En el marco de la movilización del 3 de junio, que conmovió a nuestro país y generó un punto de inflexión en la visibilización de la violencia de hacia la mujer, la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad denuncia que el gobierno provincial busca despedir a más de 50 trabajadores.
Para los trabajadores de la repartición pública, este número de despidos es aún mayor si se suman los 24 trabajadores cesanteados en enero, totalizando así 74 despidos.
Liliana Reyes, secretaria de Género de la CTA Santa Fe y miembro de ATE Rosario, se refirió a esta situación: «Hay más de 50 compañeras a las que les está llegando el telegrama en este momento en el marco del 3 de junio. Nos parece sumamente grave y muy simbólico alinearse al discurso de odio de Milei, al discurso del vaciamiento de las políticas que tienen que ver con la población más vulnerable, que somos las víctimas de violencia de género».
Y agregó: «En ese marco, les están llegando los telegramas a las compañeras con la resolución de la Comisión Revisora del pase a planta, con un dictamen desfavorable. Para nosotros, Pullaro debe actuar sobre esto, dictaminando y firmando el decreto del pase a planta definitivo de estas trabajadoras. En la Secretaría de Género no sobra nadie; todo lo contrario, la población con la que trabajan es del departamento Rosario, una población inmensamente grande, que atraviesa diferentes situaciones de violencia de todo tipo. Por eso, las compañeras en los programas son las que atienden este tipo de situaciones».
«Quedaría vacía la Secretaría. No es un invento; hay programas en donde las compañeras de equipos quedarían reducidas a una sola persona para atender a millones de personas de la ciudad de Rosario», concluyó Reyes, en declaraciones radiales.
La provincia asegura que no les corresponde el cargo
Tras la denuncia de la baja pases a planta de trabajadoras y trabajadores de la Secretaría de Género, Mujeres y Diversidades de la provincia, la comisión revisora determinó que a las personas empleadas en septiembre de 2023, incluidas en el decreto N° 2236/23, no les corresponde el beneficio.
Según la comisión revisora, “se pretendió incluir en el pase a planta a personas que eran parte del Plan de Promoción de Derechos y Empoderamiento de Mujeres y Población LGTBIQ+”.
La Resolución 079/2020 indica que, para su implementación, se prevé la entrega de becas para la promoción de derechos, consistentes en un aporte económico de carácter no remunerativa a fin de que las personas alcanzadas propongan y ejecuten diversas acciones de promoción de los derechos de las mujeres y personal L.G.T.B.I.Q.+, como así también en el desarrollo de trabajos de investigación sobre políticas públicas en la materia.
“Luce notorio que la relación establecida con los beneficiarios del programa carece de todos los elementos necesarios de un vínculo laboral comprobable con la provincia de Santa Fe. Más aún, no existe constancia de contratos con los agentes que se designaron. Nos encontramos frente a personas que no tenían ningún tipo de vinculación laboral con la provincia”, señaló el dictamen de la comisión y precisó que no se considera remuneración a las asignaciones pagadas en concepto de beca.
El documento lleva la firma del fiscal de Estado, Domingo Rondina, la síndica general, Laura Carolina Castets, la secretaria de Recursos Humanos del Ministerio de Economía, Malena Azario, el subsecretario de Recursos Humanos del Ministerio de Economía, Horacio Coutaz y la secretaria de legal y técnica del Ministerio de gobierno, Julia Tonero.
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