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Alarma en Vicentin: Cortados los salarios los trabajadores inician medidas de fuerza

En este contexto, la compañía no garantiza el pago de salarios y los gremios aceiteros ya anunciaron medidas de fuerza para defender los puestos de trabajo.

La crisis de Vicentin vuelve a escalar y el futuro de la agroexportadora queda en un limbo. La incertidumbre crece tras el fallo de la Corte Suprema de Santa Fe, que anuló la homologación del concurso de acreedores y puso en jaque el plan de pagos de la empresa. En este contexto, la compañía no garantiza el pago de salarios y los gremios aceiteros ya anunciaron medidas de fuerza para defender los puestos de trabajo.

El impacto del fallo y la reacción sindical

El conflicto estalló tras la decisión de la Justicia santafesina de hacer lugar a una presentación del Grupo Grassi, que impugnó la propuesta de pago de la empresa. El rechazo de la homologación profundizó el estado crítico de Vicentin, que arrastra deudas millonarias desde su cese de pagos en diciembre de 2019. Ahora, el escenario se complica: sin un plan aprobado, la compañía advierte que podría no afrontar los salarios de febrero.

Ante este panorama, los gremios aceiteros del cordón industrial de San Lorenzo y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso salieron a marcar posición: no permitirán despidos ni reducción salarial. «No seremos simples testigos de la liquidación de Vicentin. Exigimos que la empresa garantice los puestos de trabajo y los derechos laborales», advirtieron en un comunicado. Además, anticiparon que, de no haber una respuesta inmediata, iniciarán un plan de lucha que paralizará la actividad aceitera a nivel nacional.

Un futuro incierto

La resolución judicial abre un nuevo capítulo en el largo conflicto de Vicentin. Con la anulación del acuerdo de pagos, se activa el mecanismo de salvataje: otras empresas podrán presentar ofertas para quedarse con el control de la firma. En la lista aparecen nombres fuertes como Viterra, Bunge y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que ya habían sido parte del intento de reestructuración original.

Mientras tanto, los trabajadores quedan en la incertidumbre. Son 3.000 familias que dependen de una compañía que sigue sin rumbo claro y sin certezas sobre su continuidad. El tiempo apremia y las definiciones serán clave para evitar una crisis aún mayor en la principal agroexportadora del país.

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