Luego de varios intentos, finalmente se aprobó en la Cámara de Senadores un nuevo Código Procesal Penal Juvenil para Santa Fe que, entre otras cosas, disolverá los Juzgados de Menores y se pasará a un sistema acusatorio por parte de Fiscales y amplía la participación de las víctimas de delitos para que sean debidamente escuchadas. Ahora será tratado en la Cámara de Diputados de Santa Fe, donde puede convertirse en Ley.
El actual senador por el departamento General López, explicó que la aprobación implica “reemplazar el actual código procesal penal de menores, que establece por ejemplo lo que es la justicia de menores, que se reemplazan ´por un nuevo código de menores de delitos que comenten personas que tienen menos de 18 años, deben ser investigados por fiscales”
El Senador aclara que no es una modificación en la edad de imputabilidad ya que únicamente lo puede hacer el Estado Nacional mediante una ley en el congreso nacional, pero reconoce que es una de las edades más altas de Latinoamérica.
En cuanto al rol de la víctima explica que actualmente en los delitos en los que intervienen menores “no era escuchada” y tampoco participaba del proceso, por lo cual ahora se establece que la víctima tiene el derecho a dar su testimonio ante el juez en el caso de que así lo requiera.
Según la iniciativa, desaparecerán los juzgados de menores y las investigaciones serán llevadas a cabo por fiscales. La medida busca regular el proceso penal para personas que, al momento de la comisión del hecho calificado como delito, tengan menos de 18 años de edad y que, conforme la ley penal sustantiva, puedan ser imputadas y en su caso, responsables penalmente del mismo.
Durante la sanción en la Cámara alta desarrollada el pasado 23 de noviembre, el senador Raúl Gramajo señaló que “es un proyecto que va a ser sumamente importante para la justicia juvenil. El avance de los delitos cometidos por menores es importantísimo, para llenar un vacío que tenía la justicia de Santa Fe”.
“La justicia de menores en Santa Fe no da para más. El delito juvenil ha crecido de manera exponencial. Esta no es la ley perfecta, pero es la ley posible y eso no es menor. Es una herramienta para darle respuestas a una sociedad que pide justicia”, afirmó Lisandro Enrico (Gral. López).
En la misma dirección, advirtió que “no podemos modificar la edad de imputabilidad porque es ley nacional. Lo que podemos regular las provincias es el procedimiento para cuando un menor comete un delito” y aseguró que “hoy hay una justicia de menores que no funciona, hay mucha impunidad y por eso proponemos un sistema nuevo”.
Enrico explicó que el nuevo código “pone las investigaciones en cabeza de los fiscales. Además, se le dará una gran participación en el proceso a las víctimas para que sean tenidas en cuenta por la justicia”.
En cuanto a los menores inimputables, el senador explicó que “establecimos un tratamiento para esos casos. No puede ser que no pase nada. Tienen que tener tratamiento porque crecen los delitos cometidos por menores no punibles”.
Advertencia desde el Colegio de Profesionales de Trabajo Social
Desde el Colegio de Profesionales de Trabajo Social manifestaron su preocupación por la media sanción que logró la iniciativa, ya que «pretende bajar la edad de imputabilidad».
«Estamos preocupados por esta media sanción porque creemos que lo que dice este proyecto de ley, que hemos estudiado y trabajado con profesionales de la Justicia, es un retroceso a las intervenciones sobre los adolescentes que están involucrados en situaciones de conflicto penal», manifestaron las autoridades del Colegio.
«En la provincia tenemos un Estado de derecho de hace muchos años con la Ley 12.967 que genera un sistema de protección integral», afirmó en declaraciones radiales Gabriela Díaz, presidenta del Colegio de Profesionales de Trabajo Social y explicó: «La discusión pasa en que venimos a traer una nueva ley donde bajamos la edad de imputabilidad, con la posibilidad también de un proceso judicial para aquellos que no son punibles y no estamos evaluando todo el trabajo en territorio que hacen los trabajadores sociales y los equipos interdisciplinarios».
En ese sentido, señaló que los trabajadores sociales «trabajan todos los días sin programas sociales o políticas públicas que permitan el trabajo en territorio» y, por ende, «ampliamos leyes pero no sabemos qué presupuesto va a tener, ni qué se prevé más allá de lo que se va a judicializar».
«Nunca se le preguntó al trabajador social qué postura tiene o qué datos estadísticos hay en relación a la situación que atraviesan niños, niñas y adolescentes en nuestra provincia», manifestó Díaz que aseguró que en la normativa que se pretende aprobar «se ve obviada la intervención y el trabajo de los trabajadores sociales».
