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Pullaro impulsa la mayor deuda de la historia de Santa Fe en medio de crisis y conflicto

Pullaro quiere endeudar a la provincia como nunca antes, en medio de una crisis fiscal, política y de recaudación. Sin obras definidas, sin garantías y en crisis. En off, hasta aliados del gobernador reconocen que el plan financiero tiene más de ambición que de gestión.

El gobernador pretende tomar mil millones de dólares de deuda externa sin respaldo de coparticipación. Críticas por la falta de transparencia, el momento económico y sospechas de fines electorales.

El Gobierno de Maximiliano Pullaro avanza con un ambicioso plan para tomar deuda externa por mil millones de dólares, en lo que se perfila como el mayor endeudamiento público en la historia de la provincia de Santa Fe. El proyecto ya fue girado por el ministro de Economía, Pablo Olivares, al Senado y busca obtener luz verde antes de julio para colocar bonos en Wall Street, sin garantía de coparticipación.

El argumento oficial se sostiene en la necesidad de financiar “obras de infraestructura clave” como el Hospital Regional Sur, nuevos tramos de gasoductos, la finalización del Acueducto Gran Rosario y mejoras eléctricas que acompañen la demanda de polos industriales. Sin embargo, ninguna de esas obras está definida ni incluida en el articulado del proyecto enviado a la Legislatura.

En off, tanto opositores como aliados del oficialismo que empiezan a tomar distancia coinciden en una frase repetida entre los pasillos del poder provincial: “Pullaro quiere asegurarse el dinero de su próxima candidatura”.

El contexto no ayuda. Santa Fe enfrenta un deterioro creciente en sus indicadores fiscales: terminó el primer cuatrimestre con un déficit de 40 mil millones de pesos y reconoce una caída alarmante en la recaudación, afectada por la menor actividad económica, los cambios impulsados por Nación en Ganancias y la pérdida de recursos coparticipables.

A eso se suma una relación rota con el gobierno de Javier Milei, con el que el gobernador santafesino mantiene una disputa política abierta, incluso tras haber sido uno de sus principales aliados parlamentarios en el arranque del año. La confianza mutua está agotada. Aun así, el endeudamiento externo requiere el aval de Nación en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal, y en la Casa Gris confían en que “no van a poner trabas”, dado que la entrada de dólares aliviaría al Tesoro Nacional. Una lectura que podría pecar de ingenua.

Mientras tanto, la administración provincial admite que el mercado local no tiene profundidad y que los fondos de organismos multilaterales se tramitan obra por obra, algo que no se ajusta al objetivo de emitir un solo título de gran volumen y libre disponibilidad.

La jugada también incluye una eventual oferta de recompra de los bonos emitidos en 2016 por la gestión de Miguel Lifschitz, con vencimientos en 2025, 2026 y 2027. La idea es canjearlos por el nuevo instrumento para reducir el stock de deuda y, de paso, abrirle paso a la nueva emisión.

Pero las dudas se multiplican: ¿es razonable asumir una deuda por mil millones de dólares en un contexto de desequilibrio fiscal, recesión económica y falta de definiciones políticas claras sobre el futuro inmediato del país? ¿Se puede tomar un compromiso financiero de esta magnitud sin un plan detallado de obras ni un respaldo transparente de la sociedad civil?

Incluso desde el peronismo, voces como la del diputado nacional Roberto Mirabella pidieron cautela: “Agotaría otras instancias antes de ir a tomar deuda en el exterior, sobre todo cuando todavía el gobierno nacional no colocó nuevos fondos”, señaló en declaraciones radiales.

Desde el Senado, Armando Traferri remarcó que el endeudamiento solo puede discutirse en función de “las verdaderas necesidades de la gente”, entre ellas infraestructura educativa, salud, agua potable, rutas, obras hídricas y seguridad. Esas prioridades, hasta el momento, no figuran con claridad en el proyecto oficial.

El riesgo de convalidar una herramienta de deuda sin controles, en un contexto de fragilidad institucional y alta conflictividad gremial y política, preocupa a quienes todavía ejercen una mirada crítica desde la Legislatura. Pero también deja al descubierto otra advertencia, que ya se murmura en voz baja: si los legisladores siguen otorgando carta blanca a todos los caprichos del gobernador, lo que está en juego no es sólo el presente financiero de la provincia, sino su futuro político.

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