Mientras avanza el debate por el nuevo Código Electoral santafesino, comienzan a multiplicarse las observaciones técnicas sobre el proyecto presentado por la Unión Cívica Radical. Especialistas en derecho constitucional y electoral, sostienen que la iniciativa contiene inconsistencias jurídicas, posibles contradicciones con la nueva Constitución y cambios que podrían afectar la representación política, la autonomía municipal y la esencia de la Boleta Única. El debate, lejos de cerrarse, recién comienza.
La reforma del Código Electoral se convirtió en uno de los debates institucionales más importantes que enfrenta Santa Fe luego de la reciente reforma constitucional.
Sin embargo, mientras el oficialismo sostiene que la nueva normativa busca modernizar el sistema electoral y fortalecer la gobernabilidad, comenzaron a aparecer numerosas objeciones elaboradas por especialistas que analizan el proyecto desde una perspectiva estrictamente jurídica.
Con documentos técnicos, publicaciones académicas, intervenciones en redes sociales y declaraciones públicas, referentes del derecho electoral como por ejemplo Jorge M. Zárate y Oscar Blando vienen señalando una serie de aspectos que consideran inconsistentes o directamente incompatibles con principios constitucionales consolidados.
Las observaciones abarcan prácticamente todo el proyecto: desde la autonomía municipal hasta el funcionamiento del futuro Tribunal Electoral, pasando por la Boleta Única, los pisos electorales y la confección del padrón.
Autonomía municipal: una de las primeras alertas
Uno de los cuestionamientos más importantes apunta al tratamiento que el proyecto hace de la autonomía municipal.
Según el análisis de los especialistas, la iniciativa concentra nuevamente en la legislación provincial y en el futuro Tribunal Electoral competencias que deberían quedar en manos de los municipios autónomos.
Esa situación genera dudas especialmente respecto de los futuros procesos de elección de convencionales municipales encargados de redactar las Cartas Orgánicas.
La crítica sostiene que el proyecto no termina de resolver quién posee verdaderamente la competencia para organizar esos procesos y, por el contrario, podría terminar limitando el alcance de una de las principales innovaciones incorporadas por la nueva Constitución.
A ello se suma otra observación: el calendario electoral municipal seguiría dependiendo de las decisiones del Poder Ejecutivo provincial, reduciendo el margen de autonomía política de ciudades como Rosario o Santa Fe.
Un Tribunal Electoral con competencias discutidas
Otro de los puntos más observados aparece en la estructura del nuevo Tribunal Electoral Provincial.
Los especialistas sostienen que el proyecto desplaza buena parte de la competencia específica del derecho electoral hacia el fuero Contencioso Administrativo, un ámbito cuya función histórica fue controlar la actuación de la Administración Pública y no resolver conflictos electorales.
Desde esa perspectiva, advierten que el derecho electoral requiere jueces con una especialización propia y una organización independiente que garantice absoluta neutralidad frente al poder político.
También cuestionan que la futura Secretaría Electoral Provincial —dependiente administrativamente del Poder Ejecutivo— concentre funciones que tradicionalmente corresponden al órgano jurisdiccional, como la realización de los escrutinios definitivos.
Para algunos constitucionalistas, esa decisión podría abrir un debate sobre las garantías de imparcialidad del proceso electoral.
La Boleta Única vuelve al centro del debate
La modificación propuesta por el radicalismo para la Boleta Única también concentra buena parte de las críticas.
El proyecto incorpora un casillero de «Lista Completa» que permitiría votar todas las categorías de una misma fuerza política mediante una única marca.
Quienes cuestionan la iniciativa sostienen que ese mecanismo modifica la filosofía original de la Boleta Única santafesina, diseñada precisamente para favorecer la elección individual de cada categoría y evitar el tradicional efecto arrastre que caracterizaba a la boleta sábana.
A eso se suma otro aspecto señalado por los especialistas: el sistema cambiaría entre las PASO y las elecciones generales, generando dos modelos de votación distintos dentro de un mismo proceso electoral.
Según los cuestionamientos, esa modificación podría generar confusión en el electorado y afectar uno de los principios centrales del derecho electoral: garantizar un voto libre e informado.
