El hallazgo de siete adultos mayores encerrados en una residencia sin habilitación en barrio Nuevo Horizonte abrió una investigación judicial que ya tiene imputaciones por privación ilegítima de la libertad y abandono de persona. Pero el caso comenzó a extenderse mucho más allá de aquel inmueble: aparecieron antecedentes de otras residencias, cuestionamientos sobre los registros municipales y denuncias periodísticas que ponen bajo la lupa a funcionarios vinculados con el control de geriátricos. El intendente Juan Pablo Poletti ordenó una investigación sumaria y prometió “llegar hasta las últimas consecuencias”. Mientras la Justicia intenta determinar si existió una modalidad más amplia, también crecen las preguntas sobre qué sabía el Municipio, cómo funcionaban los controles y dónde terminan las irregularidades administrativas y comienzan las eventuales responsabilidades políticas o penales.
La ciudad de Santa Fe atraviesa por estas horas un escándalo que comenzó detrás de la puerta de una residencia clandestina para adultos mayores, pero que amenaza con extenderse hacia lugares bastante más sensibles de la estructura municipal. Todo comenzó públicamente el 29 de julio.
Un principio de incendio llevó a la Policía hasta una vivienda de José Gollán al 10100, en barrio Nuevo Horizonte. Cuando los efectivos ingresaron encontraron una situación alarmante: allí funcionaba una residencia para adultos mayores que no contaba con habilitación municipal y siete personas habrían quedado encerradas con candado, contra su voluntad y sin posibilidades de salir.
Aquella puerta abrió otra mucho más grande. Porque la investigación ya no intenta establecer únicamente qué ocurrió con esas siete personas. Ahora aparecen otras residencias, antecedentes de clausuras, posibles irregularidades en registros oficiales, denuncias sobre tarjetas y documentación de residentes y fuertes cuestionamientos periodísticos hacia funcionarios municipales que tenían responsabilidades relacionadas con los adultos mayores y los mecanismos de fiscalización.
El fiscal regional Jorge Nessier fue contundente en declaraciones a los medios al advertir que el expediente podría abarcar bastante más de lo conocido inicialmente y que todavía debe determinarse si situaciones similares pudieron repetirse en otros establecimientos vinculados con la mujer investigada.
La pregunta, entonces, cambió. Ya no es solamente qué ocurrió en el geriátrico clandestino de Nuevo Horizonte, sino hasta dónde llega realmente esta historia.
De una irregularidad administrativa a una investigación penal
La Justicia intenta separar responsabilidades. Nessier explicó que una residencia sin habilitación puede configurar una infracción administrativa, pero eso no implica automáticamente la comisión de un delito.
El escenario cambia cuando aparecen situaciones capaces de afectar la libertad, integridad física o salud de quienes permanecen alojados. Y en Nuevo Horizonte esas sospechas ya derivaron en imputaciones.
Al encargado inmediato del establecimiento se le atribuyó privación ilegítima de la libertad porque algunas personas habrían permanecido encerradas con candado. La mujer señalada como responsable del lugar, en tanto, fue imputada por presunto abandono de persona.
Según explicó el fiscal regional, se investiga si dejó libradas a su suerte a personas que estaban bajo su cuidado, colocándolas frente a un riesgo concreto para su salud o su vida. Es decir, la discusión dejó hace tiempo de limitarse a un papel que faltaba en una oficina municipal.
¿Fue solamente un geriátrico?
Ese es uno de los interrogantes que intenta resolver ahora el Ministerio Público de la Acusación. La Fiscalía busca establecer si Nuevo Horizonte constituyó un caso aislado o si existió una metodología similar en otros establecimientos relacionados con la misma persona.
Nessier confirmó antecedentes de actuaciones en residencias de Santo Tomé y Salvador del Carril. Sobre esta última recordó que durante 2025 se realizaron allanamientos y requisas con participación de autoridades municipales y que el procedimiento terminó con la clausura administrativa.
