San Javier esperaba una señal política que finalmente no llegó. En medio de una severa crisis financiera, con empleados municipales cobrando sus salarios de manera fraccionada y una intendenta radical reclamando mayor acompañamiento, Maximiliano Pullaro no pasó por la ciudad durante su recorrida regional. La ausencia adquiere mayor dimensión por la interna que Maribel González mantiene con el senador Oscar Dolzani, dirigente cercano al gobernador. Mientras trabajadores aguardaban para hacer visible su reclamo, la intendenta esperaba una fotografía de unidad que permitiera mostrar que Provincia y Municipio estaban trabajando juntos para encontrar una salida. Ninguna de las dos cosas ocurrió.
Hay ausencias que en política terminan diciendo mucho más que una fotografía. Y eso es precisamente lo que ocurrió en San Javier.
Después de que la intendenta Maribel González expusiera públicamente en politicadesantafe.com la delicadísima situación financiera que atraviesa la Municipalidad, la visita del gobernador Maximiliano Pullaro a la región aparecía como una oportunidad para ofrecer una señal política.
No necesariamente para anunciar una solución definitiva. Tampoco para resolver en algunas horas un problema estructural. Pero sí para hacer algo elemental en política: estar.
San Javier necesitaba mostrar que, más allá de las diferencias internas que atraviesan al radicalismo departamental, Provincia y Municipio podían sentarse juntos frente a una crisis que afecta directamente a cientos de trabajadores y sus familias.
Eso no ocurrió. Pullaro desarrolló actividades en la región, pero San Javier quedó fuera de su presencia. Y semejante ausencia resulta difícil de separar del momento político que atraviesa la ciudad.
Una intendenta esperando una señal
El contexto vuelve todo mucho más significativo. Maribel González gobierna una Municipalidad que reconoce un desequilibrio mensual de aproximadamente $200 millones.
Según explicó la propia intendenta en una entrevista con Democráticamente, el municipio necesita alrededor de $400 millones para afrontar salarios mientras que, entre coparticipación y recursos propios, dispone aproximadamente de $180 a $200 millones.
La consecuencia está a la vista. Trabajadores municipales vienen atravesando semanas de incertidumbre y los salarios se pagan de manera fraccionada.
González no ocultó la gravedad del panorama. Reconoció que la Municipalidad ya realizó diferentes ajustes y que, después de revisar tasas, categorías, gastos y estructura, el margen que queda es cada vez menor. “Hoy ya nos queda solo ajustar personal”, llegó a admitir.
No es una declaración menor para una intendenta radical. Es el reconocimiento público de que un gobierno municipal perteneciente al mismo espacio político del gobernador está llegando al límite.
Pullaro podía mandar un mensaje político
Por eso la eventual presencia del gobernador tenía una dimensión que excedía cualquier acto protocolar. Una fotografía entre Pullaro y González habría enviado hacia adentro y hacia afuera un mensaje sencillo: la crisis de San Javier es un problema que Provincia y Municipio intentarán resolver juntos.
También habría permitido bajar la temperatura de una interna política que dejó de desarrollarse exclusivamente puertas adentro. Porque González mantiene diferencias con el senador departamental Oscar Dolzani. Y ella misma las reconoció.
“Tenemos nuestras diferencias”, sostuvo la intendenta durante la entrevista, antes de admitir que esas diferencias “muchas veces han afectado” situaciones que debe enfrentar cotidianamente su administración.
Es decir, la interna ya no es una interpretación externa. La propia intendenta reconoce que existe. Y en ese escenario, cada gesto del gobernador adquiere inevitablemente una lectura política.
Los trabajadores también lo estaban esperando
Pero González no era la única que esperaba al gobernador. Trabajadores municipales nucleados en ASOEM y ATE se concentraron frente al Jardín de Infantes Nº 134 “Dionisio Obelar”, donde existía expectativa por una eventual presencia de Pullaro. Querían hacer visible el conflicto salarial. Querían ser escuchados. Y pretendían colocar frente al gobernador una situación que desde hace semanas altera la vida cotidiana de numerosas familias municipales. Finalmente, Pullaro no estuvo allí.
Eso inmediatamente disparó una pregunta en medios y redes locales: ¿el gobernador evitó encontrarse personalmente con el reclamo?
