La crisis que atraviesa el sistema de atención a personas con discapacidad en Argentina tiene un fuerte impacto en la provincia de Santa Fe y ya encendió señales de alarma entre instituciones, profesionales, transportistas, trabajadores y familias que advierten sobre un escenario límite. Si bien buena parte del problema tiene origen en las políticas de ajuste implementadas por el gobierno nacional de Javier Milei, en el sector crece también el reclamo para que la administración de Maximiliano Pullaro adopte medidas concretas que permitan amortiguar las consecuencias y evitar el colapso de las prestaciones.
La preocupación quedó reflejada en un reciente encuentro realizado en Rosario, donde representantes de organizaciones vinculadas a la discapacidad calificaron la situación como “agónica” y solicitaron una participación más activa del Estado provincial. El planteo apunta a que Santa Fe no se limite a acompañar los reclamos dirigidos a la Nación, sino que impulse herramientas propias para sostener un sistema que hoy enfrenta serias dificultades económicas.
Un sistema al borde del colapso
Durante la reunión participaron referentes de instituciones, profesionales, transportistas, trabajadores, usuarios y familiares, quienes coincidieron en que el deterioro financiero pone en riesgo la continuidad de numerosos espacios terapéuticos y educativos.
La presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones de Santa Fe (Apridis), Mariel Chapero, describió en contacto con los medios el escenario como una “situación agónica” y advirtió que muchas organizaciones ya no logran sostener sus prestaciones ante el atraso de los aranceles y el incremento de los costos operativos.
Según plantearon desde el sector, algunas instituciones ya cerraron sus puertas y otras se encuentran al borde de suspender servicios esenciales para cientos de personas con discapacidad.
El ajuste nacional y sus consecuencias
La crisis encuentra uno de sus principales antecedentes en las decisiones adoptadas por el gobierno nacional en materia de gasto público.
Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, las organizaciones vinculadas a la discapacidad denunciaron retrasos en la actualización de aranceles, dificultades en la implementación de políticas públicas y una reducción de recursos destinados al sistema.
Aunque el Congreso aprobó la Ley de Emergencia en Discapacidad y posteriormente rechazó el veto presidencial, las entidades sostienen que muchas de las medidas previstas aún no se traducen en soluciones concretas para quienes prestan servicios o dependen de ellos.
El resultado es un escenario donde prestadores, profesionales y familias enfrentan crecientes dificultades para sostener tratamientos, traslados y espacios de atención.
El pedido que ahora apunta a la Casa Gris
Sin desconocer la responsabilidad que atribuyen al Gobierno nacional, los representantes del sector comenzaron a dirigir también sus reclamos hacia la administración provincial.
El planteo es que Santa Fe asuma un rol más activo frente a una problemática que afecta directamente a miles de familias santafesinas y que impulse medidas de emergencia mientras persista la crisis.
Entre las alternativas aparece el proyecto para crear un Fondo de Emergencia en Discapacidad, actualmente en tratamiento legislativo, como una herramienta destinada a asistir económicamente a las instituciones más comprometidas.
Sin embargo, quienes participaron del encuentro sostienen que hacen falta decisiones políticas más amplias y urgentes para evitar que continúe el cierre de espacios especializados.
Un reclamo que trasciende a otros
La discusión sobre el ajuste adquiere en este caso una dimensión particular.
A diferencia de otros conflictos vinculados al empleo público o las negociaciones salariales, las organizaciones remarcan que aquí las consecuencias recaen directamente sobre personas con discapacidad, sus familias y quienes dependen diariamente de prestaciones para garantizar derechos básicos.
Por eso sostienen que la falta de respuestas no sólo compromete la situación económica de las instituciones, sino también la continuidad de tratamientos, procesos educativos, rehabilitación y acompañamiento integral.
En ese contexto, consideran que tanto la Nación como la Provincia tienen responsabilidades que no pueden eludirse.
El silencio oficial y la expectativa por medidas concretas
Hasta el momento, desde el gobierno de Maximiliano Pullaro no se anunciaron políticas específicas de alcance provincial para enfrentar la crisis del sector.
Esa ausencia de respuestas concretas es precisamente uno de los aspectos que más preocupa a las entidades involucradas, que reclaman una mayor presencia del Estado santafesino frente a una problemática que se agrava mes a mes.
El pedido incluye no sólo respaldo político ante la Nación, sino también asistencia económica, programas de sostenimiento institucional y herramientas que permitan evitar nuevos cierres.
Mientras tanto, el diagnóstico compartido por prestadores, profesionales y familiares es cada vez más contundente: sin una intervención urgente de los distintos niveles del Estado, el sistema de discapacidad corre el riesgo de seguir perdiendo capacidad de respuesta y dejar sin cobertura a quienes más necesitan de esos servicios.