Según el fiscal, aquellas actuaciones no habían derivado hasta el momento en una atribución penal. Ese antecedente adquiere ahora otra dimensión. Si existieron intervenciones anteriores, ¿qué información tenía cada organismo?, ¿Qué ocurrió posteriormente con esos establecimientos?, ¿Cómo se actualizaron los registros?, ¿Qué controles se realizaron?. Son preguntas que exceden las responsabilidades de quienes administraban las residencias y empiezan a colocar bajo análisis el funcionamiento del Estado.
Los registros municipales, bajo la lupa
En paralelo a la investigación judicial, una serie de informes difundidos por el periodista Pablo Benito incorporó acusaciones mucho más fuertes sobre el funcionamiento de los controles municipales.
Entre otras cuestiones, el periodista afirmó haber encontrado en el Observatorio municipal de residencias domicilios correspondientes a establecimientos que, al concurrir físicamente hasta esos lugares, no existirían actualmente como tales. También cuestionó que apareciera registrada una dirección de Salvador del Carril vinculada con una residencia que había sido objeto de actuaciones anteriores.
Es importante establecer aquí una diferencia central. Estas afirmaciones forman parte de una investigación periodística y no equivalen, por sí mismas, a hechos probados judicialmente. Pero la gravedad de lo denunciado obliga a que sean esclarecidas.
Porque un registro público destinado a orientar a las familias sobre residencias para adultos mayores no es una simple base administrativa. Detrás de cada dirección existe potencialmente una familia tomando una decisión sobre dónde alojar a una persona vulnerable.
Funcionarios municipales en el centro de los cuestionamientos
Los informes periodísticos también colocaron nombres propios sobre la mesa. Benito apuntó contra funcionarios vinculados con el área municipal de adultos mayores y el Observatorio de Residencias y planteó interrogantes sobre sus actuaciones frente a establecimientos posteriormente cuestionados.
Entre las funcionarias mencionadas aparecen Susana López, Paola Montenegro y Florencia Gentile. El informe atribuye a esta última responsabilidades vinculadas con el Observatorio y cuestiona particularmente la información disponible en los registros municipales.
Las acusaciones difundidas también alcanzan vínculos políticos y familiares relacionados con funcionarios de la administración local. Una vez más, corresponde distinguir las denuncias periodísticas de las responsabilidades efectivamente acreditadas.
Hasta aquí, el material periodístico no permite afirmar que esos funcionarios hayan cometido delitos ni que exista judicialmente probada una organización municipal destinada a favorecer residencias clandestinas.
Sí permite afirmar algo diferente: existen acusaciones públicas suficientemente graves como para exigir explicaciones institucionales y determinar quién debía controlar, qué controló y qué ocurrió cuando aparecieron irregularidades.
Un viejo antecedente que vuelve al centro de la escena
La investigación periodística recuperó además antecedentes de otro geriátrico que había sido denunciado públicamente años atrás. Según el material difundido, un informe televisivo de 2018 había expuesto graves deficiencias en una residencia vinculada entonces con Sebastián Mastropaolo (Secretario de Gobierno, Control y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Santa Fe).
Entre las irregularidades denunciadas en aquella oportunidad se mencionaban problemas de higiene, deficiencias edilicias y sanitarias, baños deteriorados, falta de personal, falencias en enfermería y hasta situaciones de maltrato. También se hacía referencia a documentación interna relacionada con residentes que padecían sarna. Mastropaolo ocupa actualmente funciones dentro del gobierno municipal.
La recuperación de aquel antecedente fue utilizada por Benito para plantear públicamente una eventual trama de relaciones políticas, familiares y económicas alrededor de las residencias para adultos mayores. Sin embargo, también aquí resulta imprescindible no transformar interrogantes periodísticos en condenas anticipadas.
Lo que corresponde determinar es si aquellos antecedentes tienen alguna vinculación concreta con los hechos investigados actualmente y, fundamentalmente, si existen responsabilidades contemporáneas que puedan acreditarse.
Tarjetas, dinero y una posible línea por defraudación
Hay otro capítulo que la Justicia tampoco descarta. Las tarjetas de cobro y la documentación personal de residentes.
Nessier explicó a los medios que será necesario diferenciar los casos en los cuales los propios adultos mayores o sus familiares entregaban voluntariamente las tarjetas para pagar alojamiento y manutención de aquellos en los que no pueda comprobarse esa autorización.