No existe hasta ahora un elemento que permita afirmar que esa haya sido la razón de su ausencia. Pero políticamente la pregunta quedó instalada. Y el contexto ayuda a alimentarla.
Una ausencia que inevitablemente conduce a Dolzani
Y allí aparece Oscar Dolzani. El senador radical por San Javier mantiene una relación política mucho más cercana con la estructura provincial y se convirtió en uno de los actores centrales del conflicto interno que atraviesa al oficialismo departamental. La pelea tiene antecedentes electorales.
González llegó a la Intendencia después de una interna en la que su sector tuvo como candidato al Senado al exintendente Mario Miño, mientras Dolzani construyó su propio liderazgo departamental. Las heridas de aquella disputa nunca terminaron de cicatrizar.
La propia intendenta lo dejó entrever cuando habló sobre las dificultades actuales. No negó que Dolzani haya realizado gestiones o acompañado determinados reclamos. Pero tampoco escondió su insatisfacción.
El problema es que esa interna ocurre ahora cuando el municipio necesita desesperadamente recursos, asistencia técnica y respaldo político. Y cuando los empleados esperan cobrar.
La Provincia acompaña, pero “no alcanza”
González fue cuidadosa al hablar sobre Pullaro. No acusó al gobernador de abandonarla. Incluso reconoció que existe acompañamiento provincial. “El acompañamiento de la Provincia está, pero no alcanza”, sostuvo.
También reveló que hacia finales del año pasado el Gobierno provincial realizó un aporte extraordinario de aproximadamente $250 millones para ayudar a afrontar el aguinaldo. Por eso tampoco sería preciso afirmar que San Javier nunca recibió asistencia. La cuestión es otra. La dimensión de la crisis requiere mucho más.
Si al municipio le faltan alrededor de $200 millones todos los meses, cualquier auxilio extraordinario se consume rápidamente si no existe una modificación estructural de ingresos y gastos. Y eso es justamente lo que González intenta negociar.
El adelanto de coparticipación agrega otro problema
En las últimas horas apareció además una nueva preocupación.
Según información difundida en San Javier, el municipio había solicitado un adelanto de coparticipación para poder cumplir obligaciones financieras. Ahora ese adelanto comenzó a descontarse.
De acuerdo con esas versiones locales, los recursos disponibles habrían quedado reducidos a una cifra cercana a los $20 millones, absolutamente insuficiente frente a las necesidades salariales municipales. La situación abre otra discusión. Nadie puede desconocer que un adelanto debe eventualmente devolverse. Pero frente a una emergencia financiera aparece una pregunta razonable: ¿podía Provincia refinanciar, escalonar o postergar temporalmente esos descuentos mientras San Javier intenta reorganizar sus cuentas?
No significa condonar una deuda. Significa discutir los tiempos de devolución cuando detrás existen salarios que todavía no terminaron de pagarse.
Dolzani tampoco llega a esta historia sin controversias
La centralidad que adquirió Dolzani en el vínculo entre San Javier y la Provincia también vuelve necesario recordar algunos antecedentes recientes.
El senador quedó involucrado este año en una presentación ante el Ministerio Público de la Acusación para que se investigue una operación comercial entre Corralón Dolzani y Obring S.A., una de las empresas que participa de una obra pública hídrica financiada por la Provincia. En la denuncia se incorporó documentación sobre una operación por aproximadamente $18,9 millones.
Dolzani reconoció públicamente que existió la venta, pero rechazó que se tratara de una operación con el Estado y sostuvo que su empresa comercializó materiales con una compañía privada, como lo hace desde hace años. Los denunciantes, entre ellos el diputado Fabián Palo Oliver, plantearon en cambio la posible existencia de un conflicto de intereses y pidieron que el MPA investigara la situación.
La existencia de la operación comercial, por lo tanto, fue reconocida; lo que no corresponde afirmar como hecho probado es que haya existido un delito, cuestión que debe determinar la Justicia. El episodio adquirió relevancia porque la empresa compradora participa de una obra financiada con recursos públicos provinciales y desarrollada precisamente en el departamento que Dolzani representa.
