. Es probablemente el logro más importante de su administración.
Pullaro asumió con una promesa concreta: recuperar el control de las cárceles, enfrentar a las organizaciones criminales y devolver presencia al Estado. Los indicadores muestran resultados. Pero la política también estuvo acompañada por controversias.
Emergencias sucesivas, mayores facultades policiales y fiscales, reformas procesales, condiciones más restrictivas dentro de las cárceles y un discurso basado en la autoridad estatal generaron cuestionamientos de organizaciones y dirigentes que advirtieron sobre los límites constitucionales de algunas herramientas. Y en febrero de 2026 apareció una contradicción inesperada.
La Policía también terminó protestando contra Pullaro
La fuerza que constituye el principal brazo de la política de seguridad provincial protagonizó una de las crisis internas más importantes del mandato. Policías, penitenciarios y familiares comenzaron a reclamar por salarios, adicionales y condiciones laborales. La protesta escaló en Rosario hasta afectar el funcionamiento normal de la fuerza.
Hubo patrulleros frente a la Jefatura, efectivos que se negaban a prestar servicios normalmente, pases a disponibilidad y una crisis que obligó al Gobierno a negociar una recomposición. Para una administración cuya identidad política estuvo construida alrededor del orden y la autoridad, la imagen resultó incómoda.
El conflicto demostró que detrás de la fuerte inversión en infraestructura, tecnología y equipamiento existía también un reclamo económico de quienes debían ejecutar diariamente esa política. Finalmente, el propio gobernador reconoció que existían demandas legítimas.
Endeudamiento: una decisión que excederá al mandato de Pullaro
Existe otro cambio estructural que probablemente recién pueda evaluarse en su verdadera dimensión durante los próximos años. Santa Fe fue históricamente una provincia con bajo nivel de endeudamiento.
Pullaro decidió cambiar esa lógica. En junio de 2025 consiguió autorización legislativa para realizar operaciones de crédito público por hasta 1.000 millones de dólares. La Ley 14.409 estableció que el dinero utilizado para gastos de capital debía destinarse en un 50% a infraestructura productiva, 25% a infraestructura social y 25% a seguridad pública.
El argumento oficial es atendible: endeudarse para construir infraestructura no es equivalente a tomar deuda para pagar salarios o financiar gasto corriente. Santa Fe arrastra déficits históricos en rutas, energía, logística, infraestructura educativa y seguridad.
Pullaro calcula que la provincia necesita inversiones por alrededor de 8.000 millones de dólares y proyectó ejecutar unos 5.000 millones durante su administración. Pero el volumen del financiamiento abre una discusión inevitable. Las obras se inauguran durante una gestión; las deudas pueden terminar pagándose durante varias.
Eso significa que una parte de las decisiones tomadas hoy comprometerá recursos provinciales después de que Pullaro termine su actual mandato e incluso eventualmente después de una segunda administración. El verdadero resultado de esa estrategia sólo podrá medirse comparando el valor económico y social de la infraestructura construida con el costo financiero asumido para ejecutarla.
Deuda en dólares, riesgo en pesos
La cuestión adquiere una importancia adicional por tratarse de compromisos vinculados en buena medida con moneda extranjera. Santa Fe tiene capacidad crediticia, buenos antecedentes de pago y nunca atravesó un proceso de default o reestructuración. El Gobierno reivindica precisamente esa situación como una fortaleza.
Durante los primeros dos años y cuatro meses de gestión informó haber cancelado más de $204.000 millones correspondientes a obligaciones anteriores. Pero tener capacidad de endeudamiento no significa que la deuda desaparezca como problema. Una devaluación, una modificación brusca en las condiciones macroeconómicas o una caída de la recaudación podrían incrementar el peso relativo de los compromisos asumidos.
Por eso el endeudamiento constituye posiblemente una de las decisiones más trascendentes y menos discutidas políticamente del período.
