La diputada provincial Beatriz Brouwer, del bloque U.N.I.T.E., presentó un proyecto de ley que busca modificar un aspecto sensible del sistema de salud pública: que el Estado deje de cubrir los costos médicos derivados de accidentes de tránsito causados por conductores que manejan bajo los efectos del alcohol o las drogas. La iniciativa propone que quienes resulten positivos en controles de alcoholemia o narcolemia deberán reintegrar al sistema los gastos médicos ocasionados por su conducta.
“El sistema de salud pública está para asistir a quienes realmente lo necesitan, no para cubrir las consecuencias de conductas irresponsables y peligrosas”, sostuvo Brouwer al anunciar la propuesta legislativa.
Qué establece el proyecto
El texto presentado contempla que toda persona involucrada en un siniestro vial y que sea atendida en un hospital público será sometida obligatoriamente a controles de consumo de alcohol y estupefacientes. En caso de resultado positivo, se iniciará un proceso administrativo para que el infractor devuelva al Estado los costos del tratamiento médico, tanto los propios como los de otras personas afectadas.
Este reintegro podrá efectuarse de forma personal o a través de la obra social o cobertura médica del conductor. Si no se concreta el pago voluntario, el Estado podrá recurrir a la vía judicial para recuperar los fondos.
Destino de los fondos recuperados
La norma también define cómo se utilizarán los recursos recobrados:
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El 80% será destinado al fortalecimiento del sistema público de salud.
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El 20% restante se invertirá en campañas de concientización y prevención vial.
Asimismo, se invita a los municipios y comunas de toda la provincia de Santa Fe a adherir a la normativa, para asegurar su implementación de forma homogénea en todo el territorio.
Una ley con enfoque preventivo
Brouwer enfatizó que la intención del proyecto no es punitiva ni recaudatoria, sino preventiva. “Con esta ley no buscamos recaudar, buscamos prevenir, concientizar y hacer justicia con los recursos del Estado”, afirmó.
La iniciativa se enmarca en una agenda legislativa centrada en la seguridad vial, la responsabilidad individual y el uso eficiente de los fondos públicos. Si prospera, marcaría un precedente importante en la lucha contra la impunidad en hechos de tránsito relacionados con el consumo de sustancias.