Un informe técnico revela cómo el Gobierno de Santa Fe expandió significativamente la figura de “Asistente Técnico” —una categoría de personal político creada en 2003— y la utilizó para poblar áreas sensibles del Estado con designaciones directas. Las modificaciones recientes impulsadas por Pullaro en 2023 y 2024 no solo aumentaron la cantidad de cargos, sino también su jerarquía, sueldos y atribuciones funcionales, transformando lo que era un esquema de apoyo operativo en una estructura paralela de conducción.
La figura del Asistente Técnico (AT) fue establecida por el Decreto N.º 0154 de 2003, durante la gestión de Jorge Obeid, como un mecanismo para contratar personal especializado bajo dependencia directa de funcionarios políticos. Originalmente concebida para tareas de asesoramiento técnico, la normativa limitaba estos cargos a funciones auxiliares y con una remuneración acotada, equivalente a un jefe de división.
Sin embargo, con el correr de los años, esta figura fue distorsionándose. El cambio de escala comenzó formalmente en diciembre de 2023, cuando Pullaro firmó el Decreto N.º 0026/23, y se profundizó con el Decreto N.º 0171/24. En ellos se crearon nuevas categorías jerárquicas de AT —desde AT3 hasta AT0— con salarios que superan los de directores de carrera y sin necesidad de pasar por procesos de selección pública.
Cargos políticos sin control, sueldos sin tope
Según detalla el informe, el nuevo esquema permite designar a un Asistente Técnico 0 (AT0) con una remuneración bruta de más de 2 millones de pesos, superior a la de un director provincial concursado. No solo eso: muchos de estos cargos no están asociados a funciones operativas, sino que ocupan espacios de gestión, conducción y decisión. De este modo, se genera una “estructura paralela” por fuera del régimen general del empleo público.
El impacto no es solo simbólico. Las consecuencias son económicas, administrativas e institucionales. En primer lugar, se deteriora la carrera administrativa del personal permanente, cuyas funciones son desplazadas por designaciones políticas con mayor jerarquía y mejores condiciones salariales. En segundo lugar, se vulnera el principio de idoneidad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional, al eludir concursos y evaluaciones técnicas. Y, en tercer lugar, se consolida una puerta giratoria partidaria que socava la profesionalización del Estado.
“El nuevo esquema permite contratar hasta cuatro ATs por director, con grados que incluso superan al del funcionario titular del área. Esto es un contrasentido organizativo y un agravio a los cuadros técnicos del Estado”, advierte el documento.
El doble discurso del ajuste
El crecimiento de los ATs resulta especialmente polémico en el contexto actual. Desde su asunción, Pullaro repite que su gobierno se basa en la austeridad, la eficiencia y la reducción del gasto público. Ha cuestionado planes sociales, eliminado programas y congelado partidas, alegando crisis fiscal. Sin embargo, el gasto en cargos políticos de libre designación crece con fuerza y sin transparencia.
“Se configura un escenario donde se achica lo público para la ciudadanía, pero se agranda para los nombramientos políticos”, sintetiza el informe.
Esta contradicción fue particularmente evidente en áreas como Salud, Educación y Desarrollo Social, donde conviven recortes de personal de planta con la proliferación de ATs que, sin experiencia previa, pasan a ocupar cargos de conducción.
Sin controles, sin límites
Una de las alertas más graves que plantea el informe es la ausencia de mecanismos de control institucional sobre este crecimiento de cargos políticos. Al tratarse de figuras que no requieren concurso, no hay registro público sistematizado ni rendición periódica de funciones. Tampoco se ha definido un techo presupuestario ni un número máximo de cargos por ministerio.
En suma, el nuevo esquema de Asistentes Técnicos amplía el poder de los ministros y secretarios para nombrar personal político, consolidando una lógica discrecional que contradice el principio republicano de división de poderes y transparencia administrativa.
El informe concluye que, más allá del marco legal, el uso del decreto para rediseñar esta figura sin debate legislativo ni participación ciudadana refleja un estilo de gestión verticalista, que entorpece la institucionalidad y favorece la lógica partidaria sobre la meritocracia estatal.