Milei: diferencias públicas y coincidencias estructurales
La relación con Javier Milei merece también ser revisada a tres años de aquella elección provincial. Pullaro marcó diferencias con Nación.
Reclamó por rutas nacionales abandonadas, criticó la paralización de la obra pública, cuestionó aumentos de retenciones, defendió sectores industriales y exigió el pago de la deuda que ANSES mantiene con la Caja de Jubilaciones.
Sería incorrecto afirmar que nunca confrontó. Pero también sería incompleto analizar la relación solamente desde esas declaraciones. En los temas estructurales, Pullaro acompañó buena parte del camino de Milei.
Respaldó políticamente la necesidad de que el Gobierno nacional tuviera herramientas legislativas. Acompañó la Ley Bases. Firmó el Pacto de Mayo. Compartió públicamente el objetivo de equilibrio fiscal. Reconoció la baja de la inflación como uno de los resultados positivos del programa económico nacional. Y evitó durante buena parte del mandato convertirse en un opositor frontal al Presidente.
Tres años después resulta particularmente significativa una definición del propio gobernador. En julio de 2026, Pullaro aseguró que mantiene una relación «muy buena» con Milei y con su gobierno, aun cuando señaló diferencias relacionadas con el campo, la industria y el perfil productivo que debería tener el país.
La estrategia podría definirse como pragmatismo institucional. Pero desde la oposición aparece otra lectura: mientras el Gobierno nacional eliminaba recursos que llegaban a Santa Fe, Pullaro continuaba acompañando buena parte de los fundamentos económicos y políticos del proyecto libertario.
Una relación con Milei que tuvo costos para Santa Fe
Las diferencias no fueron menores. Nación eliminó el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Redujo subsidios al transporte. Paralizó obra pública. Dejó rutas nacionales sin el mantenimiento reclamado por la Provincia. Interrumpió transferencias vinculadas al déficit de la Caja de Jubilaciones.
En algunos casos, Santa Fe decidió reemplazar con recursos propios lo que Nación dejó de financiar. En otros llevó los reclamos hasta la Corte Suprema. La paradoja política es evidente.
Pullaro debió utilizar recursos provinciales para cubrir consecuencias de un programa nacional cuyos objetivos generales —especialmente equilibrio fiscal y ordenamiento macroeconómico— continuó reivindicando.
Las críticas más duras hacia Milei generalmente aparecieron cuando una decisión afectaba directamente a intereses productivos o financieros de Santa Fe. Fuera de esos episodios, el gobernador procuró preservar el vínculo y casi siempre ser condecendiente.
Reforma constitucional: de una necesidad histórica a la reelección propia
Pullaro consiguió algo que ninguno de sus antecesores había podido lograr durante décadas: reformar la Constitución santafesina.
La Carta Magna provincial llevaba 63 años sin una reforma integral. Existían innumerables argumentos institucionales para modificarla. Autonomía municipal, nuevos derechos, funcionamiento de la Justicia, Ministerio Público, mecanismos de control y modernización institucional formaban parte de una agenda postergada. Pero hubo un tema que atravesó todo el proceso: la reelección del gobernador.
Pullaro fue simultáneamente gobernador, principal impulsor político de la reforma y convencional constituyente. Y la nueva Constitución terminó habilitándolo personalmente para presentarse nuevamente en 2027.
Desde el punto de vista jurídico, la posibilidad quedó legitimada por el nuevo texto constitucional. Desde el punto de vista político, la discusión es diferente. Quien impulsó el cambio de las reglas terminó siendo su beneficiario inmediato.
Eso convirtió a la reforma, independientemente de sus otros avances institucionales, en otro de los puntos donde las decisiones de gobierno comenzaron a mezclarse con el proyecto político personal del gobernador.
El poder que nació de aquel millón de votos
Pullaro no solamente ganó la elección de 2023. Construyó después una estructura de poder inédita para un gobernador santafesino en muchos años. Unidos consiguió controlar la Cámara de Diputados. El oficialismo mantuvo una presencia territorial muy importante.
