En el transcurso de esta semana el Poder Ejecutivo enviará a la Legislatura el proyecto de ley de reforma jubilatoria para la provincia de Santa Fe. El Poder Ejecutivo de Santa Fe define por estas horas los detalles finales de un proyecto de ley que considera crucial para salvar la Caja de Jubilaciones.
El Poder Ejecutivo trabajo con el informe que elaboró la comisión legislativa encargada de evaluar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones de cara al proceso de reforma jubilatoria en la provincia de Santa Fe. El documento, de más de 1.000 carillas, incluye los puntos en común entre los diferentes bloques políticos y sindicatos, y las posturas particulares de cada uno de los sectores. El gobernador Maximiliano Pullaro junto a su gabinete estudiaron el informe y se espera que entre este martes y jueves envié el mensaje para reformar el sistema.
El 31 de julio se dio por terminado el proceso de análisis por parte de esta comisión. Una semana después, se elevaron las conclusiones al Ejecutivo. Y entre el lunes 19 y el martes 20 de agosto, el proyecto de ley estará en manos de la Legislatura.
La comisión estuvo integrada por los diputados y diputadas Beatriz Brouwer, Rubén Galassi, José Corral, Pablo Farías, Astrid Hummel, Gisel Mahmud, Walter Agosto y los senadores Rodrigo Borla, Esteban Motta, Hugo Rasetto, Alcides Calvo, Rubén Pirola. Los representantes de los gremios fueron Sergio Bruschini, Secretario de Previsionales de Amsafe, Jorge Molina, UPCN, Patricia Rudel, Secretaría de Finanzas de ATE y María Belén Gutiérrez, de Festram.
En nombre del Poder Ejecutivo participaron Jorge Boasso, Secretario de Seguridad Social de la provincia, Alicia Berzero, Directora de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, Malena Azario, Secretaria de Función Pública del Gobierno de la provincia y Julia Tonero, Secretaria Legal y Técnica del Gobierno de la provincia.
De esta manera, se cumplen los plazos que en su momento plantearon autoridades del gobierno, quienes adelantaron el objetivo de que la reforma se produjera durante septiembre de este año, apenas nueve meses después de que asumiera la gestión de Maximiliano Pullaro.
El déficit mensual de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe se acerca a los 40 mil millones de pesos mensuales, que deben ser aportados desde Rentas Generales de la Provincia. Para el gobierno, esto representa una continua transferencia de recursos aportados por los contribuyentes privados, para sostener el esquema de jubilaciones de los agentes estatales.
Existen dos frentes a tener en cuenta para el sostenimiento de la Caja. Por un lado, la deuda de alrededor de 700 mil millones de pesos que la Nación mantiene con Santa Fe, una de las 13 provincias que en la década de los noventa decidieron no transferir su Caja de Jubilaciones.
Hace apenas 10 días, la Provincia interpuso una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para que el Gobierno Nacional restablezca los anticipos mensuales automáticos que hacía la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) con la Caja de Jubilaciones de los estatales de Santa Fe.
Pero el otro problema surge del quiebre del equilibrio entre los aportes que realizan mes a mes los 208.000 trabajadores activos del Estado santafesino, y lo que cobran los 102.000 jubilados y pensionados que alguna vez fueron agentes provinciales.
Si bien la letra final del texto de ley que el gobierno enviará a la Legislatura no se hizo pública, todo indica en que existen ciertas coincidencias en implicar una serie de cambios concretos:
- Elevar la edad jubilatoria de las mujeres, quienes representan el 70% de los beneficiarios de la Caja, se jubilan cinco años antes que los hombres y tienen una expectativa de vida que los supera en cinco años.
- Establecer un esquema progresivo de aportes, de tal manera que aporten más a la Caja aquellos activos que perciban mayores sueldos. En estos momentos, todos los trabajadores aportan el 14,5% de sus salarios al sistema, mientras que el Estado aporta el 17,2%.
- En el caso de los docentes, si cuentan con 30 años de servicio, los docentes hombres se jubilan a los 60 años, mientras que las mujeres lo hacen a los 57. Todo indica que en ambos casos solo podrán jubilarse por anticipado aquellos que se encuentran frente a un aula. No así quienes ejercen otros cargos directivos.
Recomendaciones de legisladores provinciales
En el momento de elevar los informes de la comisión al Poder Ejecutivo, los legisladores realizaron una serie de recomendaciones:
- Evaluar la implementación de incrementos en los porcentajes de aportes, de acuerdo con la estructura salarial, siguiendo una escala creciente, a mayor ingreso mayor aporte.
