Por Virginia Valenzisi*
En 31 días hábiles, los estudiantes de la mayoría de las escuelas santafesinas no pudieron asistir ni una semana completa.
La provincia de Santa Fe está atravesando momentos difíciles, no solo en materia de seguridad, sino también a nivel educativo. Según los datos oficiales obtenidos en las Pruebas Aprender 2023, el 55% de los niños que hoy están en séptimo grado no comprende lo que lee y el 50% no resuelve las operaciones básicas de matemática esperadas para esa edad. Esto quiere decir, lisa y llanamente, que, al menos, la mitad de los estudiantes que terminan la primaria este año son analfabetos funcionales, ya que no adquirieron ni los conocimientos ni las habilidades que se suponía que obtendrían a lo largo de 9 años de escolaridad obligatoria (incluyendo al Nivel Inicial).
A este deterioro de la calidad educativa se le suma la crisis social. Según el IPEC (Instituto Provincial de Estadísticas y Censos), en el segundo semestre del 2023 en el Gran Rosario el 36% de los habitantes eran pobres y el 11%, indigentes. Mientras que para el Gran Santa Fe los índices escalan al 49% y 15%, respectivamente.
Hay bibliografía de sobra que demuestra que los niños que sufren necesidades, carencias alimenticias o residen en condiciones sociales vulnerables, no pueden lograr aprendizajes significativos. Mucho menos los alcanzarán aquellos que provengan de familias con escaso capital cultural, donde el acompañamiento parental sea deficiente e, incluso, se desvalorice a la escolarización.
A este oscuro escenario se le añade, en la ciudad Cuna de la Bandera, la emergencia que se vive a causa del narcoterrorismo. Estudiantes implicados en la concreción de delitos, en el trasporte de sustancias para la venta, o conviviendo con familiares enredados en el sicariato y las amenazas a funcionarios y trabajadores.
Si con hambre no se puede aprender, habitando estos hogares hostiles, mucho menos.
Sin embrago, la cosa no termina acá. Al hambre, el miedo, los entornos violentos, la vulneración de una infancia y adolescencia plena, le agregamos las escuelas cerradas.
La escuela, ese lugar que a veces “salva”, resguarda, aquieta la ansiedad y el temor. Ese lugar en el que los chicos encuentran a las seños dispuestas a mirarlos distinto, a tratarlos distinto; donde los adolescentes deberían encontrarse con otras oportunidades, con el incentivo de los adultos para adquirir buenos hábitos y pensar en un proyecto de vida. Ese lugar que tiene asignado una de las funciones más importantes para la vida de cada persona y para el desarrollo de la sociedad; funciones que muchas veces fueron y son denigradas o reemplazadas por otras de tipo asistencialistas, pero que quienes estamos ‘haciendo la escuela’ seguimos sosteniendo y levantando como esencial. Ese lugar les cierra las puertas a los chicos. Los educadores les mostramos que no siempre estamos para mirarlos y tratarlos distinto, o para impulsarlos a mejorar y a pensar a futuro.
Lamentablemente, las escuelas cierran solo para la función más importante que tiene (y para el servicio más noble), pero abren para la asistencia alimentaria. ¿Por qué? Porque la alimentación es servicio esencial y la educación, no.
No es momento para discutir si hablamos o no de la vocación docente. Somos profesionales, de eso no debe haber dudas. Somos profesionales que brindan un servicio indispensable. Somos profesionales que, generalmente, estamos motivados por la vocación y la pasión. No estoy justificando salarios bajos al hablar en estos términos, solo intento llegar a las fibras de la esencialidad de nuestro trabajo.
El derecho a huelga está consagrado en nuestra Constitución Nacional y coincido en que la oferta salarial ofrecida no es suficiente, ni justa si se compara con otros sectores. Pero brindarles alimentación y no permitirles asistir a clases o estar en otro entorno, tampoco es suficiente ni justo para ellos.
Muchos colegas han adherido a los paros de este ciclo lectivo por el simple hecho de que “la escuela no abre”; porque cuando se animan a decir que quieren asistir igual, ante los ojos de compañeros inquisidores, los directivos dan como respuesta “firmá el acta y hacete cargo de todo lo que pase en la escuela”, sin explicar que de todas maneras los responsables legales de la institución continúan siendo directores y vices.