Del corralón a las infracciones en la ruta
Meses después, Dolzani volvió a quedar en el centro de otra controversia. El propio senador publicó un video mientras conducía por una ruta utilizando el teléfono celular y sosteniendo un mate. La repercusión fue inmediata. Dolzani pidió disculpas, pero el caso no terminó allí.
La Agencia Provincial de Seguridad Vial decidió suspender preventivamente su licencia de conducir (¿Se esta cumpliendo eso?) y posteriormente trascendió que acumulaba 61 infracciones por un monto cercano a los $16 millones. El episodio excedió ampliamente una anécdota en redes sociales. Se trataba de un senador provincial infringiendo reglas básicas de seguridad vial y exhibiéndolo él mismo públicamente.
¿Espalda política o simple decisión de agenda?
La pregunta ahora será inevitable. ¿Pullaro decidió no involucrarse personalmente en el conflicto?, ¿La ausencia respondió exclusivamente a cuestiones de agenda?, ¿Pesó la protesta que preparaban los municipales?, ¿Influyó la interna entre González y Dolzani?.
Hasta ahora no existe información suficiente para afirmar cuál de esas explicaciones es la correcta. Pero existe un hecho político concreto: San Javier esperaba al gobernador y el gobernador no estuvo. Y ocurrió justo cuando su presencia tenía probablemente más valor político que en cualquier otro momento de la gestión de González.
Un gobernador radical y una intendenta radical
Hay un elemento que vuelve la escena todavía más difícil de explicar políticamente. Maribel González no pertenece a un gobierno opositor. No es una intendenta peronista reclamándole asistencia a una administración radical. Es radical. Pullaro también. Ambos forman parte del mismo entramado político que gobierna Santa Fe. Y justamente por eso la ausencia adquiere una dimensión mayor.
Porque si una intendenta del propio espacio atraviesa semejante crisis y no consigue una fotografía política de respaldo con el gobernador durante una recorrida regional, inevitablemente aparece una pregunta sobre cómo se administran las diferencias internas dentro del oficialismo. Y también otra más incómoda: si esto ocurre con un municipio gobernado por el radicalismo, ¿qué nivel de acompañamiento pueden esperar los intendentes Peronistas cuando atraviesen dificultades semejantes?
No existe una respuesta automática. Pero políticamente el interrogante queda abierto.
Una señal que también debería preocupar a Unidos
El conflicto puede tener además consecuencias hacia adentro de Unidos para Cambiar Santa Fe.
Pullaro construyó buena parte de su poder territorial apoyándose en intendentes, presidentes comunales y senadores departamentales. Ese entramado fue una de las fortalezas de su gobierno. Pero cuando dentro de un mismo departamento aparecen dos legitimidades enfrentadas —una intendenta electa y un senador departamental del mismo espacio— el gobernador debe decidir cómo administrar ese equilibrio.
En San Javier, esa disputa dejó de ser silenciosa. Y la crisis económica municipal aceleró todos los tiempos.
González ya dijo que permanecerá en el cargo hasta el 10 de diciembre de 2027. También rechazó las voces que llegaron a hablar de una intervención municipal y sostuvo que no existe ninguna irregularidad que justifique semejante medida. “No me robé nada”, fue una de sus definiciones más contundentes.
Ahora necesita atravesar el año y medio que resta de mandato con una estructura municipal que prácticamente no consigue financiar sus salarios.
Cuando no ir también es una decisión política
Pullaro podrá argumentar que la Provincia realiza obras en San Javier. Y será cierto. Podrá mostrar la inversión de casi $2.500 millones prevista para el nuevo jardín. También podrá señalar las asistencias económicas otorgadas anteriormente. Pero ninguna de esas respuestas elimina el significado político de lo ocurrido.
Porque este no era un día cualquiera para San Javier. Había trabajadores movilizados. Había una intendenta esperando respaldo. Había una crisis institucionalmente reconocida. Y había una interna radical que necesitaba, al menos por algunas horas, quedar subordinada a un problema mucho más urgente.
El gobernador no estuvo. Quizás la explicación sea simplemente de agenda. Quizás existan otras razones que todavía no fueron explicitadas. Pero en política las ausencias también construyen mensajes. Y para una ciudad que reclama ayuda mientras intenta descubrir cómo pagará el próximo salario, el mensaje que quedó esta vez fue particularmente duro: Pullaro recorrió la región, pero San Javier siguió esperando.