- Aplicar el máximo de la escala de aportes a autoridades políticas y personal de gabinete del gobierno provincial, incluidas las de entes autárquicos y descentralizados, sociedades del Estado; legisladores, funcionarios y asesores políticos del Poder Legislativo; vocales del Tribunal de Cuentas; Defensoría del Pueblo, magistrados, fiscales, defensores y funcionarios del Poder Judicial.
- Considerar un aporte extraordinario por parte del personal que ingrese como nuevo afiliado al régimen de la Caja, siguiendo lo previsto en otros sistemas previsionales (ciudad de Santa Fe, Rosario, entre otros).
- Eliminar la compensación de años de servicio por falta de años de edad.
- Para acceder a los beneficios de esta Caja, no se deben considerar los aportes realizados a Anses u otros sistemas que fueran adquiridos a través de una moratoria o mecanismo similar que reconocen años de servicio sin que, efectivamente, hayan sido prestados.
- Establecer como unidad de medida para fijar el tope de haberes el valor de la jubilación mínima o un porcentaje del haber del gobernador.
- Computar el haber máximo por beneficiario y no por beneficio.
Postura sindical
Los gremios que integraron la comisión fueron UPCN, ATE, Festram y Amsafe. Si bien los cuatro sindicatos plantearon diferencias con ciertos puntos clave de la futura reforma, Amsafe y Festram fueron los más firmes a la hora de las críticas. En el caso de los docentes de Amsafe, ratificaron la posición de no modificar el régimen jubilatorio y defender el régimen opcional docente. Para ello adjuntaron fundamentos jurídicos, pedagógicos y económicos.
También remarcaron la defensa del 82% móvil y el sistema solidario de reparto estatal -cabe aclarar que esta condición no será modificada en la próxima reforma-.
Amsafe se declaró en estado de alerta para «llevar adelante todas las acciones que sean necesarias para defender nuestro sistema jubilatorio».
Por su parte, Festram emitió un comunicado planteando que «los municipales representan uno de los tres sectores -junto al Arte de Curar y Dipos-ASSA- equilibrado dentro de la Caja.
El gremio plantea que las mujeres deben mantener la edad jubilatoria en 60 años, que se mantenga el régimen de compensación de años, que no se modifique el porcentaje de aporte que realizan los activos y que se sostenga el 82% móvil.
Postura de la oposición
El Senador Provincial por el Departamento Las Colonias Rubén Pirola, manifesto al respecto: “No podemos permitir que este déficit coyuntural se utilice como excusa para una reforma integral que afecte a los afiliados del sistema, disminuya su salario real y perjudique a los jubilados. La verdadera solución está en que el gobierno provincial reclame con firmeza los fondos adeudados, sin aceptar que se desconozca el sistema de financiamiento nacional vigente”.
“Como expresamos en nuestro informe no coincidimos en que el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones ha crecido de manera desproporcionada, obligando al Tesoro Provincial a destinar recursos significativos si uno observa los números en términos constantes. Este problema se ha intensificado en forma coincidente y progresiva por el incumplimiento del Gobierno Nacional y ANSES en financiar los déficits de las cajas provinciales no transferidas como el caso de Santa Fe.” explicó el Jefe del Bloque PJ del Senado Provincial y agrego: “No es momento de trasladar el costo de esta crisis a quienes dependen de su salario y su jubilación. Es hora de actuar con firmeza y exigir lo que nos corresponde.” cierra Pirola
El ex ministro de Economía y uno de los integrantes de la comisión, Walter Agosto, indicó en su informe técnico que el “gasto previsional constituye un 17,6% del gasto total de la Administración Provincial, similar al peso que los organismos previsionales tienen en otras provincias como Buenos Aires (17,5%), y por debajo de otras como Córdoba (21,9%) y Entre Ríos (24,5%)”.
A su vez, el legislador del peronismo, asegura que la Caja Provincial ha sido deficitaria en los últimos 33 años. En el año 2023 fue de $129.700 millones. “Medido en moneda constante, como técnicamente corresponde para neutralizar el efecto de la inflación, el déficit de 2023 fue el menor de los últimos cinco años”, detalla.
“El aumento de los déficits previsionales en los últimos años responde principalmente a cuestiones demográficas: una mejora significativa en la esperanza de vida de la población, que implica una mayor cantidad de beneficiarios durante una mayor cantidad de años y por otra parte, se observa un mayor nivel en las jubilaciones y pensiones”, explica el extitular de la cartera económica.
El legislador indica que si ANSES no hubiese cortado con el envío de fondos el “aporte del Tesoro Provincial para cubrir el déficit se reduce de manera considerable, entre un 65% y un 72%”.