En este último escenario podría abrirse una investigación por eventual defraudación o estafa. También deberá determinarse si el dinero percibido tuvo un destino diferente al cuidado de los residentes. Por ahora, es una línea investigativa. Pero agrega otro componente sensible a una causa que comenzó con las condiciones de alojamiento y progresivamente incorporó nuevos interrogantes.
Poletti tuvo que salir a dar explicaciones
La dimensión alcanzada por el caso terminó obligando al propio intendente Juan Pablo Poletti a pronunciarse públicamente. El mandatario local confirmó que la Municipalidad inició una investigación sumaria interna. “No vamos a bajar ni el ritmo de investigación hasta descubrir qué pasó”, aseguró. Y prometió ir “hasta las últimas consecuencias”.
Según explicó, el sumario no está dirigido inicialmente contra una persona determinada, sino que pretende revisar integralmente el funcionamiento del área municipal involucrada y establecer si existieron fallas o responsabilidades.
Esa investigación administrativa será clave. Porque mientras la Justicia determina eventuales delitos, el Municipio tiene otra obligación: explicar cómo funcionaron sus propios mecanismos.
El Municipio admite que hay que revisar los controles
Las declaraciones de Poletti incorporaron además un reconocimiento político importante. El sistema de control necesita ser revisado.
El intendente confirmó reuniones con Auditoría Médica provincial, el área de Adultos Mayores y sectores municipales involucrados en la habilitación y fiscalización de residencias. La intención es avanzar hacia una mayor articulación.
Poletti reconoció que podían existir circuitos separados entre las habilitaciones municipales y la información manejada por organismos provinciales y planteó la necesidad de cruzar esos datos. Ese diagnóstico conduce inevitablemente a otra pregunta. Si ahora se considera necesario centralizar información y modificar protocolos, ¿qué falló hasta aquí?.
Las responsabilidades políticas también deberán explicarse
No toda responsabilidad política necesita convertirse en una responsabilidad penal para existir. Esa diferencia será fundamental a medida que avance el caso. La Justicia deberá establecer si hubo delitos y quiénes los cometieron.
Pero la administración Poletti deberá responder políticamente por el funcionamiento de las áreas encargadas de controlar establecimientos donde viven adultos mayores. Quién fiscalizaba. Con qué frecuencia. Qué información existía. Qué ocurrió después de las denuncias. Cómo se mantenían actualizados los registros. Qué comunicación existía con Provincia. Y, fundamentalmente, cómo pudo funcionar clandestinamente un lugar donde terminaron encontrándose siete adultos mayores en las condiciones que ahora investiga la Justicia.
Una causa que puede ser bastante más grande
El propio fiscal regional advirtió que todavía falta investigar. La Fiscalía está buscando testimonios de familiares, exempleados y personas que hayan tenido contacto con las residencias para determinar si existió una modalidad repetida. Nessier pidió expresamente que quienes posean información concreta se presenten ante el Ministerio Público de la Acusación.
El objetivo es transformar la enorme cantidad de versiones y testimonios que circulan públicamente en evidencia que pueda ser incorporada formalmente a un expediente judicial. Ese será el punto decisivo.
Porque Santa Fe enfrenta hoy una combinación explosiva: adultos mayores vulnerables, residencias clandestinas, registros cuestionados, antecedentes de clausuras, funcionarios señalados públicamente y una investigación penal cuyo alcance todavía no está determinado.
Poletti prometió llegar hasta las últimas consecuencias. Ahora deberá demostrarlo. Y hacerlo incluso si esas consecuencias terminan atravesando las puertas del propio Palacio Municipal.
Mientras tanto, Política de Santa Fe continúa investigando nueva información relacionada con el funcionamiento municipal y sus áreas de control, que será publicada una vez que pueda ser debidamente corroborada.
En una historia donde están en juego la integridad y hasta la vida de adultos mayores, las respuestas no pueden quedar reducidas a una discusión partidaria.
La pregunta que Santa Fe necesita responder es bastante más elemental y, al mismo tiempo, mucho más grave: quién debía cuidar y controlar a quienes tenían bajo su responsabilidad a algunas de las personas más vulnerables de la ciudad, y por qué ese sistema no evitó que se llegara hasta acá.