Los pisos electorales, otra fuente de conflicto
El régimen de umbrales electorales constituye otro de los puntos que genera mayor controversia.
Las observaciones sostienen que mantener un doble filtro para las PASO y, además, establecer un piso del 5% calculado sobre el padrón electoral —y no sobre los votos válidos emitidos— termina elevando considerablemente el porcentaje real que una fuerza necesita para acceder al reparto de bancas.
En un contexto de baja participación electoral, varios especialistas advierten que ese requisito podría transformarse en un umbral efectivo cercano al 10%, dificultando seriamente el ingreso de partidos pequeños o expresiones políticas emergentes.
Por eso consideran que la propuesta termina favoreciendo a las grandes alianzas y restringiendo el pluralismo político.
Inconsistencias jurídicas y técnicas
El documento elaborado por Jorge M. Zárate también enumera una larga serie de observaciones técnicas.
Entre ellas aparecen: referencias incorrectas a normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para fundamentar las inhabilitaciones electorales; errores conceptuales al definir el sufragio y el voto; contradicciones respecto del padrón de personas privadas de libertad; delegación de la elaboración del padrón electoral al Poder Ejecutivo; omisiones legislativas que podrían generar conflictos de interpretación con normas actualmente vigentes; y disposiciones cuya aplicación temporal genera serias dudas jurídicas.
Según los especialistas, muchas de esas cuestiones podrían corregirse durante el debate legislativo antes de la sanción definitiva del Código Electoral.
«Santa Fe puede terminar teniendo uno de los sistemas más restrictivos del país»
Uno de los temas más discutidos son los umbrales electorales.
«Hay que aclarar algo dijó Oscar Blando: el problema no es solamente el porcentaje. El verdadero problema es que quieren calcularlo sobre el padrón electoral y no sobre los votos válidamente emitidos.»
El abogado comparó la situación santafesina con la del resto del país. «La única provincia argentina que hoy exige un piso del 5% del padrón es Jujuy. Otras provincias, como Córdoba o Mendoza, fijan el 3% del padrón. Muchas directamente toman los votos válidos emitidos y otras nueve provincias ni siquiera establecen un piso electoral.»
Blando advirtió que, si prosperan algunas de las iniciativas en debate, Santa Fe quedará entre las jurisdicciones más restrictivas del país. «Con esos proyectos se necesitarían más de 141.000 votos para entrar al reparto de bancas en Diputados. Es una limitación enorme para la representación política.»
El ex director de Reforma Política explicó además cuáles serían las consecuencias prácticas. «Una persona puede querer votar a un espacio político que obtenga 100.000 o 120.000 votos. Sin embargo, si no supera el piso, esos ciudadanos se quedan sin representación. Eso desincentiva la participación democrática porque muchos terminan pensando que su voto no sirve.»
Para Blando, el impacto de los umbrales electorales trasciende la discusión jurídica. Su preocupación es política e institucional: entiende que elevar los pisos sobre el padrón terminará empujando a los votantes hacia las grandes coaliciones y reducirá las posibilidades de representación de fuerzas emergentes o minoritarias.
En ese punto recordó que la baja participación registrada en la elección de convencionales constituyentes modifica aún más el escenario, ya que cuanto menor es la concurrencia a las urnas, más difícil resulta alcanzar un porcentaje calculado sobre el padrón total y no sobre quienes efectivamente votaron.
Un debate que recién empieza
Las observaciones formuladas por especialistas como Jorge M. Zárate y Oscar Blando muestran que la discusión excede ampliamente las diferencias políticas entre oficialismo y oposición.
El nuevo Código Electoral no solamente definirá cómo votarán los santafesinos desde 2027.
También establecerá el funcionamiento del futuro Tribunal Electoral, el alcance de la autonomía municipal, la representación de las minorías, las reglas para acceder a cargos legislativos y el modelo institucional que regirá durante las próximas décadas.
Por eso, mientras la Legislatura comienza a analizar los distintos proyectos presentados por los bloques políticos, cada vez más voces reclaman que una reforma de semejante magnitud no se limite al debate partidario y pueda incorporar la opinión de especialistas en derecho constitucional y electoral, con el objetivo de evitar que futuras controversias terminen resolviéndose, una vez más, en los tribunales.