La Casa Gris logró aprobar prácticamente todas sus reformas estructurales. Seguridad. Emergencia. Sistema previsional. Justicia. Constitución. Endeudamiento.Pocas administraciones provinciales tuvieron semejante capacidad para modificar las reglas en tan poco tiempo. Esa capacidad puede leerse como eficacia política. Pero también incrementa la responsabilidad.
Cuanto mayor es el poder de un gobierno para aprobar sus proyectos, menor resulta la posibilidad de atribuir posteriormente los resultados a bloqueos externos.
Tres años después: otro Pullaro
El Maximiliano Pullaro que recibió más de un millón de votos el 10 de septiembre de 2023 llegaba prometiendo recuperar la seguridad, ordenar el Estado, defender la producción, mejorar la educación y recomponer la relación entre gobierno y ciudadanía.
Parte de esa agenda tuvo resultados. La reducción de homicidios es innegable. La obra pública provincial tiene una magnitud considerable. La administración exhibe equilibrio fiscal, a pesar del deficit de este año. La reforma constitucional terminó con una deuda institucional de más de seis décadas. Pero durante el camino también cambió una parte de aquel contrato.
Los docentes que escucharon hablar de salarios que no perderían contra la inflación terminaron sin cláusula gatillo y enfrentados con el Gobierno. Los jubilados que escucharon que el 82% móvil no sería tocado quedaron alcanzados por una reforma que modificó el cálculo previsional y estableció aportes extraordinarios. Los estatales denuncian pérdida salarial. La Policía terminó protagonizando una protesta sin antecedentes recientes por sus ingresos y condiciones laborales.
Una provincia caracterizada por su bajo endeudamiento asumió una política crediticia que puede comprometer hasta 1.000 millones de dólares.
La reforma constitucional terminó habilitando la reelección inmediata del gobernador que la había impulsado. Y mientras Milei aplicaba sobre Santa Fe recortes que obligaron a la Provincia a reclamar o reemplazar recursos nacionales, Pullaro mantuvo una relación que él mismo continúa calificando como «muy buena».
El contrato electoral también se evalúa por aquello que cambió
A Pullaro le queda más de un año de su actual mandato. Y las elecciones no son solamente una autorización para gobernar. También construyen un contrato entre lo que un candidato promete y aquello que decide hacer cuando obtiene el poder.
El 10 de septiembre de 2023, 1.031.964 santafesinos eligieron a Maximiliano Pullaro. Fue una de las victorias electorales más amplias de la historia provincial reciente. Tres años después, el interrogante ya no pasa únicamente por cuántos votos consiguió. Pasa por determinar cuánto de aquello que prometió a ese millón de santafesinos continúa vigente.
Porque gobernar también implica cambiar decisiones frente a circunstancias inesperadas. La Argentina que Pullaro encontró en diciembre de 2023, después de la llegada de Milei, fue muy diferente de aquella sobre la que había construido su campaña.
Pero las dificultades económicas no eliminan la obligación política de rendir cuentas sobre las promesas realizadas. Y allí aparece posiblemente el punto central de estos tres años.
Pullaro puede exhibir resultados importantes. Puede argumentar que recibió una provincia atravesada por la violencia y que debió gobernar en medio de uno de los ajustes nacionales más profundos de las últimas décadas. Puede mostrar rutas provinciales, escuelas, cárceles, infraestructura y cuentas ordenadas. Pero también deberá explicar por qué algunas de las garantías que ofreció antes de llegar al poder fueron reemplazadas por políticas exactamente en la dirección que aquellos sectores temían.
Tres años después de aquel millón de votos, el balance de Pullaro ya no puede medirse solamente por las transformaciones que consiguió hacer. También debe medirse por las promesas que decidió dejar atrás.