“La escuela no abre”, cuando, en realidad, los asistentes escolares están en cumplimiento de sus funciones porque no es un paro de su gremio y los docentes reemplazantes deben asistir. Entonces, “la escuela no abre”, pero en efecto está abierta.
Como dije anteriormente, el derecho a huelga está consagrado en nuestra Constitución Nacional, el derecho a trabajar, también. La decisión gremial de hacer paro no significa que los agentes no puedan decidir. Y aunque suene a básico, cabe la aclaración dada las confusiones que algunos se encargan de generar.
Los docentes que queremos asistir a las escuelas los días de paro sindical podemos ampararnos en el artículo 14 del Decreto Provincial N° 3618/78 que dice: “El personal de Inspección, Supervisión y Directivo de todas las especialidades y niveles asegurará bajo su responsabilidad el normal funcionamiento de los establecimientos escolares de su dependencia, como así la libertad de trabajo del personal que los integran. A tal efecto se considerará falta grave la omisión de todas aquellas medidas que tiendan al estricto cumplimiento de estas obligaciones”.
Pero hay otro derecho constitucional que entra en esta puja, el derecho a aprender, consagrado en el artículo 14. Y existe, además, una ley que queda olvidada en el medio de la disputa: la n° 26.061, de Protección Integral de los Derechos de Niñas, niños y adolescentes, que en su artículo 3 plantea: “Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros”.
Tristemente ningún organismo oficial ni judicial se hace eco de esta vulneración.
Muchos de ustedes se preguntarán por qué hay docentes que insistimos con buscar alguna alternativa al paro e incluso algunos dirán que no entendemos nada de educación si pensamos que la calidad está supeditada a la cantidad de días de clases. Particularmente coincido la cantidad de días no hace a la calidad, pero la continuidad, sí. Además, insistiré en la necesidad que tienen nuestros alumnos en el contexto actual de habitar otros espacios, otros entornos menos hostiles y que sean ‘refugio’.
Voy a retomar el inicio del escrito, el 50% de los chicos de séptimo grado no tiene adquiridos los contenidos ni las habilidades esperadas para su edad y nosotros no podemos garantizarles una semana completa de clases. Y no me vengan con que quien lo tiene que garantizar es el Estado, porque no hay lugar para las atribuciones externas. El Estado provincial debe demostrarnos que realmente le interesa la educación, tal como lo ha pronunciado desde el inicio de la campaña. Pero nosotros somos los agentes educativos y, si realmente nos importan nuestros estudiantes es momento de dejar mirarnos a nosotros mismos.
Durante años aceptamos calladitos la imposición de la ‘pedagogía de la lástima’ que nos condujo a la catástrofe que transitamos hoy, y algunos hasta osaron imponernos el concepto de justicia educativa. La hipocresía social ha alcanzado a la educación, puesto que los mismos que se ‘rasgan las vestiduras’ en nombre los más vulnerables son quienes se olvidan de ellos para acompañar la presión sindical. Quienes enarbolan la educación pública y critican a las escuelas privadas son los mismos que favorecen la amplitud de la desigualdad. No se puede seguir nivelando para abajo, a menos que la intención sea seguir generando analfabetos. Es momento de sentarse y plantear alternativas, de buscar estrategias y de priorizar a nuestros estudiantes.
Poco importan todos los calificativos y agravios que nos ganamos quienes sostenemos esto. No buscamos enfrentarnos y no podemos dejar que nos lleven al enfrentamiento quienes se aprovechan de la situación y dicen defender lo que no defienden.
Somos muchos los que estamos dispuestos a entender el estado de emergencia de la educación y trabajar para superarlo. El compromiso debe ser multisectorial y estos termina siendo una convocatoria: docentes, familias y Estado tenemos que ir en la misma dirección.
*Virginia Valenzisi
Docente del nivel secundario, Diplomada universitaria en Supervisión y acompañamiento de la tarea docente, Presidente de la Asociación Civil Docentes por la Educación.
