La discusión sobre la transparencia en el manejo de los fondos públicos en la provincia de Santa Fe volvió a instalarse con fuerza en el escenario político. Desde la llegada al gobierno de Maximiliano Pullaro, la administración provincial quedó bajo observación por un motivo central: haber hecho de la transparencia una bandera durante su etapa opositora.
Sin embargo, con el paso de los meses, distintos episodios comenzaron a acumularse sin respuestas claras. Desde situaciones que involucraron al Senador del Departamento San Javier Oscar Dolzani vendiendo con su corralón materiales a una obra publica, hasta cuestionamientos por compras con presuntos sobreprecios en áreas del Estado vinculadas al fiscal de Estado Domingo Rondina, ni tampoco se explicó porque se utilizó la estructura del Estado para hacerle lobby a Genamex, una consultora privada que no está registrada como proveedora, el debate sobre el manejo de los recursos no logró disiparse.
Ahora, un nuevo foco de atención se posa sobre la Caja de Asistencia Social – Lotería de Santa Fe, un organismo clave en el circuito de financiamiento de eventos, programas y acciones institucionales.
Un sistema difícil de reconstruir
En el centro de la escena aparece un esquema que mueve miles de millones de pesos al año, pero que resulta complejo de desagregar públicamente. Eventos deportivos, culturales, turísticos y actividades institucionales conforman una red de financiamiento sostenida con recursos estatales, donde la Lotería cumple un rol determinante.
Las estimaciones sobre el volumen económico son contundentes: solo algunos programas podrían implicar entre 2.000 y 4.000 millones de pesos anuales, mientras que el conjunto del sistema escalaría entre 5.000 y 10.000 millones. Sin embargo, no existe un detalle público, accesible y consolidado que permita conocer con precisión cuánto se gasta, en qué se invierte y quiénes son los destinatarios finales de esos fondos.
El funcionamiento del circuito, basado en la fragmentación de programas, convenios y organismos intervinientes, dificulta la trazabilidad del dinero y diluye responsabilidades.
Lotería, presupuesto y opacidad
La situación se vuelve más sensible en un contexto económico complejo. Según el proyecto de Presupuesto 2026, la provincia destinaría más de 44.500 millones de pesos a comunicación, publicidad, contenidos y fibra óptica, distribuidos entre distintas áreas del Estado, incluida la Lotería. Esto representa cifras cercanas a los 120 millones de pesos diarios.
A pesar de la magnitud de esos recursos, hasta el momento no se publicó un detalle completo de los medios, proveedores y montos ejecutados, lo que alimenta interrogantes en distintos sectores políticos.
Al frente de la gestión operativa del organismo se encuentra Daniel Di Lena, dirigente con larga trayectoria dentro del radicalismo y estrecho vínculo de amistad con el gobernador. Su rol en la administración de estos recursos también empieza a ser observado en un contexto donde crecen las demandas de mayor transparencia.
El rol de Di Lena no es menor: administra una de las cajas más sensibles del Estado y en política, la cercanía al poder también implica responsabilidad. Y en este caso, las preguntas empiezan a multiplicarse. ¿Por qué no se publica el detalle del gasto?; ¿Por qué no hay un control visible?; ¿Por qué los mismos proveedores aparecen una y otra vez?.
El problema no es solo lo que se sabe. Es todo lo que no se explica.
Repetición de actores y concentración
Uno de los puntos que más inquietud genera es la reiteración de determinados actores privados dentro del circuito de eventos financiados con fondos públicos. Empresas vinculadas a la producción de espectáculos y comunicación aparecen de manera recurrente en distintas iniciativas estatales.
El caso de Santa Fe Producciones, encabezada por Carlos Fertonani, es señalado como ejemplo de esta dinámica. Su presencia sostenida en eventos deportivos, culturales y turísticos a lo largo del tiempo configura un patrón que trasciende gestiones y abre interrogantes sobre los mecanismos de adjudicación.
La discusión no pasa por la existencia de este u otros proveedores, sino por la concentración de contratos en un mismo grupo empresarial dentro de un sistema financiado con recursos públicos.
Y aca el cuestionamiento no tiene que ver con una empresa privada, sino con las formas en las cuales el Gobierno encabezado por Pullaro se relaciona los proveedores y si hay equidad, posibilidades y apertura para todos aquellos que cumplan con las reglas o solo los vínculos pasan con aquellos que tienen de alguna forma llegada a la gestión.
Un debate que vuelve a escena
La acumulación de interrogantes empieza a generar ruido político. En los pasillos de la Legislatura y en distintos espacios partidarios surgen preguntas que, por ahora, no tienen respuestas concretas: ¿se avanzará en pedidos de informes?, ¿habrá voluntad política para abrir el debate?, ¿se transparentará el circuito de financiamiento?
El tema no es menor. Cuando se trata de fondos públicos de magnitud, la transparencia deja de ser una consigna para convertirse en una obligación.
Porque cuando la transparencia deja de ser práctica y pasa a ser discurso, el problema ya no es técnico. Es político. Y tarde o temprano, termina teniendo consecuencias.
Entre la gestión y la rendición de cuentas
El gobierno provincial enfrenta así un desafío que va más allá de la administración cotidiana. Se trata de sostener en la práctica los principios que en su momento fueron parte de su construcción política.
La discusión sobre la Lotería de Santa Fe y el circuito de financiamiento de eventos no se limita a un organismo o a una empresa en particular. Apunta a un modelo de gestión donde la información no siempre fluye con claridad.
Y en ese escenario, la pregunta de fondo vuelve a instalarse: cuánto se gasta, cómo se gasta y quién controla.
