El gobernador Maximiliano Pullaro dejó sin efecto la designación de secretarios y secretarias de Juzgados Comunitarios que había determinado Omar Perotti en septiembre. Aseguró que se crearon cargos que no existían y eliminaron partidas presupuestarias para cubrir los nuevos puestos. La Corte Suprema no les tomó juramento y no tomaron posesión del cargo.
Dos días después de haber asumido, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro tumbó los cargos de secretarios de Juzgados Comunitarios que había designado Omar Perotti. De esta manera, dejó sin efecto el Decreto N° 2056 con fecha 8 de septiembre de 2023, por el cual habían designado los nuevos funcionarios judiciales. Se trata de la primera marcha atrás respecto a nombramientos, pero en la Casa Gris no descartan revisar otras.
El decreto por el cual quedan sin efectos los nombramientos que realizó Omar Perotti, lleva las firmas de Maximiliano Pullaro y el Ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni. En la explicación de la decisión cuestionan que se procedió a las designaciones de las 13 personas para ocupar los cargos vacantes de secretarías de Juzgados Comunitarios «sin que se haya instado un procedimiento de selección que pueda dar cuenta de la idoneidad» de las mismas.
Por otra parte, Pullaro le cuestionó a Perotti haber creado «cargos de secretarías que no existían» y «eliminar partidas presupuestarias para poder cubrir los nuevos cargos que se creaban». También menciona el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, al cual Santa Fe adhirió mediante la Ley Provincial N°12.402 que prohíbe cualquier incremento permanente de gasto corriente, y estos ocurrieron en septiembre.
El nuevo decreto de Pullaro finaliza explicando que, a partir de esa decisión, la Corte Suprema no tomó juramento a las personas designadas, de manera que no tomaron posesión del cargo y que, por tal motivo, el Decreto N° 2056/23 no tuvo efectos jurídicos.
Promete revisar incorporación de empleados públicos
El gobernador aseguró que su antecesor aumentó la planta permanente estatal más de 10 por ciento respecto de 2019. Hay funcionarios políticos y familiares con cargo cuya contratación será revisada, según anticipó.
El gobernador Maximiliano Pullaro reunió este martes en la central de monitoreo El Ojo, en la sede Rosario de Gobernación, a jefes policiales con el fin de reordenar la tarea de prevención de delitos, según dijo. Mientras tanto, el ministro de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni ultima el proyecto de ley de narcomenudeo que enviará este miércoles a Legislatura, para que los fiscales provinciales también persigan el microtráfico de drogas como actividad generadora de violencia urbana.
Durante una conferencia de prensa posterior, Pullaro se refirió a la herencia que le dejó el gobierno de Omar Perotti, y entre los rasgos negativos que describió sobresalió uno: aseguró que en el Estado santafesino hay 13.000 empleados más en planta permanente que lo que había en 2019, cuando culminó el gobierno del Frente Progresista que él supo integrar.
“El ex gobernador Perotti dejó en planta permanente a 13.000 empleados públicos más, es más de un 10 por ciento de la cantidad que teníamos. Estamos revisando esos decretos, porque hay muchas personas que eran funcionarios políticos o familiares de funcionarios que estaban en primera y segunda línea del gobierno, y que pasaron a planta permanente. Por supuesto que lo revisaremos según lo permita la ley”, aseguró el mandatario. Trascartón, añadió: “Vamos a hacer que el Estado sea más eficiente reordenando los recursos humanos y económicos”.
Por otra parte, comentó el reclamo de asistencia alimentaria que organizaciones sociales inician este martes con 62 ollas populares en toda Rosario. “Entiendo que la protesta no es hacia nosotros porque hace un día y medio que empezamos a tomar decisiones y para cambiar para bien. Esto tiene que ver con la situación general que vive el país. Desde ya digo que no permitiremos que a ningún santafesino ni santafesina le falte comida o elementos básicos para tener una Navidad tranquila. Lo garantizaremos”, señaló.
Mientras tanto, reveló que esta mañana a primera hora, entre las 5 y las 8, el Servicio Penitenciario dispuso un reordenamiento de la población carcelaria para reubicar en pabellones especiales a los delincuentes denominados “de alto perfil”. Son los encausados en casos resonantes, pertenecientes a las distintas organizaciones criminales que operan en la ciudad.
“Los jefes narcos, los sicarios, van a pabellones de alto perfil para tenerlos más controlados y que no sigan cometiendo delitos. Volveremos a reactivar los inhibidores de señal (de telefonía celular), y suspender el ingreso de alimentos a las unidades penitenciarias. Basta. El guardiacárcel no puede andar requisando un lechón, un cajón de lechuga. El Servicio Penitenciario no puede controlar el alimento que los familiares le llevan a 9 mil presos que hay en la provincia”, explicó.
Pullaro aseguró que sus planes de ajuste y recorte no afectarán el área de seguridad. “Al contrario –dijo–, sacaremos recursos de otras áreas para volcarlos a seguridad porque es la principal demanda de los santafesinos. A la policía se la dejó sola, se la maltrató, y hay que apoyarla. Un ministro llegó a decir que todos los policías son narcos, corruptos. Yo lo hubiera echado”, agregó en alusión al ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain.
En plan de poner más policías en la calle, avisó que se pondrán a evaluar las custodias que patrulleros hacen en puntos fijos, como domicilios de fiscales, e inmuebles pasibles de atentados. “La policía debe estar patrullando la calle. No puede ser que en la Unidad Regional II haya solo 20 patrulleros operativos. Yo había dejado las comisarías vacías de presos, hoy están llenas otra vez. Vamos a sacarlos en estos días, vamos a desactivar comisarías, para aumentar la presencia policial en la calle y que se note de verdad”, enfatizó.
En tanto, este miércoles el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía, irá a la Legislatura a explicar el proyecto de ley de narcomenudeo, y persuadir a la oposición a que le vote esta ley al gobierno provincial.
“Es una ley simple: es la adhesión a una ley nacional que permite a los fiscales provinciales, sea con fuerzas de seguridad provinciales o federales, intervenir rápidamente en función de las figuras penales que existen, sobre lugares donde se vende droga. Parece solución facilista por ir sobre puntos de venta y no sobre organizaciones criminales. Pero a las organizaciones las sigue persiguiendo la justicia federal, y los bunker de droga que generan violencia y alta letalidad en la ciudad los persigan los fiscales provinciales. Esperamos que esta ley la tengamos esta semana o antes de fin de año”, precisó el gobernador.
