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HOY:  martes 27 de febrero del 2024
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Idas y vueltas con la Ley de Alquileres, reclamo opositor y posición de inquilinos

Ante la versión de que el Gobierno derogará la Ley de Alquileres, la oposición reclama que se resuelva en el Congreso

El diputado nacional de la UCR Julio Cobos es partidario de derogar la ley 27.551, sancionada en junio de 2020, y que el Congreso se otorgue «un tiempo prudencial» para debatir y aprobar una nueva normativa

La versión de que el Gobierno nacional dejaría sin efecto la Ley de Alquileres no pasó desapercibida en la oposición de Juntos por el Cambio, que reclama que el debate se resuelva en el Congreso nacional, ya sea para derogar la norma vigente o para sancionar una nueva.

El diputado nacional de la UCR Julio Cobos es partidario de derogar la ley 27.551, sancionada en junio de 2020, y que el Congreso se otorgue «un tiempo prudencial» para debatir y aprobar una nueva normativa.

Su compañera de bancada Karina Banfi había presentado en 2021 un proyecto en el mismo sentido, que restituía la vigencia de la redacción de los artículos relacionados en el Código Civil y Comercial de la Nación, y que aún conserva estado parlamentario. .

Según señaló Cobos en diálogo con NA, es válido que el Gobierno derogue la ley por decreto de necesidad y urgencia, pero sostuvo que «estando funcionando el Congreso quedaría desprolijo» y «generará ruido».

La diputada de Evolución Radical Carla Carrizo fue mucho más categórica en ese sentido y en declaraciones a Noticias Argentinas advirtió que de derogar por decreto una ley que «no es de necesidad y urgencia» estaría «violentando la legalidad del país».

La porteña es proclive a retomar el dictamen de minoría opositor firmado el 22 de junio pasado en un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, y entablar una mesa de negociación con el oficialismo para votarlo en la próximo sesión de la Cámara baja prevista para el 19 de junio.

Aquel día, el despacho de la mayoría oficialista juntó 40 firmas y mantiene los tres años de duración de los contratos y la actualización anual del precio del alquiler, mientras que el dictamen opositor cosechó 39 rúbricas y reduce a dos años los contratos, al tiempo que establece una indexación trimestral en base a un índice acordado libremente por las partes.

Ninguno de los dos proyectos tienen por sí mismos la suficiente fuerza para garantizar su aprobación en el recinto, por lo que convocar a una sesión a tales efectos supondría «jugar al fleje» y exponerse a pagar un costo político en caso de fracasar.

Pese a ser dictamen de minoría, el proyecto de la «oposición ampliada» (Juntos por el Cambio, Interbloque Federal y Provincias Unidas) tenía una base mayor de apoyo, pero la alternativa de pedir una sesión conjunta, que en algún momento se barajó, ya no está en el menú por las dificultades de juntar quórum.

«Los dictámenes no convencen ni a propios ni a extraños, y no brindan una solución estructural que tiene que ver con la inflación y la pérdida del poder adquisitivo, que es el tema de fondo», confesó Cobos, explicando en parte el estado de paralización del debate en la Cámara de Diputados.

Ante esta encerrona, y a la vista de la falta de mejoras en la situación del mercado de alquileres desde la sanción de la ley 27.551, en un contexto de altísima inflación y contracción de la oferta, el Gobierno puso las barbas en remojo y comunicará la decisión en los próximos días.

Para Cobos, «lo lógico sería que esto se discutiera por ley y no por DNU», y en ese sentido sugirió que intervenga el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, para «sacar algo más consensuado».

«Sino seguramente va a haber ruido por un DNU», alertó el radical, que defendió su proyecto de derogación por ley.

«Con esta derogación volveríamos a los dos años de duración contratos, y se dejaría librado el mecanismo de actualización de acuerdo a la voluntad de las partes. De esta manera, (los legisladores nacionales) podremos tomarnos un tiempo prudencial y necesario para sancionar una nueva ley», indicó a NA.

Y señaló que «mal que mal» la ley anterior, que se basa en el Código Civil y Comercial, «duró más de 30 años y perduró en el tiempo», logrando «superar los vaivenes de la economía argentina como la convertibilidad, la salida de la convertibilidad y períodos de alta inflación».

«Un DNU es una ley pero en momentos en que está funcionando el Congreso, no procede un DNU. Lo que procede es una ley. Si hay voluntad del Gobierno seguramente va a encontrar apoyo en ese sentido», manifestó.

No obstante, Cobos señaló que antes de sancionar una nueva ley, hay que «contemplar qué pasa con los contratos que están vigentes y si se fijará un período de adecuación» a la nueva normativa.

Por su parte, Carla Carrizo rechazó la comunicación política sobre la derogación de la ley, y sostuvo que de concretarse ese paso el Gobierno estaría incurriendo en una «ilegalidad» porque «el Congreso está funcionando».

«No hay ninguna razón para modificar una ley de este tipo por DNU, que no tiene nada que ver con la macroeconomía ni con ninguna cuestión de emergencia», esgrimió la radical porteña en declaraciones a Noticias Argentinas.

«En lugar de derogar», Carrizo opinó que el Gobierno debería «tener la sensatez de convocar a una negociación entre las partes y reconocer que el dictamen de la minoría, que es de una oposición amplia, es el que necesita el mercado» de alquileres.

En tanto, el jefe del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, Mario Negri, tomó como dato positivo que «el Gobierno aceptará cambiar la ley de Alquileres» porque «los inquilinos precisan una respuesta urgente».

 

“Suspender la Ley de Alquileres agravará la realidad de los inquilinos”

“Si la ley se suspende, no habrá marco regulatorio. Es decir, se podrán firmar contratos por uno mes o dos meses, con aumentos mensuales, cobrando de depósito lo que quieran”, sostuvo Sebastián Artola, referente de Inquilinos Agrupados Rosario y responsable de la Federación de Inquilinos Nacional en la provincia de Santa Fe.

“Suspender la ley no es la solución a la realidad que padecen los inquilinos, por el contrario, provocaría un vacío legal que agravará la ya difícil situación que se atraviesa”.

“El problema para los inquilinos es claro, un contexto de inflación altísima e ingresos en caída libre, sumado a un mercado inmobiliario que no para de especular, que se concentra cada vez más, que está dolarizado y piensa la vivienda como negocio, sin ningún tipo de control y regulación por parte del Estado, haciendo inaccesible la vivienda en nuestro país”.

“En vez de discutir cómo regular el precio de los alquileres, qué hacer con la cantidad creciente de vivienda vacías o cómo avanzar hacia una política integral de vivienda que proteja a los inquilinos, como se está haciendo en las principales ciudades del mundo, se pretende dejar todo en manos del mercado, para que hagan lo que quieran y que los inquilinos se las arreglen como puedan o terminen en la calle”.

“Es terminar haciendo lo que propuso Juntos por el Cambio el año pasado en el Congreso, es decir, contratos cortos, aumentos trimestrales y precios definidos de manera unilateral por el mercado por arriba de la inflación”. “Una claudicación total ante el mercado y la derecha”, afirmó Artola.

“Sería una irresponsabilidad total que se tome esta decisión, con consecuencias críticas para todos los inquilinos”, concluyó.