El Gobierno de Santa Fe salió a marcar posición frente a la ola de amenazas en establecimientos educativos, un fenómeno que se profundizó tras el episodio sin precedentes ocurrido en San Cristóbal. La estrategia oficial fue clara: poner el foco en la responsabilidad de las familias, advertir sobre consecuencias legales y económicas y convocar a la comunidad educativa a asumir un rol activo en la prevención.
Sin embargo, la respuesta desde adentro del sistema no tardó en llegar. Y fue contundente.
Docentes, equipos socioeducativos y actores del universo educativo comenzaron a plantear una pregunta que no aparece en el discurso oficial: ¿qué grado de responsabilidad asume el propio Estado provincial en este escenario?
Un mensaje oficial que pone el foco afuera
Desde el Ministerio de Educación, encabezado por José Goity, se emitió una comunicación dirigida a las familias en la que se advierte que las amenazas no son una broma, sino delitos con consecuencias penales.
El Gobierno también fue más allá: anunció que avanzará judicialmente para recuperar los costos de los operativos que se activan ante cada amenaza, que pueden alcanzar entre 5 y 6 millones de pesos por intervención.
En ese marco, el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni detalló que solo en una jornada se registraron 65 incidencias vinculadas a amenazas en escuelas, lo que da cuenta de la magnitud del problema.
La línea oficial es clara: concientización, prevención y advertencia.
Pero con un denominador común: la responsabilidad recae principalmente en la sociedad.
La pregunta incómoda: ¿y el Estado?
En paralelo al discurso oficial, en los pasillos de las escuelas y entre los equipos que trabajan en territorio, la lectura es otra.
La pregunta que circula es directa: ¿el Ministerio de Educación asume alguna responsabilidad en este escenario?
Y la respuesta, según coinciden distintos sectores, es igual de directa: ninguna.
Se cuestiona que el Estado provincial no haya reforzado los equipos interdisciplinarios, que siguen siendo escasos frente a la dimensión del problema, y que las intervenciones muchas veces llegan cuando el conflicto ya explotó.
En una de las regionales más grandes de la provincia, apenas 23 profesionales deben cubrir cerca de 800 escuelas distribuidas en cientos de kilómetros.
Un dato que grafica la desproporción.
Una carta que expone el malestar
En ese contexto, una carta pública de una docente comenzó a circular con fuerza y se convirtió en una síntesis del malestar que atraviesa al sistema educativo.
El texto interpela directamente al gobernador Maximiliano Pullaro y describe una realidad que, según plantean, está lejos del relato oficial.
“Nos están pidiendo gestionar el caos con recursos de manual de autoayuda”, señala uno de los fragmentos más resonantes.
Pero no es el único.
La docente cuestiona que se hable de “paz social” mientras las escuelas viven situaciones de angustia y miedo, y critica que la educación sea abordada como un problema de seguridad o de responsabilidad familiar, en lugar de una política integral del Estado.
El planteo también pone el foco en lo simbólico: mientras docentes, alumnos y familias enfrentan situaciones de tensión dentro de las escuelas, el Gobierno aparece —según describe— en actividades públicas alejadas de esa realidad.
“¿Ahora los docentes somos el escudo humano de una provincia prendida fuego?”, sintetiza otro de los pasajes más duros.
Entre la seguridad y la educación
El abordaje oficial plantea una articulación entre educación, seguridad y justicia.
Se habla de delitos, de costos operativos, de responsabilidad penal juvenil y de posibles consecuencias judiciales para las familias.
Pero ese enfoque abre otro debate: ¿se está trasladando un problema educativo al terreno exclusivamente punitivo?.
Desde sectores docentes advierten que el fenómeno de las amenazas no puede reducirse a una cuestión disciplinaria o penal, sino que requiere intervención social, psicológica y comunitaria.
Y en ese punto, señalan que el Estado llega tarde o no llega.
Un problema que no es nuevo, pero sí distinto
Las situaciones de violencia o conflicto en las escuelas no son nuevas. Pero lo ocurrido en San Cristóbal marca un punto de inflexión.
No solo por la gravedad del hecho, sino por la forma en que se multiplicaron las amenazas en toda la provincia, muchas de ellas vinculadas a desafíos virales o dinámicas digitales.
Eso cambió la escala del problema. Y dejó en evidencia las limitaciones del sistema para dar respuesta.
Un Estado en discusión
El eje de fondo ya no es solo la seguridad en las escuelas. Es el rol del Estado.
Mientras el Gobierno pone el foco en la responsabilidad de las familias y advierte sobre consecuencias económicas y legales, desde la docencia se reclama otra cosa: presencia, recursos y acompañamiento real.
El conflicto no es solo por lo que pasa en las aulas. Es por quién se hace cargo de lo que pasa en ellas.
Una tensión que recién empieza
El episodio de San Cristóbal abrió una etapa nueva. Las amenazas, la respuesta oficial y la reacción docente configuraron un escenario de tensión que no parece tener resolución inmediata. Porque más allá de los comunicados y las advertencias, lo que está en juego es algo más profundo: la capacidad del Estado para contener, prevenir y acompañar en uno de los espacios más sensibles de la sociedad.
Y en ese punto, la discusión recién empieza.
